Korzeniak: Ideología nazi inspiraba al marino suicida

La Cámara alta analizó por algo más de cinco horas la situación imperante en la Armada Nacional, como consecuencia del robo de municiones, el suicidio del oficial que estaba a su cargo y que fuera sumariado, y la posterior renuncia del comandante en jefe de la Armada Nacional, Francisco Pazos.

La sesión terminó sin ninguna resolución concreta aunque el Encuentro Progresista se manifestó insatisfecho con las explicaciones de Brezzo y analizará si promueve nuevas instancias políticas.

El Partido Nacional no se pronunció durante toda la sesión.

El ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, afirmó que la renuncia del comandante en jefe de la Armada Nacional, Francisco Pazos, «no fue una conversación de boliche, ni fue el ministro el que le pegó un empujón y una patada para que se vaya».

Fernández Huidobro (MPP) circunscribió su intervención en cuatro capítulos: a) el robo de las municiones de la repartición militar; b) el suicidio del teniente de navío que estaba a cargo de esa dependencia; c) las medidas administrativas y judiciales; y d) la renuncia del comandante en jefe de la Armada Nacional Francisco Pazos.

En relación al primer punto, el senador encuentrista desea saber «en qué fecha se enteró el ministro y la Armada del robo de municiones, y la forma en que lo hizo».

Otra de las preguntas refiere al alcance de ese robo, así como los controles que se efectuaban en esa repartición, y el personal que estaba a cargo del mismo.

El legislador del MPP inquiere sobre si los involucrados en este hurto «son militares y/o civiles», y si han sido «detenidos o arrestados».

Asimismo, «si se realizaron inspecciones o ‘allanamientos’ en casas de civiles», y la cantidad o no de material recuperado; quería saber «cuándo, dónde y quién lo tenía».

Sobre este mismo capítulo, Fernández Huidobro preguntó si «¿alguien fue alejado del cargo, además del comandante en jefe».

El parlamentario encuentrista efectuó un racconto de insucesos protagonizados por la Armada Nacional y, en particular, sobre este último hecho indicó que «se enteró por la prensa» y que era indispensable una respuesta oficial.

Concretamente en lo referente al faltante de municiones, el subsecretario del MDN, Roberto Yavaronne, indicó que el faltante de municiones 9 milímetros, de 762 milímetros y de las definidas 30.06, ascendía a 19.320 unidades, sobre un stock total en esa repartición de 1.100.000 proyectiles.

«De las 19.320 unidades faltantes, razonablemente justificadas de uso está el 50%», manifestó.

Posteriormente, el subsecretario especificó que «6.000 proyectiles precitados originales» estaban en poder de un civil, al cual el teniente de navío González le había suministrado las mismas para disminuirles la potencia y poder ser usadas en práctica de tiro.

Las entregadas por el civil fueron 1.500 unidades de 7.62 milímetros; 980 unidades de la 30.06, y 4.000 proyectiles 9 milímetros.

El ministro Brezzo admitió que se trató de «una situación irregular», y que tomó cartas en el asunto, primero la Justicia Militar, y posteriormente, a su instancia, la Justicia Civil.

«Un nazi loquito»

Pero la sesión subió de voltaje, cuando el senador socialista José Korzeniak consideró que en el fondo de este hecho estaba la posibilidad de que estas municiones fueran destinadas a la comercialización y la vinculación con organizaciones de extrema derecha.

«La gente lo consideraba un nazi loquito, y yo lo avalo. Era un hombre, un loquito de ideología nazi, quien leía Mi Lucha de Hitler», dijo Korzeniak al referirse al responsable de esta tarea de contralor del armamento, el cual luego de ser arrestado se suicidió, situación trágica que Korzeniak lamentó.

Según información que dijo poseer, el senador encuentrista agregó que ya en el año 2000 se constataron faltantes de 2.000 proyectiles 7.62 milímetros, «y no hubo actuación de la Justicia ni sumarial».

En otro caso, recordó que el entonces comandante Pazos había resuelto destruir una caja de 20 kilos de explosivos de origen argentino, y se le encomendó esa tarea al aludido González, quien «se quedó con cuatro kilos de explosivo».

El ministro Brezzo señaló que se hace difícil «contestar versiones que recibió Korzeniak en una forma misteriosa o que en todo derecho no quiere contestar quien las proporcionó».

«Si hay un amigo de La Paloma o del barrio, en una fuerza, en la Armada, en oficina pública, si tiene elementos suficientes, se va a la Justicia» o si se trata de la vía administrativa, «tiene en el Ministerio una puerta abierta», sostuvo Brezzo.

Korzeniak contestó que si el propio Ministerio no procedía a efectuar denuncias, él lo haría en particular, como lo hizo años atrás en el caso de la investigadora del Banco de Seguros.

Minutos antes, Korzeniak también había vinculado a González con un militar de orientación fascista y señaló que las municiones eran compartidas con un civil que ocupa un alto cargo en un lugar que no es el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo nombre no lo revelaría para no ocasionar un enfrentamiento político pero que sí se lo dará al secretario de Estado.

«No largue al boleo cosas sobre personas que no están», indicó Brezzo.

«No he largado al boleo nada. He dicho que este señor, que me duele mucho por lo que le pasó, participó de otras maniobras delictivas de robo. ¿Por qué lo digo? Porque lo conozco», sentenció Korzeniak.

«No lo voy a decir»

Ante la consulta de Fernández Huidobro sobre cómo se dieron las circunstancias de la renuncia de Pazos, Brezzo dijo estar «inhibido de relatar una conversación privada». «¿Se amonestó, se sancionó? No lo voy a decir. Me pidió el pasaje a retiro. Pazos es una persona de bien que no merece más nada después que pasó a retiro», agregó.

Respecto a la jurisdicción de este insuceso, Brezzo sostuvo que el 1º de agosto le comunicó al entrante comandante en jefe, Carlos Giani, que «se debe dar paso a la Justicia Civil, al haber indicios fuertes de participación de un civil».

En esas diferencias entre el Supremo Tribunal Militar y el MDN se prefirió «manejarnos con prudencia y equilibrio».

Las explicaciones del reservista «¿eran atendibles?, ¿es una situación normal o extraño, ajeno, no habitual?, preguntó el senador Rafael Michelini del Nuevo Espacio.

«En este caso era una situación irregular», expresó Brezzo.

Para la senador comunista Marina Arismendi, «es raro en las Fuerzas Armadas que algún particular haga algo con esas municiones».

«Me parece que desde el punto de vista de la dimensión, lo que implica que haya municiones magnum volanteadas por allí, es otra cosa», añadió.

El subsecretario Yavaronne indicó que en la inspección en Santa Bárbara, se perciben «movimientos inusuales, consumos excesivos. Y se desencadena el resto de las investigaciones».

Posteriormente, «convocado el teniente de navío González, no logra explicaciones convincentes e informa que parte de esa munición estaba en poder de ese civil».

«¿Alguien constató si lo que entregó era todo lo que tenía? O sólo tenemos las municiones que entregó el civil sin que se verifique por nadie si hay más?, inquirió Michelini.

Brezzo respondió que interrogado González dijo que le entregó las municiones al civil, le llamó por teléfono, el civil aceptó, que fueran a buscarla y el civil las entregó.

«El grupo de la Armada no estaba en condiciones de allanar el domicilio. Si había más tendrá que determinarlo la acción de la Justicia o d
e la Policía», afirmó Brezzo. El senador Reinaldo Gargano preguntó si ese civil fue detenido e interrogado. «Las FFAA no pueden llevar preso a un civil. Eso lo determinará el juez ordinario. La Justicia militar convocó a declarar al civil. ¿Qué declaró? No lo sé», manifestó Brezzo.

Y replicó Gargano: «Naturalmente que determinará la Justicia civil, pero el ministro demora un mes en comunicarlo a la Justicia civil».

En tanto, el senador quincista Alejandro Atchugarry destacó que «es la propia Armada la que detecta este asunto».

«Aburguesado y viejo»

En su intervención, José Mujica (MPP) dijo estar «aburguesado y viejo para ser soldado: las modas pueden cambiar». «Sobre cantidades del arroz y el fideo, vaya y pase, pero por las armas y las municiones, no es tanto y tanto, salvo que las cosas hayan cambiado mucho», precisó.

Fernández Huidobro insistió con «el prolongado silencio oficial, que gracias al periodismo de este país llegaron a la opinión pública».

Agregó que le llamaba la atención que coincidiera la finalización de la investigación ministerial «justo cuando informó» la prensa.

«Se manejó con torpeza», y «es como un cuento de Gila», indicó.

«El oficial avisó a la Armada que se estaba vendiendo material. Empieza la investigación. Arrestan e interrogan al oficial encargado. Le avisan los investigadores que el sospechoso le avise al cómplice que tiene que devolver 6.000 municiones», relató irónicamente Fernández Huidobro.

A su entender, «es un cuento de Gila por no decir otra cosa». *