Diferendo entre Tribunal de Cuentas y Corporación para el Desarrollo lleva diez años

De Brum concurrió el pasado 14 de noviembre ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Representantes en el marco del análisis de las mega concesiones de los peajes.

Durante la reunión, el diputado por Alianza Progresista Víctor Rossi se refirió a los controles que realiza el TCR sobre la Corporación para el Desarrollo. En ese sentido, De Brum reconoció –según consta en la versión taquigráfica a la cual accedió LA REPUBLICA— que «hay un diferendo entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Tribunal de Cuentas de la República, que tiene más o menos diez años, o sea que se suscitó en ocasión del balance de los estados contables de la Corporación del año 1990″. Agregó que esta situación tuvo su origen en «cierta indefinición que el marco jurídico existente planteaba sobre la tarea del TCR con respecto a la supervisión de la información de los estados contables de la CND en particular, y de las personas públicas no estatales, en general».

El jerarca recordó que la ley de creación de la CND y las normas más generales establecidas en el Tocaf con referencia a las personas públicas no estatales –entre las cuales estaría incluida la Corporación Nacional para el Desarrollo–, establecen «claramente que este tipo de instituciones están sujetas a una auditoría externa de sus estados contables, lo cual sistemáticamente ha sido cumplido por la Corporación, y a una participación del Tribunal de Cuentas». Según la ley de creación de la Corporación, sus estados contables son «visados por el Tribunal de Cuentas, lo cual fue una expresión infeliz de la ley porque la actividad de ‘visar’ no está recogida ni definida adecuadamente dentro de la profesión contable como una de las tareas del contador», indicó De Brum.

Asimismo, señaló que el artículo 138 del Tocaf establece la obligación de las personas públicas no estatales de rendir cuentas al Tribunal y que «efectivamente», esa rendición se hace.

Si bien la CND presenta al órgano de contralor sus estados contables auditados con toda la información que éste le solicita, el problema se suscita «en cuanto a qué debe hacer el Tribunal de Cuentas con esa información». Según De Brum, «la ley prevé que el Tribunal pueda hacer objeciones a esa información y lo que éste ha sostenido tradicionalmente, y tiene su parte de razón en ese sentido, es que para poder hacer o no esas objeciones tiene que realizar tareas propias de una auditoría».

El jerarca de la CND relató que «anualmente» se envía al Tribunal de Cuentas los estados contables auditados, el que los recibe y remite una nota a la Corporación designando a un técnico que se encargará de hacer la auditoría de la CND. Sin embargo, la Corporación no permite realizar al técnico del TCR la auditoría. «Esta es la historia que se repite año tras año entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Tribunal de Cuentas. Pero, personalmente, toda esta historia me parecía absurda, señaló.

Principio de acuerdo

Más adelante indicó que la ley estableció «claramente» que el informe de auditoría de los estados contables es función de una auditoría externa; «ése es el cometido que se le solicita».

«Pero si voy a tener una auditoría del Tribunal de Cuentas, ¿para qué pagar a un tercero para que me audite los estados contables?

Para eso, directamente solicito al Tribunal de Cuentas que los audite y me ahorro el costo de una auditoría externa», señaló.

Añadió que la ley «claramente exige esa auditoría externa» y, por lo tanto la tiene que solicitar. «Pero no dice que el Tribunal de Cuentas tenga que hacer esa auditoría, no se establece claramente qué es lo que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas o qué características debe tener su informe».

El jerarca planteó al organismo de contralor que concurriera a la CND a realizar «todas las tareas que quisiera», pero que las mismas «no podrían terminar en un informe de auditoría». «Si está todo bien, que simplemente digan que no hubo nada que objetar, y si hay algo que objetar que planteen esas objeciones, pero no reflejadas en un estado de auditoría», añadió De Brum. En ese sentido, las partes acordaron que en oportunidad del próximo balance de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que corresponde al cierre del Ejercicio 2001, trabajarán juntos la auditoría del Tribunal de Cuentas y la auditoría externa. *