Interpelación a Cáceres

El próximo 27 de julio se rematará en subasta pública el 80% del paquete accionario de la sociedad anónima creada entre la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para la explotación de la terminal del puerto de Montevideo.

El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) expresó que el tono empleado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, y el cuestionamiento del derecho parlamentario del Encuentro Progresista-Frente Amplio a informarse sobre el proceso de pasaje a la órbita privada de la gestión de la playa de contenedores representan «pruebas de debilidad».

«Acá no hay que dramatizar este tipo de situaciones ni rasgarse las vestiduras ni atribuir intenciones a los otros. Eso son pruebas de debilidad», sostuvo Rubio.

Ayer en la tarde la bancada encuentrista analizó la estrategia a desplegar en el llamado a sala, que se iniciará con una exposición de Rubio, de aproximadamente una hora y media.

Rubio dijo a LA REPUBLICA que «si el ministro cree que tiene fundamentos sólidos para hacer lo que viene propiciando que los exponga y clarifique ante el Parlamento».

«La bancada del Encuentro Progresista no tiene preconceptos. Convocamos para que nos informen sobre cuestiones que no comprendemos, sobre otras que nos resultan inconsistentes, otras preocupantes, fuera de lugar o inconvenientes desde el punto de vista económico del país y que pueden tener impactos negativos en materia de soberanía y de desarrollo de la ciudad de Montevideo», consideró el legislador.

Interrogantes

Para Rubio, «se trata de entender la razón por la cual siempre se habló de una terminal especializada de contenedores, ahora se habilitan tráficos de otra naturaleza de mercadería no contenerizada».

«Queremos entender porque si siempre se planteó no propiciar y combatir los monopolios privados, aquí se van a admitir precios diferenciales sobre la base de un precio tope que es muy alto», agregó.

Por tanto, «no entendemos cómo toda la teoría del ministro Cáceres que expuso largamente durante años en la Cámara de Diputados y en distintos ámbitos acerca de que con la privatización se iba a reducir prácticamente a la mitad la tarifa del movimiento del contenedor, ahora prácticamente propone lo mismo que se está aplicando».

Según Rubio, «sobre la base de un techo bastante alto, si se habilita por otro lado tarifas diferenciales y llega a ser una naviera la que integre el consorcio que compre, estaríamos habilitando un desarrollo que eventualmente puede terminar en un monopolio privado».

Absorción de funcionarios

Asimismo, Rubio quiere saber cuál es el motivo por el que se elige un mecanismo de absorción de funcionarios que «va a ser gravoso para la ANP porque lo paga la ANP, y gran parte de los funcionarios se van a trabajar a la actividad privada, y no se entiende por qué el canon (la renta que se pagará) es tan bajo».

Por otra parte, «no se entiende por qué los compromisos de dragado son tan importantes por parte del Estado, y no se entiende por qué hay un desarrollo espacial tan espectacular y tan diferente a todas las licitaciones anteriores».

En ese sentido, Rubio graficó que «estamos hablando de una superficie que tomando la escollera Sarandí como referencia se extiende hacia la terminal y cubre una zona que no tiene menos de 45 hectáreas en conjunto, incluyendo la terminal y la desafectación del muelle que ocupa hoy la Marina». *