Según el FA, la "derecha" maneja el Estado con una "lógica empresarial"

Entre los informes que la Mesa Política del FA recibió el lunes pasado, por parte de la Comisión Integrada de Programa, figuró una definición del tipo de Estado que la izquierda se plantea.

El texto rechaza la dicotomía Estado-Mercado, la que sostiene es propia del pensamiento conservador, para reivindicar el «papel articulador» del Estado y su responsabilidad en las políticas sociales y defensa de las grandes mayorías.

Bajo el título de «Marco General», el documento dice: «Proponemos una reforma del Estado a través de un programa modernizador de signo progresista y de cambios.

Los derechos sociales y económicos de la gente y el necesario desarrollo integral para su plena realización requieren de la intervención pública de la economía para garantizar su vigencia. La naturaleza, el rol y la gestión del Estado adquiere verdadero sentido en relación a los objetivos perseguidos para una sociedad y por extensión para su modelo económico en un momento determinado.

Debemos transformarlo en una poderosa palanca de la acción social colectiva, con una obligación ineludible e irrenunciable de promotor del desarrollo nacional, a la vez que creador de condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. Asumimos el desafío de reformar el Estado, tanto por compromiso ético como por nuestra convicción en la importancia de su rol como palanca y parte indisoluble de los cambios progresistas».

De acuerdo a los economistas frenteamplistas, la reforma del Estado no supone la reducción genérica de su tamaño, sino que debe orientarse a su democratización, «al compromiso con los más desposeídos y al saneamiento de toda forma de corrupción, a un nuevo modelo de relacionamiento entre el sector público y la sociedad civil, entre el sector público y los sectores económicos, sin abandonar el rol regulador del Estado y entre el funcionario público y el ciudadano».

Funcionarios y usuarios en la gestión

Respecto a las áreas de intervención del Estado, el texto recuerda que el nuevo modelo de la derecha trasciende la discusión filosófica acerca del Estado «para apoyarse en un paradigma claramente económico, es decir, el papel del mercado como regulador de la economía y la actividad de las empresas, como los genuinos agentes para la toma de decisiones y asignación de recursos sociales. La ideología actual de la derecha se transforma en una ideología con una lógica claramente empresarial, en la cual los principios de toda acción son sólo la búsqueda de la rentabilidad económica. Al mismo tiempo, condiciona la acción política a una dependencia cada vez mayor de las recetas de los organismos multilaterales de crédito».

En otra línea de razonamiento, los economistas del FA entienden que el Estado como actor articulador «refuta la contradicción Estado   Mercado en la que cae el pensamiento conservador. En nuestro proyecto propugnamos un mejor Estado y un mejor Mercado.

Por cierto, estos conceptos muy sintetizados, no agotan la necesidad de abordar esa relación en un contexto histórico de avance de las grandes empresas transnacionales muchas veces opuestas a los intereses de nuestros países. Creemos en la necesaria y decidida acción de las políticas públicas en la defensa de los intereses nacionales y de las grandes mayorías». Por tanto, «el Estado debe ser eficaz (desarrollar tareas que satisfagan necesidades de la sociedad) y eficiente (optimizar el uso de sus recursos). Para ello debe ser administrado con mayor profesionalismo, desterrando toda forma de clientelismo y cuotificación política».

Más adelante, el documento se pronuncia a favor de la participación de funcionarios y usuarios «en el proceso de toma decisiones».

Respecto al futuro de las empresas públicas, el texto señala su acuerdo con eventuales asociaciones «a la luz de principios rectores irrenunciables: preservar y acrecentar la larga e importante acumulación de capital en empresas de servicios públicos, que constituye un patrimonio social a valorizar; el capital privado no sustituye al público, sino que se suma a éste en planes estratégicos de expansión cuantitativa y cualitativa; asegurar el control social y la gestión; los organismos reguladores estatales de integración técnica deben asegurar los objetivos nacionales y los criterios de transparencia, eficacia y eficiencia y contar con el marco legal previo; preservar los derechos adquiridos de los trabajadores; aprobación parlamentaria». *