La Fiscalía de Corte analiza las denuncias de Elisa Carrió

El ex director de la DGI será investigado por la Justicia

El fiscal de Corte Oscar Peri Valdez dictó el miércoles una resolución pasando los antecedentes del caso a la fiscal Miguez, quien se encuentra de turno en los juzgados de la calle Bartolomé Mitre.

La pieza contiene fundamentalmente recortes de prensa con la información que respecto a Joaquín Díaz y a su hermana ha sido publicada.

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que en esta misma jornada se realizarán las primeras actuaciones por el caso.

Por otra parte, la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, cuyo máximo jerarca es Peri Valdez, está analizando las denuncias de la diputada argentina Elisa Carrió sobre lavado de dinero en Uruguay, al que vincula entre otros a varios estudios jurídicos del medio.

Cuestión de familia

Días atrás se informó en varios medios de comunicación que Angela Díaz –hermana del ex director de la DGI Joaquín Díaz– figura integrando el directorio de más de 130 empresas, tanto como presidenta, directora o administradora.

Buena parte de estas empresas son Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), las que tributan en Uruguay pero desarrollan su actividad en el exterior del país y a las que no les es difícil ocultar quiénes son sus verdaderos dueños.

Otras empresas que dirige Angela Díaz tienen actividad económica en el país o son colaterales de otras de mayor envergadura.

Según informó el semanario Brecha en su edición del pasado viernes, Angela Díaz tiene su domicilio constituido en tres lugares, los tres relacionados al contador Juan Alberto Etcheverrito, quien posee una pública amistad con Joaquín Díaz.

En el derecho tributario las investigaciones se inician a instancia de parte, como fueron los casos en que la DGI denunció a los empresarios Alberto «Bebo» Bianchi y Pablo Boselli, quienes fueron procesados por defraudación tributaria.

Sin embargo, según abogados penalistas consultados, en este caso se debe investigar si se cometieron otros delitos previstos en el Código Penal, como el abuso de funciones o la conjunción del interés público y privado.

Díaz pidió ser investigado

El lunes Joaquín Díaz se presentó ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, para que investigue su patrimonio.

Díaz concurrió voluntariamente, sin mediar una orden judicial, a raíz de las denuncias publicadas en Brecha que lo involucran en forma indirecta con un supuesto esquema de protección fiscal.

Los directivos de la Junta procedieron a la apertura de los sobres con las declaraciones juradas sobre su patrimonio, y certificaron su contenido.

La Junta hará luego una evaluación de la información y actuará en consecuencia; esto es, «si encontramos irregularidades, se lo trasladamos al Fiscal de Corte» o, de lo contrario, archivamos el caso», dijo el presidente de la Junta Carlos Balsa. *

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