"El Estado financiará más del 70% de la construcción del gasoducto entre Punta Lara y Montevideo, que adjudicó a una empresa privada"

«Es una obra de incalculable envergadura, que modificará la matriz energética de Uruguay», explicó Rubio.

Las obras de construcción (decenas de miles de caños de acero, de doce metros de largo y 60 centímetros de espesor, que se sueldan entre sí y se entierran a un metro bajo la superficie) fueron proyectadas para concretarse en un plazo estimado entre los 13 y los 18 meses.

Una segunda fase habilitaría al consorcio a instalar una segunda cañería para transportar gas natural de Colonia a Río Branco, en la frontera con Brasil, y de ahí hasta Porto Alegre. El consorcio cobrará durante los 30 años de la concesión una tarifa por la cantidad de gas que transporte a través de Uruguay.

Ministro a Sala

El legislador de la Vetiente Artiguista planteó sus inquietudes en tres pedidos de informes presentados el pasado 13 de marzo: uno al Ministerio de Industria, Energía y Minería; otro a Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y otro a Ancap, ente que controla el 20 por ciento de las acciones del consorcio.

Rubio indicó que organizaciones ambientalistas estimaron que en las obras 120 o 150 millones serían invertidos por el consorcio que ganó la licitación y que el Estado uruguayo les otorga exhoneraciones fiscales e impositivas por más del doble de esa cifra..

La inversión del Estado financiaría el 72,3% de las obras, según se desprende de una investigación del Centro de Estudios Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (Ceuta) y el Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes).

El consorcio ganó la licitación durante el gobierno de Julio María Sanguinetti.

Para Rubio sería incluso «conveniente» una comparecencia ante el Parlamento del ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM).

El consorcio, mientras tanto, presentó a la autoridades brasileñas un estudio de impacto ambiental y un proyecto ejecutivo de obras para continuar la extensión de gasoductos. Brasil ya está interconectado con Bolivia. Las autoridades aún no respondieron. Las obras costarían unos 220 millones de dólares.

Un Estado generoso

En entrevista con LA REPUBLICA, el senador Rubio señaló una resolución del gobierno Sanguinetti que «exoneró al gasoducto del pago de impuestos en lo que podría llegar a ser unos 300 millones de dólares, sumados algunos incentivos», así como «comprometió al Estado uruguayo a comprar volúmenes extraordinarios de gas» durante los 30 años que durará la concesión.

Rubio resaltó luego que «una estrategia nacional correcta» implica «una diversificación de fuentes alternativas de energía» pero admitió su inquietud por que Uruguay fuera utilizado como mero «territorio de paso» para la interconexión entre las cuencas gasíferas de Argentina y el codiciado mercado potencial de Brasil, un país que a su vez interconectó un gasoducto con Bolivia.

«No veríamos inconvenientes», aclaró Rubio, «que el consorcio privado continuara la construcción del gasoducto hasta Brasil como prevé el contrato; el asunto a considerar es hasta qué punto el Estado debe financiar la construcción del gasoducto mediante la exoneración de impuestos y en qué medida se torna necesario ofrecer al Estado como mercado cautivo para la compra de gas natural argentino».

Enrique Rubio consideró incluso «conveniente» una eventual comparecencia del ministro de Energía, Sergio Abreu, ante el Parlamento, en régimen de comisión general.

«Podría explicar el contrato firmado entre el Ministerio y el consorcio que ganó la licitación, e informar respecto a las cláusulas de salvaguarda incluidas para proteger los intereses del Estado uruguayo», sugirió.

Las preguntas de Rubio

Con fecha 13 de marzo, Enrique Rubio remitió al presidente de la Cámara de Senadores, Luis Hierro López, tres pedidos de informes, dirigidos al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM); al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma); y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), un ente que está bajo la tutela del MIEM.

En los pedidos de informes, Rubio preguntó por la diferencia inicial de criterios ambientales que enfrentó a partir del 28 de enero a la Dirección Nacional de Medio Ambiente con la empresa Gasoducto Cruz del Sur SA, y luego pidió informes respecto a la naturaleza del «acuerdo» alcanzado, y que luego fuera plasmado en un contrato entre la empresa y el MIEM, en un documento que nunca fue publicado en el Diario Oficial ni fue dejado trascender a la opinión pública. Pidió en concreto la entrega de una copia del contrato firmado con el consorcio que ganó la licitación y pidió explicaciones por exoneraciones y beneficios otorgados por el Estado al consorcio privado por unos 270 millones de dólares, así como demandó los estudios que justifican un compromiso de compra para el Estado de dos millones de metros cúbicos de gas natural por día.

Interrogó además sobre los posibles daños ambientales que podría tener la construcción del gasoducto y quiso detalles sobre la competencia de la Comisión Administradora del Río Uruguay en una diferencia de criterios medioambientales acerca del impacto que tendría sobre los canales de navegación el no rellenado de las fosas donde se enterraría la cañería sobre el lecho del río.

Rubio fue insistente en preguntar en los tres pedidos de informes si los respectivos organismos públicos habían tomado las debidas precauciones en cuanto a seguros ambientales y salvaguardas frente a posibles daños sobre los ecosistemas.

Mvotma: «discusión» y «acuerdo»

Al Mvotma Rubio le preguntó por el «informe inicial de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)», con «33 observaciones, y que fuera objeto de discusión entre esa Dirección y la empresa».

Pidió en concreto saber acerca del contenido del «documento de Autorización Ambiental Previa» firmado tras el «acuerdo» que fuera «logrado en el mes de marzo» entre la «empresa» y «Dinama».

Indagó por la «competencia de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP)», que intervendrá en el litigio por el impacto del gasoducto sobre los canales de navegación.

Además preguntó «si fueron incluidos componentes ambientales en el contrato de obra y si el Mvorma fue consultado al respecto» del mismo contrato, a la postre firmado entre el consorcio y el MIEM.

También inquirió «si se han requerido seguros ambientales» para recomponer ecosistemas que puedan resultar con «daños» y pregunta qué «recaudos» se adoptaron para el «seguimiento» de la «construcción» y posterior «operación» del gasoducto para «asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales exigidos por Dinama».

MIEM: «exoneraciones» y obligación de compra»

Al MIEM, Rubio le preguntó «si en el contrato respectivo existen cláusulas que autoricen a elevar el costo del transporte del gas natural» por parte del concesionario, solicita le sea informado «si existen análisis económico-financieros que expliquen las exoneraciones de tributos dispuestas» en beneficio del consorcio por una cifra que rondaría los 270 millones de dólares.

Quiso saber además «si existen estudios de demanda energética proyectados para el futuro que justifiquen la obligación de compra establecida», por la cual el Estado se comprometió a comprar «2 millones de metros cúbicos diarios (1,5 millones para Ancap y 0,5 millones para UTE», precisó.

Preguntó también al MIEM por «los componentes de gestión ambiental» integrados en las condiciones de la licitación en «la cooperación técnica del Fondo Multilateral de Inversiones del BID» y también ind
agó por «los recaudos» que se supone fueron adoptados para «el seguimiento» de la «construcción» y «operación» del gasoducto.Además pidió que se «suministre copia del contrato de concesión firmado entre el MIEM y la empresa Gasoducto Cruz del Sur SA».

ANCAP: «previsiones» y «reconversión»

En su pedido de informes dirigido a Ancap, Rubio preguntó al ente «si ha tomado previsiones respecto a la posibilidad de que la llegada del gas natural ocurra antes de la culminación de la reconversión de su planta industrial y la puesta en funcionamiento de la planta termoeléctrica proyectada».

Requirió además «la estimación del consumo diario de gas natural de cada una de ellas (planta industrial reconvertida y usina termoeléctrica) para los próximos 10 años».

Al igual que en los otros pedidos de informes, Rubio indagó también «si Ancap, en su calidad de socio minoritario del consorcio ganador de la licitación, ha previsto salvaguardas para su responsabilidad tanto legal como económica ante casos de accidentes ambientales», y más en concreto preguntó «si se han requerido seguros ambientales».

También quiso saber del ente si «los impactos ambientales de la obra y operación del gasoducto son compatibles con su plan de gestión ambiental global».