Reaforos desatan nueva batalla política y jurídica en Canelones

Ayer, el diputado Tabaré Hackenbruch restó validez a lo votado y sostuvo que la Intendencia continuará aplicando los aumentos de Contribución. El Encuentro Progresista y el Partido Nacional acusaron al ejecutivo de basarse en un «decreto falso» y advirtieron que los «reaforos cayeron».

El pasado martes, la Cámara de Representantes respaldó la impugnación contra las revalorizaciones de predios en Ciudad de la Costa, promovida por el movimiento de vecinos de esa zona. Además, el órgano aprobó el recurso que las bancadas de ediles frenteamplistas, blancos y de la Lista 321 del Partido Colorado presentaron contra las potestades cedidas por el legislativo comunal al ejecutivo de Canelones y la aprobación de una partida de 45 millones de pesos por año para los cargos de mayor confianza.

Sin embargo, el Foro Batllista y el gobierno de Canelones salieron ayer al cruce de los cánticos de victoria dados por los vecinos costeros al término de la reunión legislativa. «Los recursos estaban mal presentados», reiteró ayer a LA REPUBLICA el diputado Hackenbruch Legnani, quien señaló que el decreto que aprueba el presupuesto municipal, cuya legalidad fue cuestionada por el Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA), «está vigente, salvo que la Suprema Corte de Justicia diga lo contrario».

El legislador sostuvo que la votación parlamentaria del pasado martes «no incide en nada» y remarcó que los aumentos de contribución inmobiliaria en Ciudad de la Costa, generadores de la polémica, se mantendrán «como estaban anteayer», en tanto que el convenio con la Dirección Nacional de Catastro para la revalorización del resto del departamento seguirá en pie. Todo esto, dijo Hackenbruch, se debe a que el decreto 21/001 de la Junta Departamental no fue impugnado.

En ese sentido, el Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA) de Canelones anunció que presentará una denuncia penal contra el ex presidente de la Junta Departamental, Julio Musetti, la secretaria general de dicho organismo, Daniella Olivar, y la escribana Susana Cabrera, por la elaboración del citado decreto, que, a criterio de la coalición de izquierda, «carece de legalidad», pues no fue votado por el legislativo comunal.

«El cuestionamiento que realizan no tiene fundamentos», afirmó ayer Musetti, quien agregó que la mesa del órgano legislativo que aprobó el polémico decreto 21 amparó su actuación en distintos artículos del reglamento interno de la Junta y de diversas ordenanzas del Tribunal de Cuentas de la República.

«Actuamos de acuerdo al derecho», afirmó el edil, y explicó que al aprobar la cuestionada norma, la presidencia del legislativo canario se limitó a recoger los decretos 17 y 20, votados por la Junta para la entrada en vigencia del presupuesto. Por su parte, la abogada Daniella Olivar defendió ayer su actuación a través de Radio Cristal, perteneciente a su padre, el ex diputado colorado Julio Olivar Cabrera.

«Juicio político»

Desde la oposición, el EP-FA y el Partido Nacional salieron al cruce de la postura asumida por el Foro y advirtieron sobre la ilegalidad del decreto en el que se ampara el ejecutivo departamental. En esa línea, el diputado de Asamblea Uruguay (AU) por Canelones, José Carlos Mahía, afirmó que este departamento «no tiene solamente un caos de gobierno, sino también un caos administrativo por exclusiva responsabilidad del gobierno municipal de Canelones, que ha promulgado un decreto inexistente o falso».

Dijo que los recursos «fueron bien presentados, tanto por los ediles como por los vecinos, por lo que si el intendente pretende llevar adelante el aforo contenido en el decreto falso, los cobros serán inconstitucionales y se puede ver expuesto a un juicio político». «Esperemos que la cordura llegue al gobierno de Canelones», subrayó.

Mahía indicó que «es increíble que se pretenda sostener algo que nunca fue votado en la Junta Departamental. Esto es un escándalo político que trasciende los descomunales aumentos tributarios». Agregó que el EP-FA «está en sesión permanente, y el próximo viernes se hará oír en la Junta Departamental».

«Cayeron»

«Los reaforos cayeron», dijo por su parte el diputado nacionalista Luis Alberto Lacalle Pou. El parlamentario rechazó los argumentos esgrimidos por el oficialismo canario y remarcó: «Cada uno sabe lo que debe hacer con respecto a la ley y el derecho». A su juicio, «no se puede aplicar más el aforo de Catastro en ninguna parte del departamento», en tanto que la Junta Departamental debe aprobar una nueva norma.

Lacalle afirmó: «Aún hay que establecer si existe el decreto 21/001″, en el que la Intendencia canaria se basa para continuar aplicando los aumentos de Contribución Inmobiliaria. Destacó que hasta el momento «no hay ninguna prueba que establezca que ese decreto exista, así que se trataría de un documento público falso». En este caso, sostuvo, «la Justicia tendría que actuar de oficio». Dijo además que el decreto 20/001, a través del cual quedó vigente el presupuesto municipal, «nunca fue publicado en el Diario Oficial», por lo que alertó que Canelones «podría no tener presupuesto», dado que ninguna norma legal lo habría convalidado. *