Blancos redactaron nueva declaración de principios: la analizan el domingo

El texto final común, elaborado por una comisión redactora, será presentado el domingo a la Comisión Delegada de la Convención Nacional –un órgano asesor creado por la nueva Carta Orgánica, integrado por 50 convencionales– para su consideración. Se aguarda que el documento sea aprobado ese día para someterlo después a consideración de una Convención extraordinaria que se reuniría antes de fin de año. El doctor Juan Andrés Ramírez, líder de Desafío Nacional, fue el principal impulsor en 1999 de la necesidad de una discusión ideológica a fondo dentro del Partido Nacional. El reclamo fue recibido inicialmente con frialdad por algunos dirigentes. Dos años después, pese a las resistencias internas, la propuesta prosperó y desde la máxima autoridad partidaria fueron convocados los distintos sectores a exponer sus propuestas sobre el tema. En dos meses, la comisión culminó la redacción del borrador que será analizado el fin de semana.

 

El documento

 

El documento de seis carillas, titulado «Declaración de principios-2001″, incluye una reseña histórica de la participación del Partido Nacional en la vida política del país desde su fundación, hace 165 años. Las referencias abarcan los conceptos de «gobernabilidad y coalición» operados desde 1985 a instancias de Wilson Ferreira Aldunate.

Como principios fundamentales de su acción política se mencionan la libertad y la solidaridad. En este sentido, el Partido Nacional «aboga por un liberalismo igualitario y solidario, que elimine las diferencias entre los individuos derivadas de los orígenes sociales y su condición económica» y agrega que el Estado «debe procurar y promover la igualdad de oportunidades». Otra «meta social básica» es «la justicia entendida como la igualdad de oportunidades de acceso a los bienes espirituales y materiales de esta época».

Esta «igualdad» debe ser «efectiva» mediante «un sostenido esfuerzo público y comunitario especialmente en favor de aquellos sectores más vulnerables y excluidos. No son admisibles las diferencias sociales y económicas entre las personas que no tengan causa y sustento en su esfuerzo personal».

El documento reafirma la «vocación americanista» y de integración regional latinoamericana, y la defensa de la soberanía nacional, y rechaza el «uso ilegítimo de la fuerza, histórica bandera de nuestro partido». Como último punto el documento también promueve «la lucha por los derechos humanos» que «ha sido y seguirá siendo uno de los objetivos consustanciales de nuestra lucha política. El Partido Nacional continuará reafirmando los valores de solidaridad, convivencia familiar, respeto por todas las ideas y la concepción integral de la persona humana».

Para el Partido Nacional, la defensa del régimen democrático republicano de gobierno y la adhesión a la legalidad forman parte de su compromiso. En ese marco, consideran que se debe «amparar a los sectores más vulnerables de la sociedad contra la exclusión y los efectos adversos del funcionamiento de los mecanismos de mercado», proteger el medio ambiente, definir las áreas estratégicas para el Estado, respaldar la producción nacional, incentivar los emprendimientos tecnológicos y científicos, evitar los monopolios y garantizar a la población el acceso a la educación, salud, seguridad y justicia.

 

Honradez administrativa

 

En materia de estrategia de gobierno el documento concibe a la comunidad nacional como una unidad «sin falsas oposiciones», y agrega que la sociedad uruguaya «se ha visto sometida en el pasado a inútiles enfrentamientos entre sectores que sólo han servido para frustrar el progreso de la Nación». «El Partido Nacional, que no es expresión de ningún interés sectorial o particular, impulsará la formación de gobiernos que representen la unidad fundamental de la nación». A su entender, los impuestos deben ser distribuidos «de acuerdo con la capacidad contributiva de los individuos» y el gasto público «debe distribuirse de modo de equilibrar las diferencias económicas, culturales, sociales y familiares de origen».

Los gobiernos departamentales y locales «deben asumir progresivamente mayores ámbitos de actividad, mediante la transferencia de responsabilidades y recursos desde el gobierno central, de manera de garantizar una efectiva descentralización».

Se agrega que tanto los gobiernos departamentales y locales como el gobierno nacional administren los recursos y erogaciones «con eficiencia y responsabilidad» y «de acuerdo a las posibilidades financieras».

«El Partido Nacional velará por que todos los ciudadanos llamados al servicio público o comunitario actúen con la mayor honestidad y honradez administrativa, de acuerdo a sus más viejas y queridas tradiciones. Por lo tanto, se establecerá un marco normativo apropiado para asegurar esa pauta de conducta, así como los procedimientos sancionatorios correspondientes».

En materia de política social y laboral establece una serie de directrices en este sentido, apuntando sobre todo «a la promoción e inclusión de los sectores más desvalidos de la sociedad».

Un sistema educativo amplio, con becas y ayudas sociales, es uno de los pilares del proyecto blanco, que también tiene como objetivo el respeto a los derechos sindicales y de huelga, adoptando medidas para alcanzar «el pleno empleo» y desarrollando acciones de protección a la niñez y a los adultos mayores. El documento nacionalista asegura que en un gobierno blanco «se impulsará la erradicación de los vestigios de desigualdad de género que persistan en los diferentes ámbitos, especialmente el laboral», y fomentará el acceso a una vivienda decorosa. *