Poder Ejecutivo deberá enviar a la Corte la nómina de militares abarcados por inciso G

La Suprema Corte de Justicia le comunicó al Poder Ejecutivo que para seguir el trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por éste, y referente a la ley que asciende al grado inmediato a 64 militares que pasaron obligatoriamente a retiro por la aplicación del inciso G de un decreto de la pasada dictadura, deberá enviar un listado individualizando a las personas que son la parte demandada, es decir quienes se pueden ver perjudicados para que sean notificados y respondan la demanda.

A su vez, la Suprema Corte de Justicia no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo de aplicar un efecto de suspensión sobre la ley cuya constitucionalidad se impugna, por lo que la misma sigue con total vigencia.

Tras la decisión de la Corporación judicial, el Poder Ejecutivo no tiene plazo para enviar los nombres de las personas que pueden ser damnificados por el recurso.

Luego, estas personas serán notificadas para que contesten al recurso, posteriormente pasará al fiscal de Corte para que se expida sobre el fondo del asunto y finalmente la Suprema Corte de Justicia resolverá.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado con la anuencia del presidente de la República Jorge Batlle, y del ministro de Defensa Luis Brezzo. En su argumentación, el gobierno indica que la ley es inconstitucional porque viola el principio de separación de los poderes del Estado, puesto que los ascensos militares son potestad del Poder Ejecutivo, entendiéndolo que el Poder Legislativo tiene facultad de conceder honores por ley pero no puede invadir la competencia del Ejecutivo y por propia iniciativa conceder ascensos a militares.

El proyecto de ley fue presentado por el senador nacionalista Carlos Garat, fue votado en la Cámara Alta y fue apoyado sólo por el Foro Batllista y el senador de la Lista 15 Walter Riesgo. Posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero la Asamblea General levantó el veto con los votos de los legisladores encuentristas y nacionalistas.

El objetivo de la ley fue el de brindar reconocimiento moral a los militares que sufrieron la aplicación del inciso G por razones políticas. La misma abarca a 64 militares que pasaron a situación de retiro por la aplicación del inciso G del gobierno dictatorial, confiriéndoles el grado inmediatamente superior «en reconocimiento a su lealtad con la República y como honor público», afirma el primer artículo de la ley.

Del beneficio de los ascensos quedan excluidos los oficiales comprendidos en el artículo 8º de la Ley de Caducidad, los militares condenados por la Justicia Penal, Civil o Militar y a los que se les aplicó el inciso G por razones de disciplina. Para ello se otorgó un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo desde la aprobación de la ley –el pasado 26 de junio– para que se expida sobre cada uno de los casos de ascensos. *