El ex subsecretario de Vivienda se hizo presente, la otra parte no

Fue suspendida audiencia por juicio de Gorosito a Naturas

El juez en lo Penal del 11º Turno, Roberto Timbal, quien subroga al juez en lo Penal de 5º Turno, Jorge Imas, que está con licencia médica, decidió suspender la audiencia a la que, si bien Gorosito se hizo presente, la parte demandada no concurrió.

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que la audiencia se va a citar nuevamente a la brevedad, y que para la misma se prevé ya se haya reincorporado el magistrado Imas.

Cabe recordar que esta denuncia por calumnias fue realizada después de que el director de Naturas, Carlos Celis, dijera que pagó 10.000 dólares al estudio jurídico en el que desarrollaba tareas el ex jerarca de la secretaría de Vivienda con el fin de obtener la habilitación de la planta que su empresa instaló en el departamento de Paysandú.

El propio Celis envió una carta al ministro Carlos Cat indicando que Gorosito le recomendó los servicios de un estudio de abogados, el que cobró 10.000 dólares por hacer gestiones tendientes a relocalizar la planta de residuos hospitalarios de su empresa, calificando esto de «vil precio» y de un «peaje».

Gorosito salió al cruce de esas afirmaciones, expresando que el pago de esa suma de dinero corresponde a sus honorarios generados en su actividad como abogado del estudio antes de que asumiera como subsecretario de Vivienda.

La denuncia de Gorosito fue presentada por su abogado, Gastón Chávez, en el Juzgado penal del 5º Turno a cargo de Jorge Imas. Para el abogado de Gorosito hay un delito de calumnia cuando se denuncia a sabiendas un delito que no se ha cometido», lo que entiende sucedió en esta ocasión.

Ambas partes deberán aguardar hasta la fecha en que se realice la audiencia suspendida para presentar sus descargos.

Por otra parte, los diputados del Encuentro Progresista Raúl Sendic, Raquel Barreiro y Margarita Percovich presentaron un documento ante el juez Homero da Costa y el fiscal Rafael Ubiria con información referente a las habilitaciones y el transporte de los residuos hospitalarios, solicitando que la Justicia determine eventuales ilicitos penales y sus responsables. *

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