Alta Comisionada de la ONU reclamó que se revise la Ley de Caducidad

Robinson se reunió en la tarde de ayer con los diputados integrantes de ambas comisiones legislativas y con el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado herrerista Gustavo Penadés.

En ese sentido, la alta comisionada resaltó «la buena discusión» que mantuvo en horas de la mañana con los integrantes de la Comisión para la Paz; y manifestó a los diputados de ambas agrupaciones parlamentarias «que tal vez sea necesario en el futuro que ellos consideren los asuntos de responsabilidad y de justicia».

«Entiendo mejor ahora esta ley, la cual recibió el apoyo de un plebiscito en el año 1989, pero a medida que la Comisión para la Paz realiza su trabajo valioso en identificar los detalles de cómo las personas que desaparecieron fueron matadas bajo situaciones de tortura, creo que va a ser necesario rever el asunto de la responsabilidad. Tal vez el Parlamento tenga que reconsiderar ese asunto de la responsabilidad», manifestó Robinson.

Por su lado, el diputado del Foro Batllista Alberto Scavarelli señaló que Robinson no se refirió a la Ley de Caducidad «como para remover un obstáculo, sino específicamente como para llamar a la responsabilidad de los involucrados».

El legislador opinó que cualquiera de las posiciones que se asuman respecto del Derecho Internacional «queda claro que en la posición clásica y tradicional del Derecho Internacional, las Naciones Unidas no actúan salvo en violación de normas expresas de tratados internacionales con injerencia en los asuntos internos de los Estados; por tanto, un alto comisionado no tiene por cometido venir a hacer planteamientos que tienen que ver con normas del orden jurídico interno ratificadas nada menos que por la ciudadanía».

Añadió que «en la corriente del Derecho Internacional Humanitario es muy claro que las leyes de pacificación nacional son normas que el Derecho Humanitario trata con particular cuidado, aun para quienes sostienen que a través de ese derecho podría llegar a romperse lo que es la soberanía de los Estados, sobre todo, cuando se trata de hechos que tienen que ver con 30 años atrás y laudados específicamente».

Esos acontecimientos «forman parte de una estructura jurídica del Estado y de la sociedad uruguaya que también terminó admitiendo los procesos penales que tenían que ver con el otro contendor, que en aquel momento guardaba relación con todos los fenómenos del quiebre institucional desde militares hasta los propios tupamaros y personas involucradas en el proceso. La pacificación nacional es una norma que continúa siendo un refugio frente al concepto de Derecho Internacional Humanitario».

Scavarelli entiende que «la alta comisionada fue más allá de lo que nadie esperaba que podía ir; y agregó que no siente que «eso pueda representar la opinión del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Koffi Annan, ni de la propia organización».

Para el legislador, las afirmaciones de la alta comisionada de ONU «no facilitan ni ayudan», el trabajo de la Comisión para la Paz, y «cambian abruptamente el nivel de expectativas que la opinión pública puede tener, porque están planteando un escenario imposible desde el punto de vista político y jurídicamente es un tema laudado sobre el que no debe ser considerado positivo una intromisión de este tipo sin conocer la totalidad del escenario nacional».

Por su lado, el diputado socialista Guillermo Chifflet indicó que Robinson replanteó en el diálogo nacional «una serie de temas que debemos resolver nosotros, y no a través de consejos sino a través de la realidad nacional. El hecho de que se ponga en el primer plano de la opinión pública estos temas es por demás útil».

Agregó que su fuerza política «tiene posición tomada de antemano con respeto a la Comisión para la Paz, con relación a la necesidad de investigar y de que se sepa qué, cómo y cuándo se dieron los hechos»; y añadió que su sector está en consonancia con el «mismo planteo que hacen los familiares de desaparecidos porque mientras no procesen el duelo van a seguir sintiendo el llamado de los seres queridos para saber lo que sucedió».

«Indignante impunidad»

Entretanto, la maestra Sara Méndez –madre de Simón Riquelo, desaparecido durante la dictadura militar– entregó ayer a Robinson una misiva en la cual relata la situación que vivió durante «la guerra sucia».

En la carta, Méndez explica que al igual que muchos uruguayos y miles de ciudadanos en el mundo, sufre «las consecuencias de uno de los más terribles crímenes que puede cometer un Estado: el de la desaparición forzada de personas».

«En este caso la desaparición forzada de mi hijo, que me fuera arrebatado cuando contaba con 20 días de edad».

«Paradójicamente los autores materiales del secuestro están identificados y conviven en mi mismo país en la más absurda e indignante impunidad», detalla Méndez.

Asimismo, expresa que «es fundamental que desde los pueblos, es decir desde la conciencia de los ciudadanos, se confíe en la eficacia de las instituciones, y convenios»; agrega que en ese marco, pone «a su consideración este hecho que afecta y ofende a la conciencia de la humanidad».*