NE propone definir responsabilidad penal de los ministros de Estado

La propuesta fue impulsada por el diputado Pablo Mieres, quien considera que el tema «exige una definición clara y contundente a nivel parlamentario para garantizar la credibilidad del sistema político. La opinión pública debe tener la seguridad de que la Justicia juzgará la conducta de todos los ciudadanos, independientemente de su rango y condición». Mieres dijo a LA REPUBLICA que la responsabilidad «debe ser asumida aun con más fuerza cuando se trata de figuras políticas en las que la ciudadanía depositó su confianza».

El proyecto presentado por el NE es una ley interpretativa de los artículos 112, 114, 115, 178 y 179 de la Constitución, que refieren al juzgamiento de integrantes del gobierno. La propuesta transcribe íntegramente el inciso 2º del artículo 179, que dice textualmente: «Los ministros no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delito aunque invoquen la orden escrita o verbal del Presidente de la República o del Consejo de Ministros».

Para Mieres, «No es posible que en estas cosas existan dos interpretaciones. Haber cesado en el cargo no determina que se adquiera una inmunidad para toda la vida».

El tema está a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja, que no tiene un tiempo límite para expedirse, aunque Mieres adelantó que «intentaremos que se trate lo antes posible. Sobre estas cosas lo peor es generar una sensación de duda porque está en juego la credibilidad del sistema».

El NE resolvió impulsar una interpretación de esta parte de la Constitución luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal afirmara que el ex ministro de Turismo Benito Stern no podía ser juzgado por un presunto desvío de los fondos que el Ministerio de Turismo destinó, durante su gestión, a las comisiones turísticas departamentales. La denuncia había sido presentada por su sucesor, el actual ministro Alfonso Varela.

Sin tomar posición sobre el caso Stern, los legisladores del NE opinan que los ex ministros «deben ser juzgados. Mientras los ministros pueden ser sometidos a juicio político, una vez alejados de su cargo deben tener la posibilidad de presentarse ante la Justicia».