Votan conexión a saneamiento

La conexión a la red de saneamiento será obligatoria en todo el país. Se prevén subsidios y financiaciones para las obras. Habrá controles y multas. En Montevideo el saneamiento lo realiza y administra la Intendencia, en el resto del país, OSE.

La Cámara de Diputados aprobaría hoy un proyecto de ley para promover y hacer obligatoria la conexión a las obras de saneamiento en todo el país. El proyecto fue enviado por el Ejecutivo en la pasada administración y rescatado al inicio de esta. El proyecto recibe el respaldo unánime de los partidos en comisión, salvo algún artículo aislado.

El diputado del Frente Amplio, Edgardo Rodríguez, será quien informe al plenario del proyecto, y sostiene que la iniciativa, apunta «a mejorar la calidad de vida, la salud pública y el cuidado del medio ambiente».

El diputado por Tacuarembó destaca que la conexión al saneamiento «es una herramienta formidable para combatir diversas enfermedades contagiosas», y recordó que el Estado ha invertido y seguirá invirtiendo, por lo que se hace imprescindible, «por la economía del sistema y hasta por su adecuado funcionamiento, procurar la mayor cantidad de conexiones».

Se estima que unas 50.000 viviendas tienen redes de saneamiento a su frente, pero no están conectadas. En algunos lugares del Interior solo el 15% de las viviendas tienen conexiones a la red.

Se busca también «asegurar un mínimo retorno de la inversión», según Rodríguez.

La obligatoriedad de conectarse prevé subsidios y beneficios de distinto tipo para los propietarios o usufructuarios de la vivienda que no puedan pagar la totalidad de los trabajos de conexión, e incluso se prevé subsidios para que determinados hogares construyan la conexión interna, pero también la posibilidad de OSE de multar a los omisos.

Tras la aprobación este martes, el proyecto pasará a la Cámara de Senadores.

 

Ejecutivo notificó  el fallo

* El Poder Ejecutivo notificó el 30 de junio oficialmente a los restantes poderes del Estado el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por el cual se condenó a «dejar sin efecto» la Ley Nº 15.848, «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado».

Los mensajes fueron remitidos al presidente de la Asamblea General y vicepresidente de la República, Danilo Astori, al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, y al fiscal de Corte y procurador General de la Nación, Rafael Ubiría, según información divulgada en la página web de Presidencia de la República.

La comunicación implica poner en conocimiento de las máximas autoridades del Poder Legislativo y el Poder Judicial el fallo, como forma de impulsar un cabal cumplimiento de la sentencia del organismo internacional. Asimismo, el fallo fue notificado al fiscal de Corte.