Llamadas a Mercado Abierto: no hubo responsabilidad de funcionarios de Antel

Después de un año de investigaciones sumariales, el Directorio de Antel resolvió el pasado 7 de agosto que «no se probó responsabilidad administrativa de funcionarios del ente» en la divulgación de llamadas telefónicas de Búsqueda a la financiera argentina Mercado Abierto, acusada de lavar dinero del narcotráfico.

El 10 de junio del año pasado LA REPUBLICA publicó varios números telefónicos, correspondientes a Mercado Abierto, a los que se había llamado desde el semanario Búsqueda. La información, entonces, era relevante ya que había ocurrido en medio de una investigación realizada por el ex director nacional de Policía, inspector (r) Roberto Rivero, sobre las actividades del Cártel de Juárez a las que la financiera estaba vinculada.

Rivero también había solicitado que se investigara la adquisición en 1997 por miembros del Cártel, de una residencia en Punta del Este que pertenecía al director de Búsqueda, Danilo Arbilla.

Los periodistas del semanario reconocieron que habían llamado a Mercado Abierto buscando información sobre su futura instalación en Uruguay. Enseguida, acompañados por dirigentes de APU, presentaron una denuncia en el Juzgado Penal de 4º Turno de Maldonado, por presunta intervención telefónica.

Sin embargo, las inspecciones técnicas ya habían demostrado que nunca hubo líneas pinchadas.

La resolución 1420/01 del Directorio de Antel dice que se trató de identificar a los usuarios internos cuyas claves figuraban como solicitando los duplicados detallados de las facturas de Búsqueda. El informe menciona cinco claves de la Gerencia de Tráfico y dos correspondientes a Carrasco Este.

Asegura que «la solicitud (de duplicados) se había efectuado mediante una llamada telefónica, sin que ninguno de los titulares de los servicios haya hecho la misma ni retirado los duplicados».

Sin embargo, asegura que «reglamentariamente se habrían cumplido todos los extremos necesarios para solicitar los referidos duplicados, por lo que no existiría responsabilidad administrativa de los funcionarios de Antel».

La resolución hace mención al trámite que se sigue en el Juzgado de Maldonado y a continuación considera que «no surge probada responsabilidad administrativa alguna de funcionarios de Antel», por lo que el presidente del ente, Fernando Bracco, ordena el archivo «sin perjuicio» de todas las actuaciones.

Ninguno de los funcionarios investigados había sido separado del cargo. *