Ediles blancos y colorados pedirán estudio de la legalidad del costo de las matrículas

Los ediles blancos y colorados solicitarán hoy al Tribunal de Cuentas que analice la legalidad del cobro de 700 pesos por matrícula, efectuado por la Intendencia de Montevideo (IMM), alcanzando una cifra superior a los cinco millones de dólares.

Las firmas serán reunidas a instancias del curul forista César García Acosta, quien considera que ese monto fue recaudado por la administración «en forma ilegítima». El objetivo del curul es entablar una acción de inconstitucionalidad contra la comuna para exigir la devolución del monto cobrado.

García no está conforme con las aclaraciones efectuadas por el director de Recursos Financieros de la comuna, Alfredo Asti, en la Comisión de Hacienda y Cuentas de la Junta Departamental. Para el edil, «no se trata de una tasa porque la IMM no está cobrando sólo lo que gastó por la adquisición de las chapas de matrículas, la confección de la libreta –que es un carné plástico– o el traslado por correo de esos documentos al contribuyente, sino que adicionó conceptos como «gastos operativos».

Asti reconoce que en esa cifra se incluye el costo de la compra del edificio de la calle Pedernal, donde la IMM instaló el Servicio de Contralor de Vehículos para realizar las inspecciones, procesar las chapas y realizar los empadronamientos.

García cree que la inversión de 4,5 millones de dólares para la compra del edificio «escapa al concepto jurídico de tasa y transforma este cobro en un impuesto. De ajustarse a la realidad estos hechos que están consignados en actas de la Comisión de Hacienda debe procederse a someter toda esta información al Tribunal de Cuentas, para que juzgue la procedencia de este impuesto bajo la forma de tasa. Este es un proceder fiscal ilegítimo y arbitrario». *