Cárceles: otra asignatura pendiente

Cada vez con mayor frecuencia, el tema de las condiciones de reclusión resurge por entre las rendijas del tabique con que la mala conciencia de la sociedad pretende ocultarlo.

Entre los problemas que padece el sistema carcelario, destaca con particular vigor el de la superpoblación de los establecimientos de reclusión. No se trata solamente del crecimiento vegetativo de la población –a pesar de la terrible ola emigratoria que desde hace años se verifica–, sino de que paralelamente se ha producido un inocultable incremento de la actividad delictiva como consecuencia de la crisis económica que sufre el país.

Ayer LA REPUBLICA informó sobre la comparecencia ante el Parlamento del director de Cárceles, inspector principal (r) Carlos De Avila, circunstancia en que el jerarca desnudó una realidad que torna imposible cualquier intento de recuperación de los infractores. De acuerdo con los datos aportados en la ocasión, se registra un aumento exponencial de la población carcelaria que convierte a las cárceles en lugares de hacinamiento, reñidos con preceptos constitucionales y con las buenas intenciones de profilaxis del delito. El mero hecho de que en una celda prevista para un máximo de tres individuos se aloje a siete u ocho es ya de por sí elocuente respecto de la desvirtuación del objetivo que teóricamente persigue la reclusión.

El artículo 26 de nuestra Constitución –el mismo que proscribe la pena de muerte– señala textualmente: «En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito». ¿Puede razonablemente esperarse que en condiciones como las denunciadas pueda lograrse una reeducación?

Esa suerte de concentración de personas en un reducido espacio físico conspira no solamente contra el bienestar material de los reclusos y contra mínimas condiciones de higiene, sino fundamentalmente contra la salud mental de los mismos. ¿No es acaso una mortificación para cualquier ser humano ser confinado en una celda junto a otros seis o siete? ¿No se está de alguna manera alimentando viejos vicios y promoviendo nuevos? Precisamente el jerarca reveló una seria carencia: la inexistencia de un lugar adecuado para el tratamiento de los reclusos que presentan enfermedades psiquiátricas. Esa situación no solamente es inhumana en sí misma, sino que además conspira contra la tan mentada recuperación de los delincuentes. Claro, en un contexto tan carenciado, donde ni siquiera hay un hospital penitenciario, resulta vano pretender uno dedicado a los enfermos mentales.

No obstante, y ante la lentitud con que se instrumentan las penas alternativas a la de prisión, sería menester proceder con la mayor urgencia a mejorar el sistema carcelario. Si el modelo económico social genera más delincuencia y no es capaz de dar una respuesta apropiada al problema, y si además no hay voluntad de parte de las autoridades para atacar las causas verdaderas de la delincuencia, lo menos que podría esperarse es que el Estado dispusiera de establecimientos de reclusión adecuados como para cumplir con el precepto constitucional. Parece no advertirse que de poco vale el incremento del rigor punitivo si después de purgar su pena el individuo es incapaz de reinsertarse en la sociedad. *