VA pidió cese de Brezzo y Lausarot

Por otro lado, la dirección de dicho sector político descartó impulsar una reforma constitucional para frenar la ofensiva privatizadora –propuesta por otros grupos encuentristas– y señaló la necesidad de concentrar todos los esfuerzos en la recolección de firmas para derogar los artículos 612 y 613 del presupuesto que habilitan la venta de Ancel.

La directiva nacional de VA tras analizar la coyuntura política emitió la siguiente declaración.

«1. El país atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos tiempos.

La desarticulación del aparato productivo, afectado por problemas de rentabilidad y competitividad, agravado por el endeudamiento del sector agropecuario, el aumento de los niveles de desempleo, la pobreza y exclusión social, así como el estado de desesperanza de los uruguayos, expresado entre otras cosas por los niveles de emigración, colocan al país en una situación de emergencia que requiere de medidas urgentes y un cambio de orientación de la política económica implementada por el gobierno.

 

2. Reafirma la necesidad del diálogo en busca de acuerdos para superar la actual situación con un paquete de medidas que respondan a la emergencia económica y la contingencia social por la que atraviesa el país, en base a las propuestas presentadas por el Encuentro Progresista Frente Amplio a los diversos actores y organizaciones políticas y sociales. Las mismas persiguen la reactivación mediante el aumento de la demanda interna, profundizar las medidas para dinamizar la demanda externa, el aumento de la inversión del sector público y la concertación con el sector privado en los ámbitos institucionales disponibles para ello, como el Consejo de Economía Nacional.

Al mismo tiempo, el Plan de Emergencia plantea respuestas a la angustiante situación social por la que atraviesa un gran número de compatriotas, apelando a la búsqueda de amplios consensos presididos por un espíritu de justicia, apelando a los sectores con mayor capacidad de aporte a nivel público y privado mediante un impuesto solidario a los altos ingresos (salariales, de dividendos, rentas inmobiliarias o de otras fuentes), entre otras medidas de financiación.

En la implementación de los programas sociales debe aumentar notoriamente la eficiencia, haciendo que los recursos lleguen efectivamente y en forma urgente a sus destinatarios. Sobre esta cuestión es hora de pasar de las declaraciones de los actores políticos a las concreciones inmediatas.

 

3. Impulsado por su dogmatismo ideológico de matriz neoliberal antiestatista, y sus necesidades financieras, el gobierno del doctor Jorge Batlle ha puesto el pie en el acelerador en el proceso de transferencia de diversos servicios públicos prestados por el Estado, sin distinguir la importancia social o los resultados cosechados por la gestión de cada uno de ellos. Heredero de un importante déficit fiscal, y con el país en una profunda recesión, agravada por circunstancias de la escena regional e internacional, el gobierno apela a la receta ensayada por varios países latinoamericanos con desastrosos resultados que hoy están a la vista.

Distintos servicios públicos de telecomunicaciones y energía integran una larga lista de privatizaciones planteadas, con alto impacto para los intereses del país. Particularmente, por su importancia, requieren nuestro más atento seguimiento dentro de los planes de privatización y concesión a privados anunciados por el gobierno, el proceso de asociación iniciado por Ancap y las obras de reconversión y potenciación de las centrales termoeléctricas, que involucran un tema de indiscutible valor estratégico como es el de la política energética del país. Junto al tema de las comunicaciones, son los aspectos medulares en la tarea de defensa de nuestro patrimonio, que tiene como desafío central la derogación de los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto que comprometen el futuro de Antel.

La Vertiente Artiguista reafirma la importancia de la recolección de firmas para concretarlo, como aspecto medular de la estrategia de oposición a la ofensiva privatizadora, y considera inconveniente en la etapa actual, promover caminos de reforma constitucional u otras que pudieran distraer esfuerzos o confundir a la opinión pública sobre los desafíos centrales de la coyuntura. No obstante ello no se descarta la utilización de este instrumento en la presente legislatura.

 

III   En el actual contexto de dificultades económicas y sociales, en que el gobierno pide un creciente esfuerzo a los uruguayos, se impone el cuidado inflexible en los aspectos éticos imprescindibles en la función de gobierno, y la total transparencia en los asuntos públicos.

En función de todo ello, encomienda a sus legisladores el impulso de las orientaciones siguientes:

 

1. La investigación hasta las últimas consecuencias de los aspectos denunciados por la diputada argentina Elisa Carrió, que involucran a empresas y personas de nuestro país en presuntas operaciones de lavado de dinero.

 

2. Solicitar la inmediata remoción del presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, señor Ariel Lausarot, por considerar que una institución de tanta importancia para la vida de los uruguayos debe ser conducida por personas que merezcan amplios niveles de confianza y garantías en función de su apego a los principios elementales del ejercicio de la función pública. Resulta inadmisible que las sucesivas conducciones de dicha institución aparezcan involucradas en episodios de favoritismo a familiares y «gauchadas» político partidarias en forma irresponsable, erosionando las garantías básicas que se debe a la población.

 

3. Promover la publicación total de los pases en comisión en poder de todos los gobernantes, y su utilización de acuerdo con las normas legales y el estricto cumplimiento de las pautas éticas elementales que debe inspirar el ejercicio de la función pública. La crítica a los abusos en esta materia, no debería opacar la investigación hasta sus últimas consecuencias de los delitos de contrabando y las irregularidades detectadas.

 

4. Impulsar la remoción del ministro de Defensa, señor Luis Brezzo, en virtud del carácter insuficiente e insatisfactorio de las explicaciones brindadas al Parlamento, sobre el conjunto de insucesos de pública notoriedad ocurridos en su área de responsabilidad, y que evidencian serios problemas de conducción de dicho Ministerio.

 

5. Profundizar la indagatoria sobre los contratos y arrendamiento de servicios autorizados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en el período pasado costaron al país más de ciento ochenta millones de dólares, y promover iniciativas correctivas y de contralor del sistema, que se continúa utilizando con discrecionalidad y falta de transparencia en el actual gobierno.

 

IV   La Directiva Nacional expresa:

 

En relación a la cuestión de los derechos humanos, su total respaldo a la labor de la Comisión para la Paz en su búsqueda de la reconstrucción de la verdad y la memoria, y, en relación con los exhortos provenientes del Poder Judicial de la República Argentina, corresponde que el gobierno uruguayo dé trámite a los mismos, tal como disponen las normas legales y los acuerdos internacionales.

En materia internacional, ante la insistencia de sectores del gobierno para establecer un acuerdo bilateral con Estados Unidos conjuntamente con nuestra integración al ALCA, la Vertiente Artiguista reafirma con energía la importancia de profundizar los acuerdos regionales en el marco del Mercosur, área desde la cual se logrará un mejor posicionamiento negociador con el resto d
el mundo.

En relación al próximo IV Congreso del FA, reafirma su respaldo al proceso de actualización ideológica, y reitera su apoyo al documento aprobado por la mayoría, por su valioso aporte a la renovación de las propuestas y el pensamiento de la izquierda.

 

Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista – 18 de agosto de 2000″ *