Convenio con Tacurú no será impugnado
El cierre de la sesión, última oportunidad para ingresar la apelación, fue recibido con aplausos desde las barras, que estaban colmadas por jóvenes de Tacurú, y junto a ellos el padre Mateo, uno de los precursores del movimiento.
Ante presiones recibidas desde dentro del propio Partido Nacional, los blancos resolvieron «dejar morir» en la Comisión de Constitución los recursos firmados por los ediles de su propio partido. Luego de numerosas negociaciones el Partido Colorado terminó aceptando la propuesta de permitir la conclusión del convenio con Tacurú y legislar para crear una figura que abarque este tipo de acuerdo.
En una reunión sostenida en la tarde de ayer por los diputados Víctor Rossi (Encuentro Progresista), Beatriz Argimón (Partido Nacional), Gustavo Borsari (Partido Nacional), Jorge Barrera (Partido Colorado) y Ronald Pais (Partido Colorado) con el intendente Mariano Arana, la impugnación quedó desarticulada. El encuentro, promovido por la Lista 15, duró una hora y permitió «destrabar» la situación cuando los blancos aceptaron el compromiso del jefe comunal de buscar un marco legal para los convenios.
«Vicios» a corregir
A la salida de la reunión, el diputado Borsari afirmó que «el convenio que mantiene la IMM con la organización Tacurú es positivo, le hace bien a la sociedad, le hace bien a los muchachos que se están recuperando en esa institución de carácter social».
El legislador blanco explicó que existen «vicios de carácter legal» que serán corregidos, «según se comprometió el intendente Arana. Por lo tanto, el convenio va a continuar según lo que la ley y la Constitución manda y el Partido Nacional se declara satisfecho y va a impulsar que este convenio siga adelante». Argimón, a su vez, destacó la necesidad de mantener este tipo de «convenios educativos laborales que cumplen un rol social». El diputado Rossi reconoció que hay puntos del convenio que no están comprendidos legalmente pero aseguró que la comuna capitalina quiere resolver rápidamente esta situación y manifestó que la Intendencia tendrá en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Arana calificó como un «hecho inusual que legisladores de todos los partidos hayan venido a dialogar con nosotros en un esfuerzo de lograr entendimientos que son tan necesarios.
La IMM acatará las observaciones del Tribunal de Cuentas. Me parece importante que haya un diálogo, soy optimista que ese diálogo se traduzca en resultados que benefician a la población de Montevideo y a los sectores más carenciados».
Colorados aceptan
La intención es permitir que Tacurú cumpla los ocho meses que le restan en el convenio actual y en ese tiempo legislar para crear una figura que en el futuro permita realizar llamados a licitación entre organizaciones no gubernamentales. Los colorados, principales impulsores de la impugnación, quedaron solos ante el acuerdo con los blancos y se retiraron del Palacio Municipal sin hacer declaraciones.
Posteriormente, en el Parlamento, Pais evaluó la reunión con el jefe comunal capitalino como «altamente positiva porque Arana reconoció que existe una situación de ilegalidad».
El legislador forsita propuso al intendente capitalino que en el caso de que se llamara a licitación ésta fuera «no restringida a las ONG, sino que tuviera el carácter de un llamado abierto. También solicitamos un planteo de transparencia en la gestión para que los ediles departamentales puedan conocer qué es lo que pasa con los dineros que se transfieren a las ONG. Abrimos un compás de espera para saber si este compromiso del intendente se traduce en hechos concretos».
Por su lado, Barrera destacó «el compromiso de cumplimiento del intendente a la normativa vigente». Aclaró que la acción del Batllismo «nunca fue contra el movimiento Tacurú, sino que estaba basada exclusivamente en la ilegalidad con la cual la comuna se había pronunciado habiendo reiterado un gasto observado por el Tribunal de Cuentas de la República. Nos sentimos satisfechos con que el jefe comunal ha determinado que va a cumplir con la ley y que en una futura licitación no va violar el orden jurídico».
La Comisión de Constitución y Códigos había hecho lugar la pasada semana, con la unica oposición del representante del EP, al recurso presentado por los ediles. Ahora deberá analizar un recurso presentado por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) contra el mismo convenio. El plazo con el que cuenta la rama parlamentaria para expedirse sobre ese recurso vence el próximo 24 de mayo.
Posturas opuestas
El respaldo de los legisladores blancos al convenio con Tacurú causó molestia a nivel de la Junta Departamental, ya que se desautorizó la postura de los ediles del sector. Mientras los ediles presentaron el recurso argumentando la inconstitucionalidad de los convenios, los diputados se limitaron a reconocer un «vacío legal». Fuentes del Partido Nacional indicaron a LA REPUBLICA que «la presión provino de la Lista 400 y la 903, que tienen muchos dirigentes relacionados con la congregación San Francisco de Sales y, por lo tanto, con el Movimiento Tacurú».
A nivel de los colorados, los ediles del Foro Batllista aseguraron que continuarán insistiendo sobre la ilegalidad de los convenios «más allá de lo que se acuerde en el Parlamento». El edil César García aseguró que no descarta presentar los antecedentes ante la Justicia.
En el EP, el edil José Carrasco explicó que la figura de la donación modal fue elegida para enmarcar los convenios porque «era la que más se ajustaba. No se trata de una donación porque hay una contrapartida pero a la vez se trata de una obra social, por lo que no es un contrato. La legislación dice que en caso de no existir una figura legal debe elegirse la más aproximada y para nosotros esta era la que más se ajustaba». El curul indicó que «se trata de un tema de forma en el que todos estamos de acuerdo».
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