Sorpresa en San José: no se presentó presupuesto

«La Constitución establece con mucha claridad, tanto en materia nacional como en materia departamental, que el Poder Ejecutivo Nacional o Departamental (que es el intendente), deben remitir a los órganos legislativos –en el primer caso al Parlamento Nacional y en el segundo caso a la Junta Departamental–, el presupuesto en ciertos plazos máximos. Es una obligación constitucional, un deber. La carta magna no da lugar a distintas interpretaciones. El plazo está fijado. Podrá haber una discusión de un día, pero dejando de lado esos detalles nimios, casi burocráticos, hay un plazo para presentar el Proyecto de Presupuesto. Si un intendente –lo mismo que sería el Poder Ejecutivo Nacional–, no cumple con ese plazo, está violando la Constitución», manifestó a LA REPÚBLICA el profesor Korzeniak.

En los hechos, efectivamente el plazo para presentar los Presupuestos expiró. Consultado entonces el senador sobre las posibles consecuencias políticas o legales de la actitud del intendente maragato, dijo: «Al haberse violado una disposición expresa de la Constitución (contenida en el artículo 214 y siguientes), las posibles actitudes desde el punto de vista constitucional son varias. Una posible es formular una especie de denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Ya que el presupuesto departamental lo prepara el intendente, lo tiene que informar al Tribunal de Cuentas y luego lo aprueba la Junta. Finalmente lo promulga el intendente. Uno de los intervinientes que es el Tribunal, no se entera del tema si no le llega el proyecto, por consiguiente, una actitud posible jurídicamente válida es denunciar ante el Tribunal de Cuentas que el intendente no ha cumplido con una norma constitucional que es el envío del Presupuesto». Dicha denuncia puede plantearla por vía de derecho de petición cualquier persona, o una Junta Departamental, un partido político o una bancada.

Korzeniak subrayó que la violación de la Constitución, que a su juicio cometiera el intendente maragato, «no deja lugar a dudas» porque la Constitución no se limita a establecer la facultad del intendente o del Poder Ejecutivo de enviar el Presupuesto, «lo consagra como un deber, ordena que se envíe el Presupuesto y este es el fondo del asunto».

«La violación de la Constitución es una figura jurídica que está nombrada asimismo en su artículo 93. Allí dice que el juicio político procede por violación de la Constitución u otros delitos graves. No estamos hablando de delito penal, no es un delito penal no enviar el Presupuesto. Pero según estimo yo, sí es una violación de la Constitución». Por otra parte, la Constitución prevé qué pasa cuando no se aprueba un Presupuesto: Continúa vigente el anterior. «Pero eso no quiere decir» –subrayó Korzeniak–, «que esté validando la conducta de no enviar el proyecto de Presupuesto».

De acuerdo con el criterio del senador la actitud política más acertada, en este caso, sería aplicar lo que se establece en el artículo 296: «que un tercio de la Junta promueva un juicio político al intendente o un edil ante el Senado. Eso significa acusarlo de haber violado la Constitución». A la vez, aclaró especialmente que «no siempre se admite en el ámbito parlamentario que cualquier violación de la Constitución amerite un juicio político». Es decir que aunque la Junta de San José solicitara iniciar un juicio político contra Chiruchi, el Senado podría resolver que tal solicitud no procede. En tal caso, «se rechaza el juicio y no pasa nada; pero, si el Senado entiende que sí amerita juicio, la consecuencia es que por dos tercios de votos puede disponer el cese del gobernante acusado».

Ediles también cuestionan

Concluida la entrevista con José Korzeniak, LA REPUBLICA preguntó a los ediles del Encuentro Progresista de San José cuál sería la postura que adoptarían. Al cierre de esta edición, la cúpula departamental dirigente de ese partido se encontraba reunida con carácter de «urgente y reservado», analizando los pasos a seguir. Según las informaciones primarias, para el próximo jueves los curules de izquierda convocarían a una Asamblea Extraordinaria de la Junta Departamental.

De todas formas -y antes del diálogo con Korseniak-, ya habían sido recogidas las opiniones de dos representantes del EP-FA y de dos ediles blancos, que se manifestaron claramente en contra de la decisión de Chiruchi de no enviar el Presupuesto al legislativo.

El expresidente del órgano, Álvaro Pizanzola (lista 1 PN), dijo no entender la actitud del intendente, calificándola de «incoherente». «Esto tiene una lectura para mí: si mantiene el Presupuesto de Cerdeña (ex intendente), es porque está conforme con la administración anterior. Pero entonces ¿porqué la criticó tanto? Por otra parte, esto es una tomadura de pelo. El intendente nos manda el Presupuesto de a renglón, para que la Junta no pueda modificar nada, nos quita el poder y el valor».

Por su parte Daniel Bentancor, también edil blanco, expresó: «De lo que pasa por la cabeza de Chiruchi nunca vamos a saber nada. Podemos presumir. Sabemos que él maneja sus propias estrategias y no las comparte con nadie, ni siquiera con sus compañeros.

Yo pienso que el Presupuesto supone una negociación. Si enviaba el Presupuesto la Junta cobraba protagonismo, se toman y se dan cosas a cambio del voto. Quitarle protagonismo a la Junta es el estilo del intendente, es su estilo que el gobierno municipal lo forme el ejecutivo solo, aparecer él solo.

Por eso piensa mandar el Presupuesto en cuentagotas, para no tener que negociar».

También el edil encuentrista Juan Echegorry coincidió con sus colegas: «»El intendente actúa así para tener marginada a la Junta y hacer lo que él quiere. Actúa con falta de democracia, sin dejarla participar. Creo que no presenta el Presupuesto porque no tiene confianza ni en su propia gente. Actuó así por miedo a tener que negociar si mandaba el Presupuesto a la Junta. Entonces lo que hace es ir traspasando fondos de un rubro a otro y la Junta pierde la capacidad de legislar y controlar, porque no puede ver el proyecto presupuestal entero».