Grupo de abogados rechazó medidas de flexibilización anunciadas por Bensión

En la carta dirigida a la opinión pública, los letrados señalan la «falsedad» del principio fundamental de la ideología liberal y advierten que el Estado «sigue siendo tan intervencionista como aquel que se fortalece en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial».

A continuación, transcribimos textualmente la misiva:

«Los firmantes, abogados de nuestro país, queremos puntualizar lo siguiente en relación a las medidas de flexibilización anunciadas por el ministro Bensión.

Tal como ha ocurrido en los últimos tiempos, una vez más el Estado Uruguayo, apelando a su vieja impronta intervencionista, decide incidir en la relación capital-trabajo con la clara intención de desproteger a uno de sus actores –el trabajador– cuya condición es ser precisamente la parte más débil de dicha relación, desregulando uno de los fenómenos sociales clave de la evolución histórica de todos los tiempos: el trabajo asalariado.

De esta forma, estas políticas vienen garantizando una libre y vertiginosa acumulación de capital en pocas manos y a cualquier precio, inclusive al costo del fortalecimiento de las bases de la más formidable desigualdad social y económica por la cual atraviesa hoy la clase de los que viven de su trabajo, generando condiciones que resultan comparables a las propias de la primera y segunda revolución industrial, en que pese a la evolución desde la linotipo al software, el escenario en el que actúa la realidad humana del trabajo sigue siendo el despojo, al son de la vieja letanía de los mismos discursos.

El día miércoles 27 de junio, el ministro de Economía, contador Alberto Bensión, en un almuerzo con empresarios, según lo ha señalado toda la prensa de nuestro país, y lo ha reconocido el propio gobierno, anunció que con intención de «fomentar el empleo y mejorar la competitividad» se adoptarán medidas tendientes a la flexibilización respecto de determinados límites al horario de trabajo, así como trabajo extraordinario, licencia, descansos, es decir, la modificación de marcos jurídicos de orden público, que tienen como objetivo la protección, entre otros, de la integridad psico-física del trabajador.

Varias consideraciones nos merece la vocación flexibilizadora del gobierno, que sin hesitación alguna entendemos, constituye un nuevo ataque a la historia y esencia del Derecho del Trabajo Nacional.

La primera, con estas medidas se insiste en subordinar y someter la política social y todos los aspectos de la vida individual y colectiva, a las necesidades del mercado y sus políticas económicas, replanteando una de las causas de los diversos episodios de barbarie que han enlutado a la humanidad.

Otra, ha quedado nuevamente en evidencia la falsedad del principal postulado de la ideología liberal, cual es el retiro o retracción del Estado como agente regulador en el mundo de los sistemas (económico, laboral, educativo, de salud, etc.), en el cual se debate diariamente la cuestión social. El estado liberal sigue siendo tan intervencionista como aquel que se fortalece en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Lo que distingue a uno y otro no es su condición de interventor, condición además inherente de toda expresión estatal, sino el interés que se protege a la hora de intervenir o abstenerse en toda la dimensión del quehacer humano y en particular en el marco del conflicto capital-trabajo, eje articulador de las sociedades de la era contemporánea.

Así como el Estado intervino desde principio del siglo XX y hasta los años 70 para proteger a la parte débil en la relación de trabajo, dispensando un trato jurídico y formal diferenciado, para compensar la desigualdad económica. Hoy, el mismo Estado interviene para dejar a quien no tiene más capital que su fuerza de trabajo, a expensas de las imperiosas necesidades de un mercado, para el cual, ni el respeto por la vida, la ecología, la niñez, la salud, etc., parece ser un límite a su feroz ansia de salvaje reproducción.

Pero también ha quedado en evidencia la falsedad de los móviles de las distintas políticas flexibilizadoras. Cuando el ministro de Economía expresa que se pretende fomentar el empleo y mejorar la competitividad de las empresas, cabría preguntarse ¿qué tipo de empleos?, ¿acaso aquellos en los que las mujeres de nuestro país, ya polivalentes desde su niñez y en el hogar, laboran 13 o 14 horas sin descanso, en condiciones infrahumanas, al margen de toda protección, muchas veces reclutadas en talleres cuasi-clandestinos en un proceso de descentralización empresarial, en el que ni siquiera conocen la identidad de su verdadero patrón? ¿O aquellos en los que los trabajadores no encuentran más alternativa que dejar su reserva de salud en manos de su empleador a cambio de salarios vergonzosos que explican el estado actual de debacle de nuestra sociedad?, ¿conoce el señor ministro las condiciones de trabajo en el medio rural? Cabría recordar como ejemplo que en el giro de la forestación, en el que se han implicado los grandes capitales nacionales e internacionales, favorecidos por jugosas exoneraciones tributarias, un trabajador percibe 30 centésimos por árbol talado, con la exigencia de 500 por día, sin alimentos, sin implementos de seguridad, sin límites horarios, y violentamente reprimidos ante la inminencia de organización gremial.

¿Y qué tipo de competitividad se pretende mejorar?, ¿aquella que tiene como soporte un modelo empresarial, como el demostrado por las más de cuatrocientas empresas de seguridad inscriptas en el Ministerio del Interior, o las vedettes del mercado de servicios, las empresas de limpiezas, insolventadas en forma tendenciosa para no asumir responsabilidades laborales frente a sus trabajadores?

Pero más grave aún, el señor ministro, y los defensores de su proyecto, han esgrimido como fundamento, uno de los velos más evidentes de inmoralidad que empaña todo esto. Sostienen que de hecho la flexibilidad ya existe. Nosotros decimos que eso es cierto. Pero lejos de revertirla para restablecer el imperio del derecho, se pretende legitimarla, convirtiendo en ley una modalidad de prestación del trabajo que ha resucitado el viejo sistema de esclavitud aggiornado a las nuevas necesidades del proceso productivo.

Pero además dicho fundamento es flagrantemente incoherente, salvo que el Ejecutivo nos sorprenda con un proyecto mediante el cual se despenalice la rapiña, ya que por razones sociales, de hecho existe y aumenta día a día.

Vergonzosas resultan las expresiones del señor ministro de Trabajo, Alvaro Alonso, vertidas en el semanario Búsqueda del 5 de julio del corriente, quien dice «… siempre el mercado juega…» y ante la pregunta de si se aceptan determinadas condiciones porque no hay más remedio, contesta «… pero no es bajarse los pantalones, es asumir realidades…». El señor ministro expresa además «…estamos todos en el mismo barco. Nuestras empresas tienen que poder trabajar y debemos asumir que estamos frente a realidades cambiantes».

Nos preguntamos ¿están en el mismo barco la multinacional Shell, primer terrateniente de nuestro país y sus trabajadores sometidos a condiciones ya intolerables?, ¿comparten acaso la misma suerte los trabajadores, con los capitales que explotan la bebida, casi monopólicos, con los negocios del Reverendo Moon, con los poderosísimos grupos económicos afectados a la pesca que han devastado nuestra riqueza ictícola, con las empresas de transporte a cuyo servicio se ha desmantelado el ferrocarril, y con los grandes capitales que han convertido en bosque el norte de nuestro país? ¿y qué decir de las empresas de intermediación financiera? ¿y las monopólicas empresas tabacaleras? ¿y las enormes cadenas de súp
er, e hipermercados? ¿acaso el hipermercado Géant comparte su suerte con sus empleados?

Ya es hora de poner las cosas en sus justos términos, porque el aleteo de la mentira no es cobijo seguro en el alma de los pueblos. Ninguna de estas medidas flexibilizadoras ha dado resultado en términos de crecimiento del empleo. Debemos tener en cuenta que la aprobación del artículo 29 de la denominada «Ley de Inversiones» increíblemente retroactiva, que despojó créditos laborales existentes, tuvo también el mismo argumento, generar empleo. La denominada Ley de Promoción del Empleo Juvenil que habilitó a contratar mano de obra juvenil barata y precaria, impidiendo a los jóvenes relevos del mercado de trabajo, el cobro de indemnización al cese de su vínculo y sin seguros de desempleo, también tuvo el mismo argumento, generar empleo. Sin embargo según los datos oficiales nos aproximamos a un 20% en la tasa de desempleo, y la situación no parece revertirse.

Hoy, se insiste en el mismo camino, con el beneplácito de las cámaras empresariales.

Mediante las propuestas del señor ministro Bensión, se eliminan de nuestro derecho los sellos de oro de los José Batlle y Ordóñez, de los Emilio Frugoni, de los Domingo Arena, de los De Ferrari, de los Barbagelata, pero más importante aún, de lo más elevado de la conciencia jurídica que no pudo pasar por alto las legítimas exigencias de la movilización obrera reclamando el respeto por su condición humana, lo cual constituye uno de los pilares del derecho del trabajo. «El trabajo no es una mercancía» fue una de las consignas para lograr la paz en algún tratado internacional ya olvidado en los anaqueles del posmodernismo.

Cuando en 1915, se establecían los límites horarios a la jornada de trabajo, mediante la Ley 5.350, no se regulaba simplemente el trabajo efectivo de los carreros de playa y los conductores de tranvía, se establecía un modelo con indudables implicancias en toda la sociedad y que partía del entendido de la condición humana del que vende su trabajo.

Aquella fórmula jurídica estampaba un proyecto de sociedad sobre la base del respeto y el reconocimiento, valores hoy también archivados en los anaqueles de los exitosos «nuevos empresarios».

No hubo mejor prueba de certeza jurídica de aquella fórmula, que haber sobrevivido ni más ni menos que el convulsivo siglo XX. Allí se fundamenta la limitación de la jornada en razones de salud, familiares, democráticas, de justicia y, de garantía para aquellos que por la vía de los hechos ya habían logrado limitar su jornada.

La firmeza de los términos del régimen de limitación de la jornada de trabajo, del descanso intermedio y semanal, así como la preceptividad del goce y continuidad de la licencia del trabajador se compadece con el bien jurídico que se tutela: la integridad psicofísica, el derecho al descanso y la recuperación de la fuerza vital, única reserva de quien se encuentra sometido a una relación laboral y directamente vinculada a la cohesión e integridad de la familia y al desarrollo intelectual del trabajador en cuanto miembro pleno de la sociedad, en la medida en que al recuperar su libertad usa para sí su tiempo libre.

La flexibilización de dicho régimen implica un evidente debilitamiento de la conciencia de la importancia de semejante derecho, habilitando un mecanismo en el que el empleador podrá apropiarse de una porción de tiempo de su trabajador con una calidad distinta ya que arrastra tras de sí la imposibilidad del ejercicio de aquellos derechos esencialmente humanos.

Es por todo lo expuesto que consideramos que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, contador Bensión, apuntan contra uno de los aspectos claves del carácter protector del Derecho Laboral, diluyéndolo a su mínima expresión, y poniendo una vez más sobre los hombros de los que viven de su trabajo las consecuencias de las transformaciones actuales del sistema de producción de bienes y servicios.

En consecuencia, quienes suscribimos el presente, abogados de este país, muchos de nosotros abocados al Derecho del Trabajo, y asesores en algunos casos, de diversos sindicatos de trabajadores, queremos por este medio expresar nuestro indeclinable rechazo a las medidas anunciadas por el ministro Bensión. Llamamos además a todos los ciudadanos honestos de la República, a todos los trabajadores organizados o no, así como a las instituciones comprometidas con el Derecho del Trabajo a cerrar filas en defensa de uno de los pilares del estado democrático, el derecho de sus trabajadores.

Siguen firmas:

Doctores Daniel Parrilla, Amelia da Cuña, Isabel Cammarano, Nahir Presa, Fernanda Albistur, Pablo Maqueira, Delia Rodríguez, Alvaro Ferrín, Gonzalo Ultra, Rosa Chiacchio, Pablo Turban, Marisa Arce, Patricia Pérez, Ernesto Liotti, Javier Salsamendi, Juan A. Roballo, Mary Galiano, Juan Carlos Villanueva, Washington Alchurrut, Nelson Díaz, Carolina Vidarte, Fernando Delgado, Brenda Ibarra, Maricelda Cancela y Gabriela Basico». *