Investigadora: dos visiones opuestas

Nacionalistas y frentistas por un lado y colorados en otro informe coincidieron en 1987 en una misma conclusión en la Investigadora del secuestro y asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, aunque contrastaron visiones diametralmente opuestas sobre la importancia de los elementos obtenidos.

La Comisión Investigadora sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini resolvió en 1987 remitir «a la Suprema Corte de Justicia, con destino al Juzgado competente, las Actas de las Sesiones de la Cámara de Representantes en que se consideren los Informes» de la misma y «la documentación que aún no fue enviada».

Este proyecto de resolución fue coincidente, tanto en un informe promovido por diputados del Partido Nacional y del Frente Amplio, por un lado, y del Partido Colorado, por otro.

Sin embargo, fueron diametralmente opuestos a la hora de la evaluación de los hechos y de la información recabada: frentistas y blancos consideraron que «la Comisión ha acumulado un material de enorme valor que permitirá a la Cámara de Representantes pasar a la Justicia antecedentes susceptibles, por su naturaleza e importancia, de conducir a nuevos esclarecimientos».

Asimismo, en el mismo afirmaba que «ciertamente estos hechos no habrían ocurrido o, en el peor de los casos, no habrían quedado impunes, si el marco institucional hubiera sido diferente».

La contracara de éste está contemplada en una de las conclusiones del informe del Partido Colorado: «Los resultados obtenidos han sido poco importantes.

De los elementos acumulados por el trabajo de la Comisión no es posible extraer ningún elemento que permita esclarecer los hechos investigados».

En esa instancia indagatoria se recibieron 22 testimonios pero no fue posible recabar la asistencia del ex presidente Juan María Bordaberry y de tres militares uruguayos.

 

«Ejecutados por delincuentes»

«Los secuestros y asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los de las personas cuyos cadáveres aparecieron conjuntamente con los de los nombrados, fueron ejecutados por delincuentes que dependían operacionalmente del Ejército argentino. Aunque ello no implica presunción acerca de la nacionalidad de los agentes de los delitos, esta Comisión no ha reunido prueba de participación directa, en los secuestros y homicidios investigados, de personas de nacionalidad oriental».

Los conceptos pertenecen al informe redactado por los entonces diputados del Frente Amplio Gonzalo Carámbula y Yamandú Fau, y los nacionalistas Alem García, Jorge Machiñena, Luis José Martínez y Alfredo Zaffaroni Ortiz.

Al referirse a un testigo muy calificado, el informe en mayoría también señala que «el objetivo del operativo fue matar; ni siquiera hay un afán indagatorio. Eso es lo que surge con toda vigencia».

El informe colorado señalaba que «los resultados obtenidos han sido poco importantes.

De los elementos acumulados por el trabajo de la Comisión no es posible extraer ningún elemento que permita esclarecer los hechos investigados.

En los expedientes argentinos se ha llegado a algunas conclusiones respecto a la responsabilidad de funcionarios públicos de aquel país».

La conclusión de los entonces diputados colorados Federico Bouza, Luis Hierro López, Mario Daniel Lamas, Oscar Magurno y Edison Rijo, se agrega que «en ninguno de los casos existe prueba de la participación intelectual o material de agentes uruguayos».