Gargano: Planteo de asociación de Ancap no sirve al interés nacional

Para el dirigente socialista «hay muchos tipos de asociación, pero la que propone el Directorio de Ancap es contraria al interés nacional».

Pero el legislador socialista no sólo abordó en la charla con LA REPUBLICA las propuestas oficiales sobre el futuro de la empresa pública, sino también los problemas de gestión ocurridos en ella.

«Ancap todavía no contestó una serie de interrogantes planteadas por el Tribunal de Cuentas en torno a su balance correspondiente al año 2000, vinculadas con los negocios en la Argentina que, de acuerdo a algunas estimaciones, determinarían una pérdida de alrededor a los 100 millones de dólares», sostuvo.

Así dijo que las pérdidas de la empresa Ansol, que fuera creada por Ancap para comprar a la empresa Solpetróleo (cuyas acciones pagó a un precio mayor que su paralela cotización en bolsa), fueron «un negocio ruinoso, ya que además Ancap, posiblemente, deberá absorber con su patrimonio reclamaciones realizadas contra Solpetróleo por la DGI argentina, debido a gravámenes no pagados y reclamos de los trabajadores de la misma, obligaciones que fueron trasladadas a Ansol, por ser la adquirente de todo ese ‘paquete'».

«Para esa compra  añadió Gargano  Ancap no tuvo en cuenta los precios relativos en los distintos países (recuérdese que Argentina es productor de petróleo), ni la solicitud de reciprocidad, condición elemental para permitir trasladar parte de la producción uruguaya a un país vecino».

Asimismo, el dirigente socialista dijo saber que el Tribunal de Cuentas (TC) está altamente preocupado por esas operaciones de Ancap en la Argentina. «Allí posee otra empresa, Petrouruguay, que continuamente es financiada por Ancap. Hubo un último préstamo de más de 20 millones de dólares, que luego fue caracterizado como una inversión del ente, para que no figurara en los respectivos balances como pérdida.

La empresa Petrouruguay realiza prospección petrolífera pero, hasta el momento, los resultados de su gestión no han determinado ningún tipo de beneficio para Ancap, pese a ser una empresa colateral cuyo costo operativo es altamente gravoso», comentó.

De acuerdo a la información que maneja el senador, el TC ha solicitado una ampliación de la información contenida en el balance correspondiente al año 2000 de Ancap, la que todavía no fue respondida. Por lo demás, precisó, «se conocen otras irregularidades, como el nombramiento del ‘brocker’ que actuaría en todo el ‘negocio’.

En lugar de llamar a licitación, tal como lo marca el Tocaf, se resolvió contratar directamente a la empresa Citibank-Salomón Brother, extremo que fue observado por el Tribunal de Cuentas. Posteriormente Ancap, presionando desde el punto de vista político, pudo modificar esa observación que era el resultado de una clara violación del Tocaf».

 

Los deberes del FMI

«Ancap factura anualmente alrededor de 1.000 millones de dólares por sus actividades de compra de petróleo, su refinación y su venta en el mercado interno», recordó Gargano. También, añadió, recauda cientos de millones de dólares para el Tesoro Nacional, dado que los combustibles que vende tienen casi un 50 por ciento de impuestos. De ahí que «si bien los precios de los combustibles no son bajos en el Uruguay, ello ocurre por el peso que tienen en los mismos las imposiciones realizadas por el gobierno que, de reducirse, harían que los mismos fueran competitivos con los que se venden en la zona».

Por otro lado, «el proyecto oficial sobre la venta del 49 por ciento de las acciones de Ancap a un socio privado significan lisa y llanamente una enajenación del patrimonio nacional a favor del capital financiero. Según esa iniciativa deberán caer los monopolios de la refinación y de la importación de petróleo. El monopolio de la venta en el mercado interno se mantendrá por unos años, pero por la vía de los hechos pasará a ser también de la nueva empresa que, según el proyecto oficial, se asociaría con Ancap luego de un remate (o venta) del 49 por ciento de las acciones del organismo».

De acuerdo al «borrador» presentado por el Directorio de Ancap –recordó Gargano–, el «socio» tendrá la dirección operativa de la nueva empresa. «Por supuesto, tal como los precedentes estudiados de otras privatizaciones en el continente, no es para nada factible una reducción de precios, pues las empresas –concretamente las argentinas que se dividieron YPF– tendieron de inmediato a crear ‘cárteles’. La nueva empresa que se crearía en Uruguay, de aprobarse las ‘ideas’ del gobierno, tendría que servir al monopolizado mercado interno que, en lugar de ser manejado por una empresa pública, lo sería por él ‘socio’ privado». Por consiguiente, según Gargano, y por los «irregulares y ruinosos negocios que Ancap ha realizado en Argentina, por el deficiente proyecto de asociación con privados, es que se debe estudiar el tema a fondo, presentándose un proyecto adecuado a las necesidades nacionales que, por lo demás en este caso, tienen carácter estratégico.

Existen formas y formas de acuerdos: asociaciones entre empresas sin venta de patrimonio, con o sin caída de los monopolios, modernizando a Ancap sin que nos lancemos al mar sobre la base de presiones presuntamente reformistas del Fondo Monetario Internacional, que aplica su receta de pasar al capital financiero internacional el patrimonio estatal de los países, receta que obviamente no aplica para los propios EEUU, en donde el gobierno de Bush acaba de ‘reestatizar’ los controles de los aeropuertos». *