Robinson lamentó que no se sepa el «quién»

«Tal como lo ha expresado el Comité de Derechos Humanos, esta ley excluye la posibilidad de investigar abusos con respecto a los derechos humanos llevados a cabo en el pasado y, por lo tanto, impide que el Estado pueda descargar su responsabilidad de suministrar remedios efectivos a las víctimas de esos abusos», aseguró en el Parlamento la Alta Comisionada de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson.

Robinson arribó al país el domingo anterior y permaneció hasta el martes. Ese día, se reunió con los diputados integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y con el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado herrerista Gustavo Penadés.

La Alta Comisionada indicó que será necesario que el Parlamento «reconsidere» la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en lo referente la «responsabilidad» de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

Durante la reunión de Robinson con las comisiones legislativas –según consta en la versión taquigráfica a la cual accedió LA REPUBLICA–, el diputado por la Vertiente Artiguista, Martín Ponce De León, hizo referencia a un «problema humano que significa una herida abierta muy dura, permanente, desde el fin de la dictadura hasta hoy y es la situación de los desaparecidos».

Agregó que «todavía hay niños desaparecidos que seguramente es viable encontrar, y puso como ejemplo el caso de la nieta del poeta argentino Juan Gelman, quien fuera encontrada en nuestro país el pasado año».

«La desaparición es un delito permanente. No sólo es lo que significa, en primer lugar, para todas las familias afectadas que no conocen el destino de sus seres queridos, sino también como deuda en el país, dado que las formas de investigación, análisis y búsqueda de esclarecimiento de estas situaciones, aún no han llegado a resolver este problema», puntualizó el parlamentario.

Luego de la intervención del legislador encuentrista, Robinson señaló: «Debo decirles que la Convención sobre Tortura en Ginebra ha recordado al gobierno de Uruguay que debe revisar algunas medidas para hacerlas entrar en línea con esta Convención. Creo que hay necesidad de una definición de desaparición forzada».

Agregó que también le preocupa «la Ley de Caducidad, que fue refrendada por referéndum. La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos ha considerado que esto viola las reglas de esta Comisión. Tal como lo ha expresado el Comité de Derechos Humanos, esta ley efectivamente excluye la posibilidad de investigar abusos con respecto a los derechos humanos, llevados a cabo en el pasado y, por lo tanto, impide que el Estado pueda descargar su responsabilidad de suministrar remedios efectivos a las víctimas de esos abusos».

«Considero que el trabajo de la Comisión para la Paz es muy valioso. Ella está esclareciendo la verdad sobre cuándo y cómo, ha descubierto detalles y está ayudando a los familiares. Pero esto está posponiendo que se investigue quién perpetró los actos de tortura y que se colmen las expectativas de llevar ante la Justicia a los perpetradores», subrayó Robinson. *