Batlle y Vázquez impulsan un nuevo Código del Proceso Penal

El proyecto consta de 28 artículos y fue redactado en su totalidad por el asesor jurídico de Vázquez, el abogado Gonzalo Fernández, profesor de Derecho Penal, grado 5, de la Universidad de la República.

El primer artículo establece la derogación de las leyes 16.893 de 1997 y la ley 17.221 de 1999. La primera sancionó el CPP impulsado por la administración Sanguinetti y la segunda le introdujo algunas modificaciones para intentar su entrada en vigencia.

El segundo artículo plantea la creación de una Comisión Especial para analizar con participación de todos los actores la reoforma del Proceso Penal.

Un borrador de ese texto ya fue entregado a los asesores del presidente Batlle, Carlos Ramela Regules y Leonardo Costa, así como al senador Alejandro Atchugarry, quienes a su vez lo trasladaron al primer mandatario. Según confiaron fuentes políticas, «el Presidente ya adelantó que avala su contenido».

Dentro de la coalición de izquierda, están al tanto, además de Vázquez, los diputados Jorge Orrico y Daniel Díaz Maynard, ambos abogados.

En diciembre, Batlle había anunciado a la Suprema Corte de Justicia que impulsaría una revisión del nuevo Código del Proceso Penal. LA REPUBLICA publicó el pasado 18 de febrero que el Presidente era partidario de su derogación total.

Nuevo trato

El emprendimiento se inscribe en el fluido diálogo establecido oficialmente entre el gobierno electo y la coalición de izquierda, a partir del resultado electoral del 28 de noviembre.

Fue precisamente Batlle quien sugirió a Vázquez el nombre de Gonzalo Fernández para redactar el proyecto, durante el primer encuentro celebrado el lunes 17 de enero en la casa del líder izquierdista.

En su fugaz pasaje por el Parlamento, durante la pasada legislatura, suplantando al senador socialista Reinaldo Gargano, Fernández tuvo oportunidad de dialogar sobre el tema con Batlle. Ambos, informalmente, coincidieron en su visión crítica hacia el nuevo Código del Proceso Penal.

En el marco del canal de conversación de ida y vuelta establecido, los representantes Gonzalo Fernández y Carlos Ramela acordaron la metodología de trabajo al cabo de la primera reunión que tuvo lugar el 25 de enero.

El proyecto de ley será recibido y analizado hoy por la agrupación parlamentaria del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), a los efectos de preparar su ingreso al Parlamento . Vázquez se reunirá esta mañana a partir de la hora 9 con los 52 legisladores (40 diputados y 12 senadores) de esta fuerza, en el Salón Flamingo del Hotel Riviera, con el propósito de coordinar las futuras acciones legislativas (ver nota aparte). No se descarta que en las próximas horas Vázquez entregue formalmente a Batlle el articulado. Para mañana está previsto a su vez que el Presidente haga llegar al líder izquierdista el texto de la ley de urgencia, negociado entre blancos y colorados (ver nota aparte).

Reformas puntuales

El proyecto de ley introduce una serie de reformas puntuales al proceso penal con el objetivo de dotarlo de mayor celeridad y eficacia. No requiere, para su puesta en práctica, recursos adicionales y utiliza la infraestructura edilicia ya existente de sedes penales.

En su columna vertebral, el proyecto plantea la eliminación del carácter reservado del presumario; crea un «doble juez», de instrucción y de sentencia (de los 21 Juzgados penales 12 se transforman en tribunales de instrucción y 9 de sentencia) para dar mayores garantías al justiciable; además elimina uno de los cuatro períodos de prueba (el de la ampliación sumarial) y establece el carácter perentorio de algunos plazos: por ejemplo, en el presumario se establece un plazo máximo de dos años, al cabo del cual hay que adoptar resolución.

El texto deroga en su totalidad el Código del Proceso Penal, redactado por el fiscal de corte Oscar Peri Valdez y el doctor Amadeo Ottati, e impulsado desde el gobierno anterior por el canciller Didier Opertti, a instancias del presidente Sanguinetti, y plantea la creación de una comisión parlamentaria para estudiar una reforma al proceso penal a escala legislativa.

Polémica

El CPP fue sancionado en diciembre de 1997, prácticamente a tapas cerradas, por las dos Cámaras del Parlamento. Su vigencia fue postergada por tercera vez, a fines de 1999, hasta el 1º de febrero de 2001. El código debía regir desde el 12 de febrero de 2000, pero el impedimento legal de aprobar recursos presupuestales en el año electoral determinó el nuevo aplazamiento.

El texto supone un cambio profundo en las estructuras de los juicios penales en el país con la implantación de juicios orales y públicos, lo cual requiere de recursos para crear nuevos cargos de jueces, fiscales, defensores de oficio y médicos forenses, además de la construcción de locales adecuados para las audiencias.

La Suprema Corte de Justicia estimó que para poner en práctica el nuevo CPP se requiere una partida inicial de 4 millones de dólares. A fines de 1998 fracasó una iniciativa para poner en funcionamiento el CPP en forma experimental en los departamentos de Salto, Rocha, Flores y Durazno.

No obstante, además de los recursos, fueron planteadas objeciones de fondo, no sólo desde la Suprema Corte de Justicia, sino también desde los propios magistrados, juristas y abogados. El ministro Raúl Alonso De Marco indicó que el CPP tiene «mucha cosa mala», como las normas que limitan la actividad de la prensa, por lo que entendió que su contenido debería ser revisado en la nueva legislatura.

El fiscal de corte, por su parte, señaló que el Ministerio Público está preparado para su aplicación y afirmó que la nueva postergación no afecta a la fiscalía. En su defensa, el abogado y diputado forista Alejo Fernández Chaves dijo que el CPP «es bueno para el país y significa una modernización brutal».

El código también prevé el cambio del titular de la acción penal, que ahora quedaría definitivamente en manos del fiscal.

Contiene a su vez un capítulo especial dedicado a la prensa en el que introduce importantes restricciones a la labor periodística.