Fancap cuestiona a gerentes por "ineficientes y politiqueros"

«Un objetivo clave a alcanzar es que los precios de los combustibles refinados por Ancap no superen los precios de importación», señalaron los sindicalistas en un documento del PIT-CNT al que accedió LA REPUBLICA.

«Es imprescindible reformar la gestión o gerenciamiento de la empresa eliminando las ineficiencias y prácticas politiqueras, sustituyéndolas por una gestión moderna, profesional y participativa», escribieron.

Los sindicalistas reclaman a su vez que el gobierno continúe con las obras de «remodelación y ampliación» que estaban previstas en la refinería de combustibles de La Teja.

Las obras, recordaron, fueron comenzadas para ampliar la capacidad de refinación de 37 mil barriles por día a 50 mil bajando los costos de producción y mejorando la calidad de los combustibles al sustituir unidades que están al final de su vida útil.

Además entendieron necesario disponer de 500 estaciones de servicio en Uruguay y 300 en Argentina al mismo tiempo que se concretan las obras.

«Arrancada por la dictadura»

También estimaron «fundamental» que Ancap «recupere su participación en la distribución de combustibles que le fuera arrancada por la dictadura» porque, según afirmaron los sindicalistas, la empresa estatal «no necesita intermediarios ni socios».

Además elogiaron «la cooperación» de Ancap con UTE y la represa de Salto Grande para «un uso más racional y ecológico de la energía y sus fuentes», y para «volcar los ahorros» con «racionalidad y eficiencia» en «la rebaja de tarifas» para el «consumidor residencial o productivo».

En tal sentido propusieron, en concreto, una «Central de Cogeneración» en La Teja como «un primer emprendimiento conjunto de Ancap y UTE» que, según aseveraron, sería «rentable».

«Oligopolios encarecen precios»

En un artículo publicado en la revista Trabajo & Utopía que edita el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, los sindicalistas de Federación Ancap señalaron que la estrategia expansionista del ente estatal que ahora se pretende detener había sido trazada ya a partir de 1997 cuando se avizoró un escenario cercano marcado por «la desregulación de la distribución y comercialización» de combustibles, así como por su «desmonopolización en la importación, refinación y exportación».

El sindicato advirtió que las empresas estatales de combustibles de los países de América Latina sufrieron procesos recientes de «desregulación, privatización y desmonopolización» que acarrearon un «encarecimiento» en el precio al consumidor y «empeoramiento» en la calidad del servicio de suministro.

Pusieron como ejemplo los casos de Argentina, Brasil y Chile.

«Los monopolios estatales que vertían sus ganancias al conjunto de la sociedad han sido reemplazados por oligopolios privados de grandes multinacionales que remiten ganancias a sus países y casas matrices», alertaron los trabajadores.

Reivindicaron la necesidad de proseguir las obras previstas para que «cientos de trabajadores» puedan conservar sus empleos, y para que la empresa estatal pueda cumplir su objetivo de suministrar combustibles a un precio inferior al importado.

El sindicato recordó que «es necesario adaptar la Ancap» para enfrentar un nuevo escenario mundial caracterizado por «caída de barreras proteccionistas», «liberalización comercial» e «integracion regional».

Ancap, señalaron, fue creada en 1931 para suministrar combustibles a todo el país sin tener que depender de las multinacionales y ofreciendo subsidios para el consumo popular y la producción.

«Evitemos la importación»

Los trabajadores destacaron que «ya están comprometidos» ochenta de los 120 millones de dólares que insumirían las obras financiables a diez años con dos de gracia y a pagar a partir de la puesta en marcha de la nueva refinería, así como subrayaron que la detención de las obras para buscar un socio extranjero «llevará años».

Detener las obras tal vez haga que «sea necesario importar productos refinados del exterior», porque las unidades vetustas llegarían al final de su vida útil mientras se busca socio para Ancap, explicaron los sindicalistas.

«Años de proyectos y estudios de viabilidad de obra y retorno de inversión» fueron desechados con la paralización de las obras dispuesta por el gobierno de Jorge Batlle, que decidió buscar socio extranjero para Ancap.

La detención, ilustraron, hizo a un lado anteriores «llamados a licitación con respectivos procesos de aprobación ante el Tribunal de Cuentas de la República y frente al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Industria, Energía y Minería».

Batlle resultó cuestionado

Los funcionarios dan por seguro que la nueva sociedad a integrarse con un eventual socio extranjero se regiría por Derecho Privado, y relegaría a Ancap a ocupar un papel accionista minoritario y a la vez delegaría la operación de la refinería en manos del accionista privado y extranjero.

El sindicato inscribió la paralización de la obras en «una serie de medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo» a partir de «mediados del año 2000″, que incluyó un artículo en la Ley de Presupuesto que «desmonopolizó» los asfaltos y un artículo en la Ley de Urgencia II que le quitó a Ancap el derecho a cobrar un canon sobre el ingreso al país del gas natural destinado a grandes consumidores.

Ancap había invertido en las obras del gasoducto para viabilizar su construcción y esperaba cobrar el canon para obtener un retorno por su inversión.

Según opinan los trabajadores sindicalizados, las obras y las inversiones previstas permitirían que Ancap lograra «una refinación competitiva en términos de escala de costos, avance tecnológico y calidad de producto», así como reclamaron que permanezca en propiedad del Estado la inversión realizada durante decenios en «refinería, tanques, muelles, boya, oleoductos, etcétera.»