Ediles blancos denunciados por presunto robo de energía eléctrica

La denuncia fue formulada ante la Intendencia de Salto, la Junta Departamental y el Banco Hipotecario, por parte de la Comisión Administradora que abarca cuatro de los bloques de viviendas del citado complejo habitacional. El asunto fue tratado en el legislativo comunal, el pasado mes de abril, a instancias de la Comisión Administradora del Programa 614 del BHU y, asimismo, en la Intendencia ha generado un expediente, sobre el cual aún no ha habido resolución.

El área en cuestión abarca un total de nueve padrones, seis de los cuales son propiedad del BHU, donde hay 83 viviendas, uno del Ministerio del Interior y dos padrones particulares que tienen 16 viviendas. En estas últimas hay funcionarios de CTM y particulares que compraron sus viviendas a ex funcionarios de la represa. Integrantes de la Comisión Administradora de las 83 viviendas del BHU, presidida por Celeste Perillo de Baratta, indicaron a LA REPUBLICA que «desde hace más de diez años los vecinos ven cómo dos cocheras existentes en dos manzanas que componen el barrio, propiedad del BHU, son utilizadas en forma gratuita desde el año 1989 por parte de funcionarios de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, funcionarios de la IMS y particulares, siendo que ninguno de ellos es cliente del Banco.

En ellas ocupan lugares dos ediles del Partido Nacional, de la lista 92, Ruben Porres y Diego Rinaldi, que son asimismo funcionarios de la CTM. Uno de ellos presidente de una llamada Comisión Vecinal del Barrio San Martín, en formación, que no existió por 20 años y que surgió con el pretendido interés de obstaculizar el buen accionar de nuestra Comisión Administradora».

Los vecinos explicaron a LA REPUBLICA que «dichas cocheras desde esa fecha están conectadas en forma clandestina al alumbrado público. Esta irregularidad fue comunicada a la Sección Alumbrado Público de la IMS, que procedió al corte de dichas conexiones. Por razones que se desconoce, a los pocos días fueron conectadas nuevamente. Esta Comisión Administradora se dirigió entonces al intendente (Eduardo) Malaquina por nota del 3 de noviembre de 2000, lo cual originó el Asunto 5.082, no habiéndose tomado hasta el momento, por parte de esa Intendencia, los correctivos de estilo en esos casos».

Los vecinos indicaron a LA REPUBLICA que la finalidad de sus denuncias es que «estos dos hechos, que pueden ser calificados como delictivos, permanecen sin aclarar».