Las intendencias registran una "morosidad creciente"

El documento a analizar con el primer mandatario en ambas reuniones será el mismo y fue elaborado por un equipo técnico integrado por los economistas Alejandro Ramos y Walter Cancela y los contadores Daniel Sureda, Conrado Hughes y Linden Reyes. El informe considera como punto básico que el Poder Ejecutivo cumpla con el cronograma de entrega de recursos anunciado hace un mes por el contador Ariel Davrieux y el ministro Alberto Bensión en un Congreso de Intendentes realizado en San José.

El presidente del organismo, Juan Chiruchi, aclaró que la intención «no es pedirle al gobierno partidas complementarias. Solamente tratamos de lograr los recursos que estamos perdiendo y vamos a perder en el futuro inmediato».

Adelanto de partidas

Más allá del cumplimiento de los pagos por parte del Poder Ejecutivo se requerirá un adelanto de las partidas ya comprometidas. El intendente de Soriano, Gustavo Lapaz, indicó que se espera que «en un plazo no mayor de treinta días el gobierno nacional pueda pagarnos las deudas pendientes de cobro. También solicitaremos que nos adelanten las partidas bimensuales comprometidas por la subvención de la contribución inmobiliaria rural a quienes tienen menos de cincuenta hectáreas».

El objetivo es que estas partidas sean enteramente abonadas entre los meses de mayo y agosto y que entre setiembre y diciembre se pague el sobrante de la partida de cinco millones de dólares correspondientes a las intendencias, lo que generaría fuentes de ingresos permanentes para lo que resta del año.

También se solicitará que se posterguen hasta fin de año a las intendencias los vencimientos de pagos de convenios a los entes del Estado. Además, se pedirá al Poder Ejecutivo que reintegre a las comunas el monto de los gastos generados por la fiebre aftosa en los municipios y también las pérdidas del 1% de los semovientes. Lapaz explicó que si estas medidas no son aceptadas, «al no trabajar las ferias ganaderas, con una paralización de aproximadamente seis meses, tendremos que terminar pidiendo al gobierno nacional una subvención de 3,5 millones de dólares para ser repartidos entre todas las intendencias».

El rol de Lacalle

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, asumió la defensa de las intendencias frente a la crisis generada por la aftosa e inició contactos personales con el gobierno para fijar una entrevista con el presidente Batlle y lograr el respaldo necesario en el Poder Ejecutivo para solicitar el préstamo del BID. Lacalle encabezará la delegación blanca que la semana próxima se reunirá con el primer mandatario, que estará integrada por los senadores Jorga Larrañaga y Luis Alberto Heber y los intendentes Chiruchi, Lapaz y Eber Da Rosa. El Congreso de Intendentes gestionará una entrevista por separado con una delegación que estará integrada por Chiruchi, Mario Carminatti y Mariano Arana, integrantes de la mesa.

Chiruchi comentó que los veinte millones que se aspira a pedir al BID son para cubrir la desfinanciación municipal ante la creciente morosidad. En ese sentido informó que «un importante grupo de intendencias tendrá serias dificultades el mes próximo para cumplir con sus compromisos con acreedores particulares y con el propio Estado y temen que no tendrán caja para cubrir los salarios». Apuntó que a la «morosidad creciente» se suma la falta de cobro del tributo a las transacciones agropecuarias, que implicará una pérdida estimada en 3,5 millones de dólares.

El intendente de Soriano, Gustavo Lapaz, agregó que en el caso de su departamento «la paralización de obras públicas es prácticamente total. Se paralizaron los trabajos de caminería rural, hay una recesión brutal y el problema ganadero y lechero es dramático». El jefe comunal del primer departamento donde se manifestó la fiebre aftosa en esta última crisis afirmó que el gobierno nacional le debe «aproximadamente 600.000 dólares que esperamos cobrar en el término de treinta días». Esto se discrimina en 1.200.000 pesos de INDA, 113.000 dólares del Ministerio de Transporte, 127.000 dólares de Diprode, 2.200.000 pesos de Casinos del Estado y 1.000.000 de pesos por Imesi a las naftas y cigarrillos.