Jerarca de Maldonado: "Fascistas"

José Luis Rapetti, Director de Asesoría Jurídica Notarial de la Intendencia de Maldonado, calificó ayer de «fascistas» los controles que comenzó a realizar la Intendencia de Montevideo sobre vehículos empadronados en otros departamentos.

Rapetti anunció que el intendente Enrique Antía realizará un planteo en el Congreso Nacional de Intendentes y se descuenta que la Junta Departamental, en principio con votos blancos y colorados, expresará sus críticas y emitirá una declaración al respecto.

El jerarca de Maldonado sostuvo en Radio Maldonado que «la patente no es un impuesto para mantener el pavimento, en ese caso Montevideo podría tener calles de oro, sino que es un impuesto a la propiedad».

Ayer a la tarde la Comuna emitió un comunicado público, estableciendo que «los documentos del vehículo no se pueden retener porque así fue establecido en la última ley presupuestal nacional; en tanto el único documento válido para demostrar el lugar dónde se vive es el certificado de residencia que emite el Ministerio del Interior».

El comunicado sostiene que «no existe ninguna norma legal que establezca un lugar primario o secundario de residencia» y asegura que «la Intendencia de Maldonado ejercerá todas las acciones legales a su alcance para proteger a sus contribuyentes».

En los últimos dos años Maldonado dejó de percibir la patente de algo más de cinco mil vehículos, después que Montevideo estableciera facilidades para reempadronar.

Sin embargo, hubo diferencias notorias a la hora de adjudicar responsabilidades. Mientras el Intendente Antía dijo a FM Gente que le llamaba la atención «que esta medida comenzara a aplicarse justo cuando (Mariano) Arana se encuentra de viaje», Rapetti aseguró a Radio Maldonado que esto «no podía hacerse sin conocimiento del intendente capitalino».

 

Más críticas

Paralelamente, el diputado nacionalista por Maldonado Ambrosio Rodríguez, se sumó a las críticas contra la intendencia capitalina. En una declaración, rechazó los «procedimientos totalitarios» de fiscalización y acusó a la administración Arana por su «afán fiscalista». Rodríguez se dirigió por escrito al Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez, a quien solicitó su intervención «para impedir la vulneración de los derechos individuales» y que investigue la eventual comisión de delitos «contra la libertad de las personas». Con el mismo propósito se dirigió al ministro del Interior Guillermo Stirling. *