Proponen detener juicios hasta junio de 2002

El senador Carlos Julio Pereyra (Movimiento Nacional de Rocha) presentó un proyecto de ley proponiendo la suspensión hasta el 1º de junio del año 2002 de ejecuciones de productores agropecuarios. La iniciativa del parlamentario establece que «la grave crisis del sector agropecuario, debida a múltiples factores acumulados en el transcurso de los años y a otros acontecimientos más recientes ya ampliamente conocidos, se ahondó con la imposibilidad inmediata anterior de exportación de carne a la Unión Europea y otros mercados tradicionalmente clientes del país, lo que conlleva desde ya una trascendente pérdida en las colocaciones».

Según el artículo 1º, se promueve: «Suspéndese hasta el 1º de junio de 2002 la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias extrajudiciales, tendientes al cobro de deudas contraídas por productores agropecuarios deudores, codeudores, garantes, en general o avalistas». Asimismo, «los lanzamientos o desocupaciones dispuestos o que se dispongan contra colonos del Instituto Nacional de Colonización, que acrediten la calidad de arrendatarios, subarrendatarios, cesionarios o promitentes adquirentes de predios propiedad de dicho instituto, quedarán suspendidos en su cumplimiento efectivo hasta el 1º de junio de 2002″. La iniciativa también impulsa que el Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay (BCU), «en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitrarán las medidas necesarias para la posterior adopción de las políticas de fondo que requiere el sobreendeudamiento interno».

En la exposición de motivos, el senador Pereyra evalúa que «la postergada reactivación del sector cárnico, y también en otros rubros de la producción agropecuaria, profundiza la difícil situación del agro y su posibilidad de afrontar sus compromisos ante las instituciones públicas y privadas».

«Siendo así, –agrega Pereyra– este sector primario debe ser atendido con prioridad, especialmente para resguardo temporal de la grave situación social y económica por la que atraviesan y la preservación de sus explotaciones rurales, trayendo –hasta tanto se den otras circunstancias de mercado más favorable y se arbitren otras medidas– cierta tranquilidad al productor agropecuario y a la familia rural».

A través del artículos 3º se apunta a no privar al productor rural de la maquinaria, útiles, herramientas de trabajo, etc, necesarias para continuar al frente de la explotación». *