EP ratificó diálogo y oposición a planteos económicos oficiales

Encabezada por su presidente, Tabaré Vázquez, se reunieron por segunda vez la bancada de legisladores de la izquierda, la Mesa Política del FA, la Coordinadora del EP, la Agrupación de Gobierno Departamental y la Comisión de Programa integrada de ambas fuerzas. La reunión se realizó en un salón del hotel Riviera y duró más de tres horas.

«Analizamos la situación de emergencia que el país vive para vastos sectores de la población a escala social y productiva, que denunciamos en la campaña electoral y que no sólo se han confirmado las denuncias, sino que la situación se ha agravado por factores externos e internos de nuestro país», dijo Vázquez .

El dirigente dejó claro la línea que mantendrá su fuerza en materia económica: «Estamos absolutamente en desacuerdo con el anuncio del equipo económico del gobierno».

Asimismo señaló su discrepancia ante el planteo de la «disminución del gasto público en los sectores que se establecieron» y la «caída de la inversión indiscriminada como se está planteando, (que) puede llevar a graves situaciones en cuanto a la generación de puestos de trabajo». «No estamos de acuerdo en lo que va a ser una reducción real del salario de los trabajadores estatales y además se va a extender al sector privado (y) del impacto negativo que va a tener sobre el ingreso del sector pasivo», agregó.

Vázquez también manifestó su desacuerdo con las medidas propuestas para «contemplar la situación del agro», las que calificó de «absolutamente insuficiente»; y además criticó al gobierno por no tener en cuenta la «situación de la industria y del turismo». Por otra parte, Vázquez señaló que se consideró –y en los hechos aprobó– el proyecto de reforma al Código Penal que redactó el penalista Gonzalo Fernández, y que ahora «está a consideración de los juristas de la Lista 15″. La redacción del proyecto revela un acuerdo entre el primer mandatario y el líder de la oposición. Tal como adelantara LA REPUBLICA en la víspera, Fernández redactó un proyecto de 28 artículos que deroga el Código vigente (ver pág. 3). Esta mañana, Fernández recibirá el proyecto de Ley de Urgencia del Poder Ejecutivo, el cual será analizado por la izquierda. «Tenemos quince días para estudiar la ley de urgencia», señaló Vázquez, quien anunció que después solicitará una entrevista con el presidente, Jorge Batlle, para entregarle la respuesta. Vázquez también señaló su acuerdo respecto a la iniciativa de Batlle para solucionar el tema de los desaparecidos: «Este no es un tema de un sector de la sociedad uruguaya, sino de la sociedad en su totalidad. Compartimos ese criterio, como el de la reserva y que el mismo no debe ser partidizado».

«Perfiles»

Si bien hay consenso en las filas de izquierda en cuanto a la posición ante la política económica y la apertura al diálogo del gobierno, las diferencias surgieron cuando se analizó la votación de las venias que enviará el Ejecutivo al Senado para votar a los directivos de los entes autónomos y descentralizados. LA REPUBLICA pudo saber que los antagonistas de la discusión fueron Asamblea Uruguay y el Partido Comunista.

«En la reunión hubo dos perfiles: algunos compañeros consideran que hay que mantener la decisión de la anterior legislatura de no votar las venias. Para nosotros desde el punto de vista formal tiene un alto contenido político que no le hace bien a nuestra fuerza política, porque nos conduce a un aislamiento», dijo el senador de Asamblea Uruguay Alberto Cid a LA REPUBLICA. «El hecho de votar a rajatabla nos saca un instrumento político que es la argumentación ante cada situación», agregó Cid. «Una cosa es decir no porque es una decisión política y otra es decir no porque consideramos que la persona no es la adecuada». El legislador señaló que «este es un momento en que no se intenta aislarnos políticamente y si nos aferramos a una postura negativa, dejamos a Batlle en las manos del Herrerismo, que lo condicionará para que no acepte nuestras propuestas de cambio».

Fuentes participantes de la reunión señalaron que la senadora comunista Marina Arismendi fundamentó su oposición a votar las venias propuestas por el Poder Ejecutivo en la postura negativa del gobierno a que la izquierda integre la dirección de los entes autónomos y los organismos descentralizados. Las fuentes agregaron que los legisladores socialistas Reinaldo Gargano y Guillermo Alvarez se inclinaron por la postura de Arismendi, si bien se mostraron partidarios de estudiar algunos casos. «Creemos en normas parejas. No se puede tener una actitud para una cosa y para otra no. Nos negaron la participación cuando tenemos el 40% de los votos», señaló Gargano, quien añadió que «se puede tener alguna excepción», según señalaron las fuentes.

Según las fuentes, la intervención de Vázquez finalizó la discusión: «Es un tema problemático y hay que discutirlo con profundidad», dijo el ex candidato presidencial. El tema será discutido por la Mesa Política, que fijará la posición de la fuerza al respecto. Ni la Alianza Progresista, ni el Movimiento de Participación Popular se pronunciaron al respecto y los delegados de la Vertiente realizaron «consideraciones generales». Al cierre de nuestra edición, la dirección de la Vertiente se encontraba discutiendo sobre el tema.

«Inconstitucional»

En la tarde, la Mesa Política aprobó «en general» un documento que analiza la «actual coyuntura en el sentido amplio del término», explicó el economista Daniel Olesker. El economista señaló que a nivel económico «los dos grandes ejes» del FA serán «el empleo y la competitividad de los sectores productivos». Olesker señaló su «convencimiento» de que va a haber dos «crisis muy profundas» en la «seguridad social y la salud». Olesker anunció que junto a los economistas Astori y Couriel y el senador de la Vertiente Enrique Rubio, presentarán la semana próxima un documento con la propuesta económica de la izquierda. Además, la Mesa Política aprobó una moción donde señala que es «inconstitucional» el decreto que crea una dirección única para los servicios de inteligencia bajo el mando militar. En tanto, la Corriente de Izquierda presentó una queja por la forma en que se designaron en el FA los tres cargos políticos en el Palacio Legislativo, solicitando que se anulen y se llame a concurso para elegirlos de vuelta. El sector más radical del FA propuso además la suspensión del diálogo con el gobierno.