Batlle no permitirá más préstamos para la IMM

De los Campos sostuvo un extenso diálogo con LA REPUBLICA y señaló que muchas de las grandes obras proyectadas por la administración municipal no podrán ser realizadas porque no contarán con financiación internacional. Si bien la IMM asume el costo total de los préstamos que recibe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el organismo internacional requiere que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) brinde su aval al préstamo. Dicho aval fue otorgado incluso durante el último gobierno de Julio María Sanguinetti, a quien el intendente Mariano Arana acusó numerosas veces de discriminar a los montevideanos.

El presidente Batlle, en cambio, optó por cambiar su postura y, según De los Campos, el gobierno «nos informó que no nos van a autorizar a pedir préstamos para nada».

 

Obras en suspenso

De los Campos apuntó que «para realizar las grandes obras resulta esencial endeudarse. Yo no conozco ciudad en el mundo que no realice sus obras en base a endeudamiento. Aquí lo que se va a poder hacer será en base a los recursos que brindan los ciudadanos de Montevideo».

Como consecuencia, la proyectada construcción de un colector perimetral que facilite el traslado del transporte pesado por fuera de la ciudad «va a ser muy difícil», al igual que las tareas de ensanche de Avenida Italia, que abarcarían desde el arroyo Carrasco hasta Gallinal. De cualquier forma, el jerarca aseguró que la IMM hará «unas cuantas obras en base a recursos propios», las cuales serán comunicadas a la población por Arana una vez que se apruebe el presupuesto.

Uno de los trabajos que comenzará será la primera etapa del Teatro Solís, que costará ocho millones de dólares, será financiado con recursos propios y permitirá la apertura de la sala principal en el año 2004. De los Campos advirtió que la administración «no renunciará a tratar de conseguir en el futuro préstamos internacionales para ejecutarlo en su totalidad y poder remodelar incluso los alrededores de la zona. La siguiente administración tendrá que ver si consigue que el gobierno nacional la habilite a pedir préstamos o si tiene recursos propios para continuar la segunda etapa».

Desde su punto de vista, esta «debería ser una obra nacional» porque el Solís «es un patrimonio histórico. Pero el gobierno nacional mira hacia otro lado y no solamente no realiza aportes sino que ni siquiera permite que la IMM se endeude para poder terminar esta obra».

 

Jubilación exigida

Por otra parte, el intendente interino se refirió a la modificación planteada por la Junta Departamental al artículo que exigía el retiro obligatorio de los funcionarios de Casinos con causal jubilatoria y manifestó: «Tendremos que tomar otro tipo de medidas para salvar al Casino».

El cambio impuesto en el deliberativo proyecta la medida para dentro de veinte años pero De los Campos expresó que se requieren retiros inmediatos porque «los casinos no dan ganancias y tenemos que subsidiar los juegos de mesa».

Indicó que en la actualidad hay 700 funcionarios cuando «no se necesitan más de 400. El costo de un funcionario de Casinos para la administración está entre 2.500 y tres mil dólares mensuales. El retiro de 150 funcionarios en un año implican un ahorro de cinco millones de dólares y con eso el casino quedaría absolutamente equilibrado».

Explicó que la medida que tomará la administración será «analizar quiénes no pueden cumplir sus funciones y exigirles la jubilación. Por supuesto que no habrá ingreso de funcionarios y la administración puede tomar medidas de otro tipo, como traslado de funcionarios. Los funcionarios ya no pueden cumplir algunas funciones por la edad y tenemos normas vigentes que nos habilitan a darlos de baja. No queríamos hacerlo pero con actitudes de este tipo nos ponen en esta situación».

 

Actitudes contradictorias

De los Campos considera que los funcionarios sostienen «una actitud contradictoria» al no querer retirarse cuando la jubilación bonificada fue un reclamo de los propios trabajadores. Además, enfatizó: «No es posible que tengamos un exceso de funcionarios con sueldos muy importantes para que el ciudadano de Montevideo tenga que subsidiar un casino que da pérdida. Hoy concurre menos gente y el casino tiene problemas financieros. Estas son medidas que nos permitirán sostener el casino y aguantar las fuentes de trabajo de todos los funcionarios».

La IMM aporta al Banco de Previsión Social (BPS) el 33 por ciento del salario de los funcionarios con jubilaciones bonificadas y continúa haciéndolo si se mantienen en el cargo después de alcanzar la causal jubilatoria.

De los Campos apuntó que su actitud es «absolutamente contradictoria. Se saca una ley porque es un trabajo insalubre y cuando llegan al tope no se quieren jubilar. Quieren que la administración siga pagando al BPS y a funcionarios que no pueden ejecutar adecuadamente sus funciones».

Aclaró que «el tema de fondo» es «la necesidad de mantener el casino». Su criterio es que si no hay retiros inmediatos «la IMM va a terminar diciendo algún día que los ciudadanos de Montevideo no pueden subsidiar un casino. La IMM quiere llegar a un arreglo con los funcionarios de la forma más racional posible y la forma más racional es que se jubilen los que pueden hacerlo».