Acciones judiciales contra morosos

Desde su reelección como intendente de Canelones, el forista Tabaré Hackenbruch impulsó una serie de medidas tendientes a reducir los altos índices de morosidad existentes en el departamento, tanto en contribución inmobiliaria como en patente de rodados.

«Precisamos dinero para hacer las obras», fue el argumento esgrimido en reiteradas ocasiones por los jerarcas colorados.

En el marco de ese programa, el jefe comunal dispuso que los funcionarios de la Dirección General de Hacienda efectúen un minucioso chequeo de los estados de cuentas de los principales deudores del departamento, a los efectos de determinar con exactitud quiénes han dejado de abonar los referidos tributos.

De esa manera, en las últimas horas, y por primera vez en la administración Hackenbruch, el alguacil del Juzgado de la capital departamental remató un camión de la marca Mercedes Benz con caja refrigerada, cuyo propietario mantenía altas deudas. Durante el remate, efectuado la pasada semana en el garaje municipal, el coche fue vendido en 12.500 dólares.

Luego de esta ejecución, el gobierno departamental continúa con su estrategia de «perseguir» a aquellos que considera como «morosos compulsivos». En esa línea, fuentes cercanas al ejecutivo indicaron que en las próximas horas la comuna firmará un convenio con un equipo de abogados para el cobro de las deudas de patente de rodados.

El equipo de juristas también gestionará el cobro de las multas de tránsito, las cuales han aumentado considerablemente desde la utilización de los radares de control de velocidad.

Según afirmaron los informantes, el 50% de las sanciones colocadas por estas infracciones corresponden a vehículos matriculados en Montevideo, en tanto que las restantes se dividen entre coches empadronados en Canelones, Maldonado y otros departamentos.

Contribución inmobiliaria

Tal campaña «anti-morosidad», indicaron los voceros municipales, también abarca el cobro de antiguas deudas de contribución inmobiliaria.

En ese sentido, hace algunos meses la Intendencia canaria contrató por un plazo inicial de dos años al estudio jurídico Galante & Martins Abogados –perteneciente al ex ministro de Defensa durante el gobierno herrerista, Daniel Hugo Martins– para la «gestión de servicios jurídicos de cobro de morosidad», tal como señala el Tribunal de Cuentas de la República en la resolución emitida oportunamente.

Hasta la víspera había más de cincuenta casos de deudores de contribución inmobiliaria en trámite judicial, y en los próximos días la Intendencia presentará nuevos expedientes sobre altas deudas, lo cual ya ha sido notificado a los implicados.

En la mayoría de los casos se trata de antiguas deudas que, en algunas ocasiones, alcanzan los 30 años de atraso.*