Guerra colorada por la producción de azúcar en Bella Unión

«El Estado ha hecho mucho por Bella Unión», dijo el presidente Jorge Batlle cuando, de visita en Colonia, fue consultado sobre la marcha de los trabajadores cañeros a Montevideo. Batlle añadió algo más: dijo que los dos gobiernos anteriores habían subsidiado en forma millonaria a las empresas Trazen SA y a la multinacional inglesa «Man». Los dardos del presidente tenían un destinatario político claro, el Foro Batllista, y a uno de los hombres más allegados al ex presidente Sanguinetti, el abogado Elías Bluth.

En una larga explicación de la situación de Bella Unión, el presidente trató de zafar de la difícil situación en que se encuentra, entre los reclamos legítimos de los trabajadores de esa zona, y la presión de los empresarios que han dilapidado millones de dólares, contando con la certeza de que el Estado iba a salir en su socorro para no agravar la situación social en esa región.

Batlle se encuentra ahora en la encrucijada de dar respuesta a los empresarios, y hacer que se mantengan las fuentes de trabajo, o cortar de raíz una sangría de los recursos públicos por parte de empresarios que nunca atendieron las posibilidades de desarrollo de la región, y que apostaron a mantener subsidios eternos del gobierno. En cualquier opción, los que pagan las consecuencias, son los trabajadores.

Es que la situación en Bella Unión y el desastre de la reconversión de la producción azucarera es conocido desde hace tiempo.

En diciembre de 1998, el entonces secretario de la Presidencia, Elías Bluth, salió apresurado a la prensa, a asegurar que su labor como presidente de «Man-Uruguay» y como director de «Trazen SA» no era un ilícito, ni representaba una implicancia.

El 8 de ese mes, Samuel Blixen revelaba en el semanario «Manos», el monopolio privado del azúcar, y los contratos entre Calnu, Trazen y Man. En el mes de marzo de ese año, se habían renovado los convenios vigentes desde 1993 que representaban decenas de millones de dólares por año.

Apenas aprobada la llamada «reconversión» de la producción azucarera en el país, en el gobierno del doctor Luis A. Lacalle, Calnu, presidida entonces por José Enrique Santías, se comprometió a comprarle a la multinacional «Man», en exclusividad, el azúcar crudo que iba a refinar, al reducir la producción local de azúcar, derivada de la caña y la remolacha. Hasta entonces en Bella Unión se producían 57.000 toneladas de azúcar blanca de la caña, y otras 15.000 toneladas provenientes de la remolacha. Al año, esa producción bajó, en total, a 33.000 toneladas, y en los siguientes cuatro años se mantuvo en 20.000 toneladas, llegando después a bajar a 15.000 y menos. Lo que no se producía, era importado a través de Man, una multinacional inglesa que en Uruguay era encabezada por Elías Bluth.

De 1993 a 1998, Man le vendió a Calnu, 184.000 toneladas, cobrando altas tasas por fletes. El precio promedio pagado por el azúcar fue de 325 dólares la tonelada, cuando antes era de 170 dólares.

Pero el fabuloso negocio de Calnu estipulaba además que por cada tonelada le debía pagar a la multinacional «Man», 5 dólares «por honorarios», sin más explicaciones, desembolsando en cinco años, 1,4 millones de dólares. Este negocio era financiado con el mantenimiento del monopolio privado del azúcar, que pagaban todos los uruguayos a través del precio al consumidor. Consumidor que estaba limitado en la oferta.

Hasta 1992, los ingenios azucareros distribuían directamente su azúcar.

Después crearon la distribuidora «Trazen SA», de la que Calnu tenía un 66,6% de las acciones, y el resto Azucarlito y otras. En el convenio entre Calnu y Man, la azucarera de Bella Unión le entregaba el 34% de las acciones, y el directorio de Trazen, de cuatro miembros, pasaba a ser controlado por Man, con dos directores, uno de ellos, el presidente que contaba con doble voto.

Ya entonces, el ex presidente de Calnu, José E. Santías, estaba presidiendo Man, Bluth era el vicepresidente, y ambos ocupaban la presidencia y dirección de Trazen SA.

Pero, por otro extraño capítulo del convenio, Man tenía el privilegio de recibir directamente en sus arcas lo producido por la venta de la llamada «cuota americana» que Calnu manejaba.

Cuando EEUU estableció el embargo a Cuba, repartió la cuota de azúcar que la isla vendía a Estados Unidos entre varios países, y pagando un precio por encima del mercado, con el único objetivo de boicotear el mercado a los cubanos. El presidente Batlle se refirió también a esta situación, tanto cuando intervino en el congreso de la Federación Latinoamericana de Lechería, en Punta del Este, como al brindar una rueda de prensa, al inaugurar el Frigorífico Colonia, en Tarariras.

En marzo de 1998, los convenios entre Calnu y Man se prorrogaron, estando ya Bluth como secretario de la Presidencia, y pese a que Trazen, dirigida también por Bluth, le vendía el azúcar subsidiado a las instituciones del Estado. Desde entonces, cada año, se importa más crudo, a un precio mayor al del mercado, y se reducen las áreas de producción.

Mientras, las subsidiarias de Calnu, creadas para procesar producción alternativa, hortalizas congeladas por Green Frozen, riego a través de Calagua, y vitivinicultura por Covibusa, presentaban ya en 1998 pérdidas por más de 2 millones de dólares anuales.

Entonces, Calnu era presidida por Carlos Sosa Lugano, vinculado al Foro Batllista, al igual que su vicepresidente, Mario Ferreira, mientras que uno de sus directores integraba la lista a ediles del intendente Carlos Signorelli.

De allí que los insistentes descargos del presidente Batlle sobre la situación en Bella Unión, aunque no la nombra, tienen una dirección conocida. Quizás apunta a la misma dirección que el discurso de un mes atrás, cuando reclamó que no comenzara ya la campaña electoral. *