"Ningún partido político ayudó"

Desorganización, falta de recursos económicos –sólo dispusieron de 500 dólares– y una «intensa contrapropaganda» caracterizaron la frustrada recolección de firmas para impulsar un referéndum contra el presupuesto municipal, según reconocieron sus promotores.

Tal como ayer adelantó LA REPUBLICA, la consulta popular impulsada desde Ciudad de la Costa para impugnar los reaforos catastarles, incluidos en la norma quinquenal de la comuna, no será realizada, dado que la Coordinadora Pro-referéndum no reunió las 60 mil firmas requeridas en la Constitución.

En un comunicado público difundido anoche –un día antes de lo previsto–, el coordinador general de la campaña y ex candidato al municipio por la Lista 15, Claudio Lamónaca, señala que en los 32 días disponibles para recabar la referida cantidad de apoyos –el plazo legal vence mañana jueves– se recogieron 21.300 firmas.

Destaca que la recolección «fue realizada exclusivamente por vecinos sin ningún tipo de vinculación política, ideológica o económica», remarcando que «ningún partido político apoyó o se manifestó públicamente respecto a este emprendimiento vecinal».

En ese sentido, la Comisión Pro-referéndum había pedido apoyo al Encuentro Progresista, al Partido Nacional y a la Lista 321 del Partido Colorado –fuerzas políticas que rechazaron el presupuesto municipal en la Junta Departamental–, sin obtener una respuesta al planteamiento.

Lamónaca subraya además que «con excepciones, la prensa no mostró interés por divulgar las opiniones directas de los coordinadores de la campaña», al tiempo que «se debió enfrentar una intensísima contrapropaganda indirecta», haciendo referencia a la amnistía tributaria concedida por la Intendencia de Canelones y las «promesas de obras de varios miles de dólares» formuladas en los últimos días por el intendente Tabaré Hackenbruch.

Falta de recursos

«Los coordinadores de la campaña invirtieron 500 dólares en impresión de volantes y planillas, contratación de altoparlantes, llamadas telefónicas», apunta, y subraya que los quince promotores de la iniciativa no tuvieron el suficiente tiempo para, en cuatro fines de semana, visitar a «todos los ciudadanos de Canelones».

De todos modos, Lamónaca asegura que «la enorme mayoría» de las personas visitadas durante los «puerta a puerta» en las principales ciudades del departamento «firmaron la solicitud del plebiscito», mientras que «un alto porcentaje de los vecinos tenía decidido no pagar la contribución inmobiliaria», independientemente del referéndum.

Tras destacar las carencias «humanas, económicas y publicitarias» registradas, pregunta «¿qué hubiese ocurrido si alguna organización social o político-partidaria hubiera aportado su estructura para obtener las firmas?». Asimismo, sostiene que las autoridades municipales no podrán «desconocer el mensaje de tantos ciudadanos que lograron expresarse, sorteando todas las dificultades mencionadas». «Legalmente no se pudo, pero moralmente sí», concluye.*