Reaforos polémicos: clima de confusión domina Canelones

El clima de confusión instalado en Canelones tras la sesión legislativa del pasado martes continuaba dominando ayer el ambiente político del departamento. Durante la pasada jornada, el ejecutivo municipal volvió a desestimar la resolución de la Cámara de Representantes, que con los votos frentistas, blancos y del Nuevo Espacio hizo lugar a la impugnación promovida por alrededor de cinco mil vecinos de Ciudad de la Costa contra los aumentos de contribución inmobiliaria, derivados de los reaforos efectuados por la Dirección Nacional de Catastro.

Ese día, el diputado de la Vertiente Artiguista (VA) José Bayardi reveló que el decreto 21 de la Junta Departamental, el cual consagró el presupuesto municipal, era «falso», dado que «nunca» había pasado por el deliberativo comunal. Esto determinó que el Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA) resolviera presentar una denuncia penal contra el ex presidente de la junta, Julio Musetti, la secretaria general de dicho organismo, Daniella Olivar, y la escribana Susana Cabrera, responsables de la firma de ese decreto.

Hoy viernes, este caso será analizado por la Junta Departamental de Canelones. Fuentes políticas dijeron que tanto el Foro Batllista como la coalición de izquierda impulsaron que la polémica desatada en el Parlamento por Bayardi ingrese al orden del día de la sesión ordinaria de la presente jornada.

Anoche, la bancada de ediles del EP-FA valoró la posibilidad de, en forma paralela a la denuncia penal, impulsar un juicio político contra Musetti –uno de los principales operadores políticos del Foro Batllista en Canelones– y solicitar la renuncia de Olivar, hija del ex diputado colorado Julio Olivar Cabrera. Por su parte, los involucrados han asegurado que el decreto 21 es una síntesis de otros decretos votados por el legislativo, sosteniendo que tal práctica está reglamentada en distintas normas departamentales y nacionales.

 

«Nada ha cambiado»

En el marco de este enfrentamiento, el nuevo director general de Hacienda de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) y ex subsecretario del Ministerio del Interior, Daniel Lamela, hizo pública la postura del gobierno canario sobre este tema. Por su parte, el intendente Tabaré Hackenbruch, quien ayer participó en la firma de un convenio con Presidencia de la República para la regularización de dos asentamientos, evitó realizar declaraciones a los medios de prensa.

«Debemos dejar bien claro que los reaforos no están en juego», indicó Lamela, remarcando que tales revalorizaciones «no son realizadas por la IMC», sino que son llevadas a cabo por la Dirección de Catastro «en forma coordinada» con la comuna. «La gente está confundida, pregunta si los reaforos cayeron, y ese tema no está en juego», insistió.

Señaló que el ejecutivo municipal tomó conocimiento de la aprobación de los recursos en el Parlamento «a través de la prensa», y subrayó que hasta la tarde de la víspera aún no había llegado una «comunicación oficial» desde la Cámara de Representantes. Hasta que ese hecho no se produzca, comentó, la administración que encabeza Tabaré Hackenbruch no tomará una posición sobre la decisión legislativa.

Lamela manifestó que antes de tomar una decisión, la IMC analizará los alcances jurídicos y las repercusiones «económicas y financieras» de la impugnación votada en Diputados. Si bien prometió que «se respetará el ordenamiento jurídico nacional», rechazó pronunciarse sobre los alcances de la resolución parlamentaria e insistió en la vigencia de los aumentos de contribución inmobiliaria, que a partir del próximo año se extenderán al resto de la Costa de Oro.

El director de Hacienda dijo además que la Intendencia no ingresará en el «inconducente debate» sobre la legalidad del cuestionado decreto 21 de la Junta Departamental, norma considerada como «fundamental» para continuar aplicando las revalorizaciones de predios.

 

«No hay contribución»

Mientras tanto, en la noche del pasado miércoles el movimiento vecinal de Ciudad de la Costa que impulsó los recursos contra los reaforos efectuó una reunión, en la que analizó la situación creada tras la sesión de la Cámara de Representantes. En ese ámbito se fijó para mañana sábado la realización de una concentración en la feria de Lagomar, donde los vecinos de la costa canaria evaluarán públicamente la actitud del ejecutivo municipal

La vocera de ese grupo, Pilar Carracedo, manifestó que la aprobación de las impugnaciones «cayó muy bien» en la zona costera, en tanto que «causó una gran sorpresa saber que el decreto 21 es un fraude». En ese sentido, señaló que la organización de vecinos está recabando información sobre ese asunto, e informó que si el EP-FA no formaliza la denuncia penal, «nosotros la llevaremos hasta las últimas consecuencias». *