Astori: "Batlle no cumplirá con sus promesas electorales"

–¿Cómo definiría las principales líneas de acción en materia económica de este gobierno?

–Estamos ante algo que no contiene ninguna sorpresa, que era absolutamente previsible si conocemos las opiniones del Presidente de la República y la de los integrantes del equipo económico. No podíamos esperar otra cosa. No obstante, hay una importante decepción cuando se escucha una presentación como la que se hizo el 8 de marzo en el Parlamento. En esa exposición hay ratificaciones inconvenientes para el país, como también verdaderas «novatadas» que un ministro de Economía no puede cometer.

— ¿En qué se expresa la continuidad?

— Se reduce la responsabilidad de la política económica al equilibrio de las cuentas públicas. Parece que el gobierno se considera exento de toda otra responsabilidad. Prácticamente le dan importancia a un solo instrumento de la política que es el instrumento fiscal. Para ellos parece no existir la política crediticia, parece no existir la política comercial, no hay ninguna referencia a los avances que deben hacerse para capacitar la fuerza de trabajo, no existe ninguna referencia a las responsabilidades que la conducción económica tiene que enfrentar en el terreno del apoyo a los ministerios que trabajan directamente con ramas de la producción o con condiciones de vida de la población. Todo esto no está en la política económica. Para esta concepción lo único que parece importar es que no haya déficit fiscal y haya estabilidad de precios.

–¿Y las novatadas?

–Son las de decir que este año no cambia la política cambiaria, pero sí el próximo, pero «no sé qué cambio», se nos dice. Con esto se genera todo un tema de inquietud y confusión en la plaza, generando una legión de empresarios que deben estar preguntando cuáles serán esos cambios, cómo acomodan el cuerpo, porque «mejor no hago ninguna inversión por ahora». Si un ministro de Economía está dispuesto a cambiar la política cambiaria no puede anunciarla y mucho menos un año antes.

–¿Qué consecuencias genera esa actitud en la plaza?

–Salieron de aquí, del Parlamento, se fueron a la Asociación Cristiana y ese fue el tema. Puede haber consecuencias de todo tipo: desde postergar actividades que al país le pueden significar aumentos de inversión y más puestos de trabajo, hasta verdaderas operaciones de especulación para acomodar mejor el cuerpo.

–¿Para usted no hay cambios en las reglas de juego?

–No hay cambios, no hay, porque para los gobiernos anteriores y para éste lo principal es el ámbito fiscal, mientras que todos los demás instrumentos están subordinados a esta preocupación fundamental. En esto el ministro Bensión es muy claro cuando dice que la piedra angular de la política económica es la política fiscal y de lo otro no habla, salvo para incurrir en ese grave error. Si uno dice que por ahora mantiene la política cambiaria, pero el año que viene la cambia, pero no dice cuál es el cambio, está incurriendo en una equivocación muy grande.

–Hay especialistas que dicen que el país tenía que optar entre resolver la competitividad y para ello devaluar y para otros la clave es la estabilidad. ¿Esa disyuntiva es real o falsa?

–En este momento tenemos que tratar de mantener la estabilidad sin perjuicio de mantener la política cambiaria tal como está. Luego de generado el atraso cambiario, que provocó el gobierno de Lacalle, en el país hay un importantísimo endeudamiento que llega a los nueve mil millones de dólares, la mitad de los cuales corresponde a las familias. Hablo de la deuda de las familias que es computable, no de la inorgánica –no hablo de la deuda con prestamistas–, me refiero a la deuda con bancos y tarjetas de crédito que prácticamente llega a los 4 mil 500 millones de dólares. Por esto y otros factores Uruguay no se puede plantear la alternativa de variar la política cambiaria. Tiene que proponerse mejorar la competitividad por la vía de la reducción de costos.

–Pero las consecuencias de la reducción de costos ¿no aparacen después de un proceso largo?

–No. Si lo encaramos trabajando en los ámbitos del costo del financiamiento de la producción y del gasto público, me parece que se puede obtener resultados que mejoren la competitividad en un lapso razonablemente corto. El camino de la devaluación, que parece tan atractivo, por parecer más corto traería consecuencias muy negativas en forma muy rápida: rebrote inflacionario, que terminaría perjudicando la competitividad de la producción por el aumento de los precios internos. Al mismo tiempo generaríamos una especie de destrucción de muchas actividades productivas a causa del endeudamiento en moneda extranjera y al mismo tiempo una situación en las familias que yo no me atrevo a pronosticar.

–Entonces dentro de un año se viene la tormenta…

–A lo que el ministro de Economía alude es que va a introducir un nuevo sistema de política cambiaria. Vaya uno a saber cuál es. ¿Puede ser la convertibilidad argentina? ¿Puede ser la flotación libre del dólar? ¿Puede ser pasar de un cambio fijo y único como el de ahora a un sistema diferente? Nadie lo sabe, porque el ministro no lo anuncia. Cuando él dice que va a cambiar, no se refiere a la devaluación, se refiere al sistema de política cambiaria. Lo que pasa es que cambiar el sistema puede desencadenar, en un terreno muy sensible, operaciones de actores económicos poderosos que fuercen una alteración del tipo de cambio. Y el país conoce esto desde los tiempos en que los laneros no exportaban hasta que se devaluara, el país conoce estos temas desde los tiempos de la «infidencia» en 1968, donde operadores generaban, a partir del conocimiento de una eventual devaluación, acciones que hacían realidad y convertían aquella noticia en una especie de profesión autocumplida. Y ese peligro no deja de existir en estos tiempos que corren.

–A pesar de que el EP dice que son insuficientes las medidas para el agro –y partiendo de que esa tesis es verdad–, ¿se puede afirmar que comienzan a verse algunos elementos de que hay transferencia de recursos del sector asalariado urbano al sector agrario?

–No sé si está en la intención del gobierno, pero recortar el gasto público a través de una rebaja salarial de las tres cuartas partes del funcionariado público para pasar a incrementar el gasto o la no percepción de ingresos, que es el mismo efecto, en apoyo del sector agropecuario supone una transferencia de recursos de los asalariados a las empresas agropecuarias. Sin duda esto supone una transferencia, y que los trabajadores del sector público hagan una contribución al financiamiento de las medidas de apoyo a la producción.

–Pero esos apoyo no aparecen, hasta hoy, hacia la industria.

–Hasta ahora sobre la industria no he escuchado ningún anuncio. El ministro está tratando de ayudar al agro con medidas, a nuestro entender, insuficientes, porque tiene una situación de emergencia tal que es imposible desconocerla y porque en los últimos tiempos se vino registrando el fenómeno inédito de productores protestando masivamente. Pero si el agro no hubiera tenido esta sequía de primavera, no hubiera registrado tan fuertemente el impacto de los últimos factores internacionales, yo estoy seguro que el ministro no anuncia absolutamente nada sobre el agro. Es que el ministro de Economía se considera exento de responsabilidades en cuanto al futuro de la producción del país y sólo la menciona porque hay problemas de este tipo. Otra de las grandes ausentes es la falta de políticas para superar el desempleo. Pero reafirmo que la
reactivación productiva no tiene base de aterrizaje ni en los sectores productivos, ni en las herramientas, y deja todo librado a que la economía brasileña se reactive. No hay una política económica, sólo hay un contador que va a equilibrar las cuentas. Lo que hay es voluntad de no actuar en determinados campos.

—El Encuentro Progresista, como primera fuerza política del país, ¿va a intentar llenar ese vacío en la política económica con propuestas?

–Nos vamos a meter en ese vacío con propuestas, pero no con decisiones porque esas son las esferas de acción del Poder Ejecutivo. Y esto está bien, cuando lleguemos al gobierno yo voy a defender que eso es responsabilidad del Ejecutivo. No nos vamos a limitar a analizar la Ley de Urgencia que nos envió el Presidente ni a proponer algunas cosas aisladas. Vamos a intentar reiterar una propuesta integral de acción, que sea coherente con lo que dijimos en la campaña electoral. Pero quien no va a poder ser coherente con lo que dijo en la campaña es el gobierno. No van a cumplir las promesas que le hicieron a la sociedad uruguaya en noviembre, sobre las que el ministro Bensión no dijo absolutamente nada. Salvo en lo que refiere a sueldos a policías y militares, no hubo ninguna referencia a las promesas electorales. Las recuerdo: eliminación de la sobretasa del impuesto a los sueldos, nada menos que 200 millones de dólares en juego, elevación de las jubilaciones inferiores a un salario mínimo nacional, revisión de los topes jubilatorios para las personas de 50 años y más, erradicación de asentamientos precarios, eliminación de los tiques en las mutualistas, elevación del presupuesto educativo al cuatro y medio por ciento sobre el PBI. Sobre esto nada, para el ministro no existe. Con el panorama fiscal que tenemos y con esta política económica esas promesas no son cumplibles, no se van a cumplir.

–En los primeros días de gobierno, ¿qué hubiera hecho usted como ministro de Economía?

–Sería un cambio de visión de la política económica, porque lo primero que hubiera dicho es que va a empezar a haber política económica en el sentido integral de la palabra. No nos vamos a limitar a que cierren las cuentas y a mantener la estabilidad de precios, acá habrá un Ministerio que tratará de diseñar un futuro productivo para el país. Para el nuevo gobierno la producción existe porque hay una situación a atender de urgencia, pero no hay una estrategia productiva. Bensión no aludió a conceptos que son entrañables en cualquier conducción en serio que el país se proponga. ¿Se tiene que especializar el país en ciertas cosas, tiene que haber o no especialización productiva? Si la respuesta es sí, entonces cuáles son los rubros, los sectores, las ramas, las tecnologías prioritarias que el país va a apoyar. En segundo lugar, al servicio de esta concepción, nosotros no vamos a dejar de participar en ninguno de los campos fundamentales. Entonces haría este planteo: la política de financiamiento de la producción, la política comercial con el exterior, la política de capacitación de la fuerza de trabajo, la política fiscal con otra orientación distinta a la de este gobierno. En tercer lugar, hubiera dicho algo sobre las situaciones de urgencia. No es suficiente la rebaja de aportes y una reducción de la contribución inmobiliaria para el sector agropecuario, porque permanece sin tocar el principal problema que es el endeudamiento. No hay un solo anuncio de refinanciación de deudas, no existe. Estos son algunos ejemplos de lo que, creo, habría que haber destacado en las primeras horas.

–¿Comparte el criterio de que el recorte del gasto público sea el mismo porcentaje para todos los ministerios?

—Desde el punto de vista del porcentaje se repite la experiencia de Lacalle y Sanguinetti. Se le impone a todos los ministerios un porcentaje de reducción de los gastos de funcionamiento. Y esto, por lo menos, es una contradicción importante con las diferencias de situación que hay según los ministerios, particularmente aquellos más vinculados con las condiciones de vida de la población. No comparto el recorte de gastos por caída de salarios, estoy de acuerdo en la reducción de publicidad –incluso la haría más profunda–, no comparto la reducción de la inversión pública porque va a significar menos puestos de trabajo, pero también porque no se van a realizar obras que el país necesita. Se nos dice que van a apelar a la concesión de obra pública, pero ojo que no es lo mismo. Si yo soy sector público y digo «voy a hacer la carretera tal», la hago, pero no es lo mismo decir «concedo la realización de esta obra» porque entre otras cosas no sé si va a haber interesados para realizar la obra.

–¿Usted por dónde recortaría el gasto?

–Cambiaría el régimen de compras del Estado porque nuestro Estado compra caro y mal. Pienso en recortes de los gastos vinculados a las prácticas más vinculadas al clientelismo político. Todo Uruguay sabe que se han mantenido ingresos en la administración pública, sobre todo en la administración municipal de las 18 intendencias del interior que aumentaron su personal, en los últimos quince años, en un 42%. Bueno, me gustaría recortar el gasto ahí.