Para el consorcio, las "recomendaciones" de Dinama "no tienen sustento técnico"

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) formuló el 28 de enero 33 «recomendaciones» al Gasoducto Cruz del Sur SA. Representantes del consorcio de accionistas respondieron en entrevistas de prensa el pasado 11 de febrero que tres de las «recomendaciones» de la autoridad pública «no tienen sustento técnico». Dijeron además que se verían obligados a aumentar el peaje en un 10%, posibilidad prevista por una cláusula del contrato de concesión.

El consorcio y la Dinama acordaron una intervención de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y se comprometieron a cumplir lo que dictamine la CARP, una dependencia diplomática para la administración soberana del Río de la Plata.

Según trascendidos de prensa del pasado 16 de febrero, la Dinama habría «flexibilizado algunas de las exigencias» y habría anunciado que volvería a redactar sus «recomendaciones», tras celebrar una reunión con representantes del consorcio.

«Se avanzó porque la Dinama va a modificar algunas de sus exigencias», declaraba el gerente del consorcio George Ferguson luego de una reunión con jerarquías del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y con autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Una «recomendación» era cubrir la zanja donde correría el gasoducto sobre el lecho del Río de la Plata 90 días después de tender la cañería.

El consorcio pensaba recubrir la zanja sólo en el canal de navegación.

Otra sugería reponer en su lugar respectivo a la arena y a la arcilla que se removiera en la playa del balneario Santa Ana, 23 kilómetros al Este de Colonia, lugar donde el gasoducto emergería del fondo del río e ingresaría a tierra firme uruguaya para luego llegar hasta Montevideo.

Una tercera «recomendación» pedía un estudio en particular de la «vibración admisible» en todo el trayecto de la cañería, una investigación que el consorcio consideró innecesaria dado que estaba prevista la intervención de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) en caso de aproximarse la cañería a una cantera que utilice explosivos. La cesión de un derecho de servidumbre impuesto a los propietarios de terrenos atravesados por el gasoducto obliga además en su artículo 7º a pedir autorización a la Dinamige para realizar explosiones a menos de 10 kilómetros del trayecto del gasoducto.

El consorcio argumentó que cumplir con las «recomendaciones» encarecería las obras en unos 20 millones de dólares.