Reclaman intervención del Parlamento para "impedir la venta de la TV Cable"

Opinó que es «inadmisible» que una decisión de este tipo pueda ser autorizada únicamente por el Poder Ejecutivo y reclamó una investigación a fondo «porque en este tema se juega el destino de las comunicaciones en el país».

Tal como informó ayer LA REPUBLICA, el grupo económico que encabeza el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, David Mulford, creador del «megacanje» en Argentina y uno de los mencionados en el informe sobre lavado de dinero de la diputada Elisa Carrió, firmó un preacuerdo para la compra de la mayoría accionaria de la empresa Equital SA, creada en 1994 por los canales 4, 10 y 12 para la explotación monopólica de la TV Cable.

Fuentes cercanas a la negociación informaron a nuestro matutino que Mulford le manifestó su interés en invertir en la televisión por abonados al propio presidente Jorge Batlle, cuya administración aprobó hace algunos meses un decreto que autoriza a ciudadanos extranjeros a ser permisarios de medios de comunicación en nuestro país.

El preacuerdo implica comprar cerca del 60% de las acciones de Equital y se debería pagar el 50% de la operación al contado; el 100% de las acciones de Equital está cotizado en 200 millones de dólares.

«Inadmisible»

Consultado el líder de la Corriente Popular (CP), Carlos Pita, afirmó que «este tema tiene que tener un tratamiento por parte del poder político democrático de nuestro país. Estoy absolutamente convencido que por parte de particulares no se puede disponer de la administración de transmisiones que tienen una regulación legal, ya que son usufructuarios de derechos de transmisión que son de la comunidad».

«Así como me opuse a la concesión restringida del derecho a transmitir televisión por cable en la oportunidad que se conformó este oligopolio, que en los hechos es un monopolio, mucho más me opongo a que este oligopolio termine siendo comercializado», enfatizó.

«No sólo se determinó el derecho a un lucro extraordinariamente alto, en términos oligopólicos y sin competencia en el Uruguay, sino que luego esto deviene en un lucro extraordinariamente elevado en la comercialización de ese derecho».

«Este es un tema que tiene que ser analizado en el ámbito legislativo, porque una decisión de esta naturaleza no puede ni debe ser adoptada por el Poder Ejecutivo por sí y ante sí», sostuvo.

«Ni que hablar que los particulares no tienen ningún derecho, desde el punto de vista de la comunidad, a lucrar con un permiso de uso y que ese permiso termine siendo utilizado por una empresa extranjera, con lo cual el Uruguay no tiene intervención nada menos que en materia de transmisión de medios masivos de comunicación».

«Máxima prioridad»

El parlamentario frenteamplista reclamó para este asunto «la máxima prioridad en la agenda política» y esta mañana propondrá en la reunión de bancada que el tema sea analizado en profundidad por el Parlamento. «No vamos a aceptar que esto sea resuelto únicamente por el Poder Ejecutivo y menos de esta manera», afirmó.

El legislador asignó especial importancia a los elementos vinculados a la comisión investigadora argentina que encabeza la diputada Elisa Carrió, los que «agregan componentes complejos a esta situación».

Pita recordó que se opuso tenazmente a la concesión de la TV Cable en un régimen oligolopólico, advirtiendo en su momento que en los hechos se iba a transformar en un monopolio en propiedad de los canales 4, 10 y 12.

«Esto se hizo en nombre de la mejor eficiencia de carácter nacional y de la trayectoria en el Uruguay de quienes tenían esa concesión.

Se le negó a otros empresarios uruguayos el derecho a la transmisión por cable, restringiendo la libertad de mercado poniendo como fundamento el conocimiento, la trayectoria ética y empresarial, la radicación en el Uruguay y el asentado compromiso con la comunidad de quienes terminaron siendo los concesionarios».

«Lo único que nos faltaba ahora es que los responsables del oligopolio, además de lo que ya lucraron, terminen entregando el servicio a empresarios extranjeros que no tienen absolutamente ningún grado de involucramiento con el Uruguay».

«La famosa defensa de las credenciales de los empresarios de los canales privados termina en una suerte de trágica tomadura de pelo para el Uruguay», advirtió. *