TCA no quiere entregar copia del expediente sobre desaparecidos

La jueza solicitó al TCA el expediente de los desaparecidos a pedido del Ministerio de Defensa, que pretende probar la existencia de otro caso en otro juzgado donde se trata de abrir una investigación por el caso de la maestra Elena Quinteros. También solicitó al Poder Legislativo la copia de las actuaciones de la comisión que investigó el destino de los desaparecidos en 1985; en este caso las fotocopias ya fueron remitidas desde el Palacio al juzgado de la calle San José.

Fuentes judiciales indicaron que la semana pasada el TCA dijo que no puede enviar el expediente donde se tramita la acción de nulidad interpuesta por los familiares de los desaparecidos contra la decisión de no investigar tomada por el Ejecutivo. Según los informantes, el TCA argumentó que el caso se encuentra en plena etapa de prueba, tomando testimonios y realizando otras diligencias y no se moverá hasta tanto las probanzas sean recabadas en su totalidad.

El TCA preguntó también si la jueza desea todo o alguna foja en especial de expediente y en ese caso quiere saber quién pagará las fotocopias autenticadas de las miles de fojas que componen la pieza. A este punto Jubette contestó que desea tener copia de todo el expediente y que en su caso deberán ser abonadas por el Ministerio de Defensa, que es el que solicitó la medida de prueba.

Congelado

En esta situación la audiencia que la jueza Jubette había previsto para expedirse sobre el recurso de amparo solicitado por «Tota» Quinteros para que se ordene al Ejecutivo investigar el paradero de su hija ha quedado en suspenso.

La jueza había dado un plazo de 10 días para recabar las pruebas que en la primera audiencia solicitó el Ministerio de Defensa que se opuso a la apertura de una investigación en ese sentido.

Defensa quería copia del expediente del TCA, copia del expediente de la Cancillería y de la comisión parlamentaria que investigó en 1985 las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar. Los documentos probarían, según el Ministerio de Defensa, que ya se investigó el paradero de Elena Quinteros.

La defensa de Almeida en cambio, sostiene que el Poder Ejecutivo debe investigar a la luz de nuevos elementos denunciados por el soldado Sergio Pintado en 1998. El abogado de la madre de la maestra desaparecida, Pablo Chargonia, sostuvo que la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de indagar el destino de los desaparecidos no prescribe nunca.