Corredor de bolsa estafó a familiares de desaparecidos con dinero de indemnización

A raíz de este hecho, los titulares de esos papeles arriesgan perder en el mercado de valores la totalidad del capital de indemnización, otorgado por el gobierno argentino durante el primer mandato de Carlos Menem.

Los familiares denunciaron el hecho este lunes ante la Caja de Valores argentina, que de inmediato inhabilitó y sumarió al agente implicado. En la jornada de hoy, también definirán la presentación de acciones penales y no descartan reclamar la intervención del gobierno y hasta de la Comisión para la Paz, según confió a LA REPUBLICA, la abogada del grupo Tilsa Albanis, parte reclamante.

El corredor argentino, de nombre Carlos Gómez, responsable del ilícito, es presidente de Capital Service SA una de las firmas de corretaje «mejor ranqueadas» de la plaza argentina, y que ahora se encuentra intervenida. El miércoles de la semana pasada, el propio Gómez había convocado a los familiares a su estudio para explicarles la situación.

Anteayer, en un segundo encuentro, el agente reconoció que utilizó los fondos sin autorización y en beneficio propio, en virtud de una situación personal apremiante.

Pidió mantener el hecho en reserva frente al resto de los funcionarios de la empresa y además convalidar la maniobra sin lo cual le resultaría imposible conseguir un aval bancario para recuperar el dinero. A esa altura, las cuentas ya habían sido «vaciadas» y el capital, transferido en garantía a una financiera.

A cambio de los bonos públicos, cuyo valor en plaza ascendería al millón y medio de dólares, el agente habría obtenido una suma similar.

Según dos de los participantes del tenso encuentro, Gómez actuó con total cinismo e incluso llegó a admitir que el tratarse de familiares de desaparecidos le daría un «mayor margen de negociación», que no tendría frente otro tipo de rentistas. La reunión culminó abruptamente con recriminaciones de parte de los familiares al corredor y a su abogado.

Años de lucha

Tras varios años de denuncias de organismos de derechos humanos, el gobierno argentino decretó finalmente la reparación económica para los familiares de las víctimas de la represión.

El sistema supuso el cobro indirecto de la indemnización, a través de bonos públicos –alrededor de 214 mil por cada reparación–, los que después debían negociarse en la Bolsa de Valores argentina mediante personas autorizadas. El capital, en estos casos, comenzó a ser cobrado mensualmente, a diez años de plazo, a partir de enero de este año. *