Director Martín reclamó a propietarios reempadronar "sin esperar a ser detenidos"

IMM "desbordada" por respuesta de la gente ante fiscalización vehicular

El director de Tránsito del municipio, Felipe Martín, dijo a LA REPUBLICA que «la respuesta de la gente ha desbordado nuestras expectativas».

El Servicio de Vigilancia estuvo colmado ayer pese al paro que los funcionarios hicieron hasta las 14 horas para acompañar la marcha de los municipales de Rocha. Los que no pueden hacer el trámite en el momento quedan agendados para ser atendidos antes del 30 de noviembre, fecha límite para el reempadronamiento.

En el primer día de profundización de la fiscalización fueron reempadronados en Montevideo 180 vehículos y 422 quedaron agendados para el cambio de patente.

Al ser detenidos por los inspectores municipales, los propietarios que efectivamente viven en el Interior tienen la opción de presentar la libreta de propiedad del vehículo, credencial cívica, título de propiedad o certificado notarial asegurando su lugar de residencia.

En caso de no tenerlos, cuentan con un plazo de quince días para concurrir a la IMM para demostrar su residencia. Si la situación no es regularizada en ese plazo, se aplica una multa equivalente al cien por ciento de la patente.

Esperas de hasta dos horas, solicitud de documentos adicionales a los dados a conocer por los medios y la entrega de un certificado de residencia que no puede ser colocado en un lugar visible son algunas de las quejas comunes a quienes deben hacer el trámite. Los usuarios se quejan de las largas colas en el Servicio de Vigilancia y agregan que una vez obtenido el certificado de residencia, igual pueden ser detenidos innumerable cantidad de veces porque no se trata de un sticker para el parabrisas sino de un papel que deben portar consigo para evitar una nueva concurrencia a la IMM.

Martín explicó que quienes regularizan su situación «son sacados de la agenda del Servicio de Vigilancia, por lo que no se los detiene nuevamente». Agregó que la identificación que entrega la IMM «puede ser colocada en el tablero del vehículo e incluso se puede plastificar».

El jerarca considera que la atención «es ágil» pero «algunas personas no tienen claro los papeles que deben presentar. Cada uno plantea una situación distinta, hay que buscarles alternativas y a veces eso demora. Todo es mejorable pero lo que la gente tiene que hacer es concurrir a reempadronar sin esperar a ser detenido».

 

Dispuestos a seguir

Los controles comenzaron en junio y se incrementaron hace dos días como consecuencia de la disminución en la cantidad de contribuyentes que se acercan a la IMM para patentar sus vehículos. Martín dijo a LA REPUBLICA que «algunos vehículos se fueron de Montevideo porque en el Interior hay patentes más baratas y ahora están volviendo». El jerarca indicó que la fiscalización intensa se extenderá hasta el 30 de noviembre pero aclaró que «si hay necesidad de extenderla, lo vamos a hacer». Desde su punto de vista, «nadie puede molestarse por un acuerdo alcanzado por el Congreso de Intendentes».

 

Decisión del Congreso

La medida aplicada en Montevideo se limita a efectivizar una resolución adoptada el 27 de noviembre del año pasado por el Congreso de Intendentes autorizando a los jefes comunales a «ejercer potestad sancionatoria» sobre los vehículos patentados en departamentos diferentes al lugar de residencia del propietario. Antes de llegar a dicho acuerdo, el propio Arana propuso al Congreso que también fuera aceptado el lugar de trabajo del propietario como forma de flexibilizar el lugar de registro. Ese punto fue rechazado a instancias del intendente de Canelones, Tabaré Hackenbruch, ya que su departamento funciona como «dormitorio» para mucha gente que trabaja en Montevideo, por lo que la flexibilización le resultaba inconveniente. Arana aceptó la propuesta votada por la mayoría aclarando que era «rígida». El artículo sexto de la resolución del Congreso establece textualmente: «Las Intendencias podrán ejercer su potestad sancionatoria con relación a aquellos vehículos de los que sean propietarios o promitentes compradores, personas físicas o jurídicas que tengan domicilio en lugar diferente al del empadronamiento o reempadronamiento de los mismos. Se entiende por domicilio el aprobado por el Congreso de Intendentes el 17 de junio de 1992 (domicilio de acuerdo a lo establecido en el Código Civil o en el lugar donde ejerza actividad empresarial). Se acuerda aplicar una multa de hasta el equivalente al monto del valor de la patente que corresponda». El 30 de abril de este año, el intendente resolvió hacer cumplir la decisión del Congreso. *

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