Sesión secreta en San José terminó a golpes de puño

La sesión del lunes era secreta y en ella se discutió si la población tenía derecho a conocer si el BSE pagaba el Seguro a la Intendencia por la rapiña que sufriera un funcionario al transportar el dinero de la contribución.

En un hecho sin precedentes en la historia de la Junta maragata, los ediles Elzeario Boix (de la Lista 50) y el representante cerdeñista Alvaro Pianzzola se tomaron a golpes de puño, tras increparse mutuamente. Ambos incluso se desafiaron a proseguir la discusión fuera del recinto. Al final, el asunto no pasó a mayores. No obstante, fuentes de la Junta explicaron que, más allá de la riña, «lo que verdaderamente importa es el motivo por el que los ediles llegaron a ese extremo».

Siempre de acuerdo con dichas fuentes –que prefirieron mantener el anonimato– «el secreto que el deliberativo estaba tratando era la decisión del Banco de Seguros del Estado de pagar a la Intendencia parte de la indemnización por el robo sufrido por un funcionario municipal hace unos meses».

El pasado 30 de abril, a plena luz del día, el trabajador municipal que habitualmente depositaba en un banco de la capital maragata la recaudación de la jornada (ese día por concepto de contribución), fue atracado por un delincuente encapuchado que lo encañonó y le obligó a entregarle el maletín que contenía 50 mil dólares y más de 20 mil dólares en cheques. El rapiñero se fugó en una moto en la que le aguardaba un cómplice. El transporte de caudales está fuertemente regulado y al parecer, la comuna, a través del funcionario, habría violado dos de las tres normas existentes. El importe transportado no puede exceder las 500 UR (algo menos de 8 mil dólares); el individuo portador del dinero debe ser acompañado por un guardia armado hasta la propia sucursal bancaria (salvo en el caso, que no lo era, de que el remesero estuviera facultado para portar armas a la vista). De acuerdo con dichas disposiciones legales claramente violadas y que pusieron en riesgo la vida del funcionario –exento ya de cualquier responsabilidad en los hechos mencionados–, no correspondía a la IMSJ cobrar el dinero del seguro, agregaron las fuentes.

Sin embargo, en la reunión secreta de la Junta, a la que acudieron la contadora y secretaria general de la Comuna Beatriz Martínez, el contador Linder Reyes y el abogado Pablo Pucheu (máximas jerarquías asesoras del intendente Chiruchi), se informó que el BSE había autorizado el pago a la comuna de 18 mil dólares por entender «que dado el carácter especial del cliente –la Intendencia–, se resolvía igualmente a pagar».

Varios puntos oscuros se mantienen en este asunto, que de secreto pasó a escandaloso. «¿Por qué el BSE accedió a pagar ese monto, si quedaba tan claro que la Intendencia había incurrido en omisiones que invalidarían el contrato del seguro? ¿Por qué –según las calificadas fuentes consultadas– la Lista 22 (oficialista) y la 50 (que hace poco tiempo se declaró independiente de la 22), se opusieron tajantemente a que los hechos fueran conocidos por la sociedad? ¿Por qué el contribuyente no tiene derecho a saber que la comuna terminó perdiendo 32 mil dólares y que la responsabilidad fue suya?»

Finalmente, calmados ya los ánimos y sobre la medianoche, la secreta sesión debió suspenderse, quedando pendiente la discusión sobre el tema para el próximo lunes. *