Suspendieron el remate de productor ya fallecido

Hace aproximadamente dos meses, los familiares y amigos del productor Daniel Lema, propietario de un campo ubicado sobre la Ruta 64, concurrieron a su sepelio. Hasta ese día, y a pesar de la grave enfermedad que lo aquejaba, había intentado solucionar los problemas económicos que tenía desde que un «amigo» lo había estafado con unos cheques.

«Cuando llegué de enterrarlo me encontré con un cedulón», narró ayer a LA REPUBLICA la viuda de Lema, Josefa Píaz. Visiblemente angustiada, la mujer señaló que tras la muerte de su marido, el único ingreso de la familia es el humilde sueldo que su hijo de 18 años gana en un supermercado de la ciudad de Canelones.

El pasado miércoles 3 de octubre, el rematador Abel Lapizaga llegó a la vivienda rural y colocó un cartel, anunciando que la propiedad sería rematada. Los volantes repartidos en la capital canaria informaban que la subasta tendría lugar a las 14.30 de ayer viernes en el exterior del juzgado local.

Ante una nueva ejecución de un productor –siete días antes se había realizado otro remate de un campo en la coloniense ciudad de Rosario– la Confederación Granjera, la Asociación de Fomento y Defensa Agraria de Juanicó (Afydaj) y el Centro de Viticultores del Uruguay (CVU) convocaron a los campesinos canarios a concentrarse frente a la sede judicial, en muestra de repudio a la subasta.

En respuesta a tal llamado, sobre las 13.30 de la víspera unas 300 personas –entre productores, trabajadores rurales y comerciantes– se congregaron frente al juzgado, esperando que el rematador comenzara a escuchar ofertas. Según explicó el presidente de Afydaj y del CVU, Aramir Silva, el encargado de la subasta «pedía que se le pagaran 1.800 dólares por los gastos de publicidad».

Los dirigentes gremiales intentaron explicarle a Lapizaga que la familia no contaba con esa suma, e incluso le ofrecieron realizar una colecta entre todos los presentes para, por lo menos, contar con algo de dinero, mientras que el diputado de Asamblea Uruguay (AU) Luis José Gallo, quien también estuvo en el juzgado, propuso prestar un cheque por ese monto. Ambas propuestas, explicó Silva, fueron rechazadas por el rematador.

«Sin efecto»

Minutos después de las cuatro de la tarde, la jueza llamó a la viuda de Lema. En esa reunión, Josefa Píaz le explicó la situación familiar, advirtiendo que en caso de que se concretara la venta del campo ella y sus dos hijos de 18 y 27 años de edad quedarían en la calle. Poco después, la magistrada emitió una resolución en la que ordenaba dejar sin efecto el remate.

El procurador Jesús Correa, quien junto a sus hijos Gustavo y Pablo –ambos abogados– defendieron a la viuda, indicó que los bienes del productor eran gananciales, por lo que no podían ser ejecutados. Destacó además que el gerente del Banco República –principal acreedor– mostró disposición para solucionar la situación, pues antes de morir Lema se había amparado al régimen de refinanciación de deuda llamado «cupón cero».

«Presionar al Parlamento»

«Esto fue un gran éxito gremial», afirmó el dirigente agrario Aramir Silva al valorar lo sucedido. Sostuvo que «hay que presionar al Parlamento para evitar nuevas ejecuciones» y remarcó que los legisladores deben buscar una solución a esta problemática.

Por su parte, Remo Di Leonardi afirmó que ayer hubo «otra victoria más para los luchadores del silencio». Al igual que Silva, manifestó que el caso de ayer «debe servir de ejemplo para llevar adelante una ley que detenga las ejecuciones». «Vamos a pelear por eso», agregó.

Justamente, las gremiales que participaron en la movilización de la pasada jornada convocaron a una reunión con los diputados electos por este departamento para el próximo miércoles 7 de noviembre en el Centro Comercial de Canelones. *