Versiones contradictorias sobre la actuación policial
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Alvaro Garcé, entregó ayer al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, un informe «sumario» sobre el incendio acaecido el pasado jueves 8 en la Cárcel Departamental de Rocha, el cual le costó la vida a 12 reclusos, donde destaca la existencia de versiones «contradictorias» sobre la celeridad de la actuación policial.
Hoy a partir de las 16 horas, el ministro del Interior Eduardo Bonomi será interrogado en régimen de Comisión General sobre este tema.
El informe de Garcé señala que el fuego fue advertido por los internos alojados en otros pabellones y por dos funcionarias policiales ubicadas en el exterior del establecimiento. La distancia entre la guardia y la puerta del pabellón incendiado es de «unos veinte metros», en un recorrido en «L», para el cual se deben traspasar tres portones, uno de los cuales estaba abierto, mientras los otros estaban cerrados con candado.
En este sentido, los reclusos alojados en otros pabellones expresan que «la apertura se vio retrasada por una orden -según los denunciantes, dada por la jefatura de la guardia al ‘llavero’- de no abrir el sector hasta contar con el aval de la dirección». Sin embargo, los guardias «niegan» esta versión y afirman que se actuó «con la mayor celeridad posible», e incluso el «llavero» expresó que «si hubiese recibido la orden de no abrir el pabellón en llamas, jamás la habría cumplido».
Asimismo, entre los sobrevivientes también existen «versiones contradictorias»: dos denunciaron demoras y otros dos manifestaron que los guardias actuaron «lo más pronto que pudieron», señala Garcé.
Sin embargo, «se tiene la certeza que si el rescate se hubiera demorado entre uno a dos minutos más, no existirían sobrevivientes; éstos se hallaban al borde de la asfixia cuando fueron liberados», al mismo tiempo que «la apertura del portón de acceso al sector resultó complicada por la acción instintiva de quienes, desde el recinto en llamas, presionaban con todas sus fuerzas la puerta hacia afuera, trabando con ello involuntariamente el candado y el pasador exterior», agrega.
El informe destaca además que la «escasez de funcionarios representa una limitante objetiva para el éxito de cualquier acción de respuesta» (la proporción al momento del incendio era de un guardia cada 42/43 reclusos). «En cualquier caso, se tiene la certeza que la acción personal del ‘llavero’ (quien rompió el candado de acceso al patio exterior del pabellón y luego, con riesgo de su propia vida, liberó de las llamas a ocho internos) fue decisiva en la existencia de sobrevivientes», dice Garcé.
Riesgo de incendio
El informe expresa además que «más allá de la causa ocasional que originó el desastre, el mismo tiene directa relación con una objetiva situación de riesgo preexistente, que deberá ser corregida en todos los escenarios donde subsiste», el cual se corresponde con la existencia las «ranchadas» o «tolderías».
«Las ‘ranchadas’ o ‘tolderías’ son divisorias por medio de las que, en medio del hacinamiento, la población reclusa construye e intenta mantener mínimos espacios de privacidad», las cuales fueron removidas en algunas Jefaturas de Policía. Sin embargo, «otras, invocando la resistencia de la población reclusa -oposición que existió y fue constatada- mantuvieron de hecho la situación», dice el informe.
Actualmente, estas divisorias existen en el resto de la cárcel de Rocha y en diversos sectores de los establecimientos de Maldonado, Rivera y Colonia. «Si bien el riesgo de incendio afecta directamente a cerca del 80% de la población reclusa del país (incluyendo mujeres privadas de libertad y los niños que están junto a sus madres), la población internada en los espacios antes mencionados se encuentra en especial vulnerabilidad», expresa.
«Las ‘ranchadas’ acumulan gran cantidad de materiales altamente combustibles (frazadas, sábanas, bolsas de nylon, cartones), en torno a precarias instalaciones eléctricas y múltiples fuentes de calor. La posibilidad que se reiteren hechos similares al incendio de Rocha es muy elevada en todo contexto semejante», señala Garcé.
En este sentido, Garcé afirma que se «deberá trabajar en la concientización» de la población reclusa sobre el riesgo de las «ranchadas» y proveer soluciones alternativas, como instalar divisorias con materiales adecuados para compatibilizar el derecho a la privacidad con niveles aceptables de seguridad. Mientras tanto, deberían adoptarse medidas de prevención de «urgencia» sugeridas por la Dirección Nacional de Bomberos.
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