Di Tullio fue procesado por lavado de dinero del narcotráfico

Di Tullio tenía prohibición para salir de su país, dictada a principios de 2000; en octubre pasó a la clandestinidad cuando el magistrado allanó varias estancias que estaban bajo su control al sur de la provincia de Buenos Aires. Pero el 28 de mayo pasado fue detenido después de haber deambulado varios meses entre Argentina y Chile.

La causa tiene importantes repercusiones en Uruguay, porque tanto en Punta del Este como en Flores, el empresario adquirió propiedades con dinero del Cártel. La misma recae en el Juzgado de 4º Turno de Maldonado a cargo de la jueza Fanny Canessa, quien el año pasado ya había trabado un embargo preventivo sobre esos bienes.

Como ya informara LA REPUBLICA el chalé Holiday que compró Di Tullio pertenecía al director del semanario de la derecha nativa, Búsqueda, Danilo Arbilla y en la compra de los campos intervino en todos los casos el escribano Javier Morasi, escribano personal de Arbilla.

La investigación fue iniciada por la DEA estadounidense en 1995. El operativo se denominó «Operación Casablanca» en la que fueron detenidos 22 ejecutivos bancarios de nivel medio. Estos trabajaban para 12 instituciones bancarias mexicanas que habían contribuido a legalizar 157 millones de dólares provenientes del narcotráfico en operaciones con el Citibank, el Bank Of América y el M.A. Bank de las islas Caimán.

Amado Carrillo tuvo que huir de México y empezó a deambular por varios países de América Latina, entre ellos Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Finalmente logró instalarse en una estancia de Bahía Blanca, comprada por Angel Salvia y Nicolás Di Tullio. A mediados de 1997 habría muerto mientras se le realizaba una cirugía plástica para cambiar su fisonomía.

Di Tullio tenía relación con el banquero argentino Aldo Ducler, propietario de la financiera Mercado Abierto S.A. Se trataba de un hombre muy allegado al menemismo que llegó a desempeñarse como asesor de la campaña de Palito Ortega, para quien logró un aporte económico de un millón de dólares de los narcotraficantes.

Esta secuencia de hechos fue establecida por el ex fiscal y ex jefe de Interpol, Juan Ponce Edmonson. A fines de 1999 y principios de 2000, el entonces director nacional Antidrogas, inspector Roberto Rivero, logró establecer la existencia de inversiones de los narcos en nuestro país.

En junio de 2000 estalló un escándalo cuando Rivero fue destituido de su cargo, ahora como director nacional de Policía pero argumentando sus presuntos errores en la antes mencionada Dirección.

La pista de Rivero lo había conducido a Mirta Beatriz Lleras, quien adquirió una casa en Punta del Este a través de la Inmobiliaria Costábile. En realidad representaba a Sasur S.A., verdadera compradora de la casa, pero el alto oficial uruguayo descubrió que la mujer estaba muy ligada a Nicolás Di Tullio. Aunque lo peor resultó ser que el presidente de esa sociedad anónima era Jaime Martínez Ayon, buscado en varios países por sus vínculos con el Cártel de Juárez. Quiso el destino que Danilo Arbilla fuera el vendedor del padrón 4027, de la manzana 722 del barrio Lugano, donde está emplazado el chalé Holiday. El resto del escándalo es público.

A través de Idafal S.A., Di Tullio, Lleras y el veterinario argentino Oscar Marinone compraron campos en el paraje Las Bolas del departamento de Flores. Además emplearon a las empresas uruguayas Euro América Finance NV y Tamilur SA, para desviar 3.600.000 dólares de los narcos desde Nueva York hacia Argentina.

Mercado Abierto S.A, a su vez había obtenido un permiso del Banco Central uruguayo para operar una Bolsa de Valores a Futuro, a través de Lafex S.A. que era presidida por Ramón Díaz, ex presidente del BCU y abogado de importantes bancos norteamericanos. El vicepresidente de Lafez era Luis Gallardo, sindicado por el Servicio de Aduanas de los EEUU, como operador financiero del Cártel de Juárez en la región. Pero Gallardo falleció en misteriosas circunstancias nunca explicadas «entre abril y mayo del año pasado». Recientemente el Presidente de la República, Jorge Batlle, anuló el permiso que tenía esa empresa para operar en el mercado financiero uruguayo. En abril de 2000 Rivero le pidió autorización al ministro del Interior, Guillermo Stirling, para continuar investigando las actividades de los narcos, pero le fue negado. A mediados de junio el alto oficial policial, ya destituido de su cargo, entregó toda la documentación a la jueza Canessa.

Como consecuencia de esa información, la magistrada aceptó el pedido del Estado mexicano, a través del fiscal Ponce, y embargó las propiedades de los narcolavadores. Desde entonces aguarda sin suerte las respuestas a un oficio que le enviara a su par argentino, Canicoba del Corral, y que le permitirían avanzar en la causa con sus ramificaciones uruguayas. *