Batlle no arrestará a Gavazzo ni a sus tres cómplices

Despúes de múltiples especulaciones sobre cómo llegaría y quién lo traería, el exhorto conteniendo el pedido de «arresto preventivo con fines de extradición» para los cuatro represores llegó ayer al Ministerio del Interior, a las 2 de la madrugada vía fax.

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, informó a LA REPUBLICA que derivó el documento, que tiene 80 carillas, a un «equipo de asesores jurídicos» que culminará su trabajo hoy. Stirling aclaró que en esta etapa lo único que está en consideración es «el pedido de arresto» y no la extradición, «tema que se analizará a nivel de la Cancillería». Si bien la decisión oficial se tomará hoy, fuentes del gobierno confiaron a LA REPUBLICA que el presidente Jorge Batlle mantuvo contactos con los ex mandatarios Julio María Sanguinetti, líder del Foro Batllista y Luis Alberto Lacalle, presidente del Directorio del Partido Nacional, para informarles de su decisión de no realizar el arresto requerido y desestimar más adelante la extradición. De las consultas también participó el ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo. Las fuentes indicaron que, tanto Sanguinetti como Lacalle, los principales socios políticos de Batlle en la coalición de gobierno, le expresaron el «más absoluto respaldo».

Los informantes indicaron que uno de los argumentos que esgrimirá el gobierno para no proceder al arresto es que «la medida es innecesaria, debido al pedido de captura internacional, los cuatro requeridos están impedidos de salir del país». Sin embargo, entre varias cosas no habituales que sucedieron con este pedido de arresto, LA REPUBLICA pudo constatar que anoche hasta el cierre de nuestra edición los nombres de los cuatro represores uruguayos no figuraban en las páginas web de Interpol Argentina y de Interpol Internacional. Varios juristas consultados expresaron su asombro ante el hecho de que sea el Ministerio del Interior el que analice el pedido de captura. Lo que correspondería a un trámite normal es que se cumpla con el arresto y se dé cuenta al juzgado de turno, en este caso el de la jueza Aída Vera.

En estos casos se detiene en cárcel central a los requeridos, por un plazo máximo de 10 días hasta que llegue el resto de la información por vía diplomática.

Reacciones militares

Las reacciones no se redujeron al terreno político e institucional, fuentes castrenses y políticas indicaron a LA REPUBLICA que entre los militares las opiniones estaban divididas. Algunos militares opinan que de concretarse la detención ésta debía cumplirse en una unidad militar y hasta llegaron a manejar algunas posibilidades entre destacamentos en el Este del país. Otros en cambio rechazaron «de plano» la posibilidad de un arresto y una extradición y hablaron de «solidaridad» con los requeridos.

Qué pide el exhorto

El documento llegado ayer a nuestro país, cuyo contenido fuera adelantado por LA REPUBLICA en su edición del 29 de junio y que tiene sus 80 carillas disponibles en la página web de LA REPUBLICA (www.diariolarepublica.com), establece los fundamentos del juez argentino para acusar a los cuatro represores uruguayos de integrar un «plan criminal», dedicado a la «comisión de ilícitos con la característica sistemática de desaparición forzada de personas».

La organización, según el magistrado, actuó en suelo argentino durante la dictadura «poniendo en peligro la seguridad de esta nación (Argentina)», se integró con «más» de una decena de hombres, con una «estructura celular» y «disposición de armas de guerra de gran poder ofensivo, operando en más de una de las jurisdicciones políticas del país». A su vez, la banda poseía «conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior, recibiendo algún apoyo o dirección de funcionarios públicos». El juez solicita la «detención provisional o preventiva con miras a la extradición» de los oficiales del Ejército José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y del ex comisario Hugo Campos Hermida. También requiere la captura internacional de los cuatro imputados, a efectos de «evitar posibles evasiones a la persecución penal», instruida por la Justicia argentina y en virtud de la «gravedad institucional e internacional» que revisten los hechos investigados.*