"Garzón es un impostor"

Agudo expresó una visión sumamente crítica sobre el papel del juez Baltasar Garzón en las instancias judiciales vinculadas «al conflicto en el País Vasco». «En América Latina lo conocen por los casos de Pinochet y Cavallo, pero Garzón es un impostor», afirmó Agudo.

Finalmente indicó que la salida al conflicto en el País Vasco pasa por «el reconocimiento de que la soberanía popular radica en el pueblo vasco, y que es dueño y señor de decidir democráticamente si sus ciudadanos quieren estar en un proyecto dentro de España y Francia o si desean vivir en un país independiente». Agudo agregó que los vascos aspiran a resolver este dilema «sin la violencia de ETA ni la de los cuerpos policiales que ocupan nuestro país».

A continuación reproducimos los aspectos centrales de la larga entrevista que concedió Agudo a LA REPUBLICA.

 

–¿Cuál es el motivo de su visita?

–He venido a ver a seis personas sometidas a extradición en Uruguay. Una de ellas fue extraditada, y tras estar tres meses en prisión en España volvió a Uruguay. Nos ocupamos del nivel asistencial y humanitario, cómo están ellos, qué condiciones de vida tienen. Asimismo, he aprovechado el viaje para exponer la situación de tortura y violación de los derechos fundamentales en el País Vasco y en todo el Estado español a través de los cambios que hubo en el Código Penal en los últimos años.

–¿Cuál es la situación jurídica de esos vascos que fueron requeridos por la justicia española?

–En los últimos tiempos ha mejorado. Tienen documento de identificación uruguayo, son reconocidos en Uruguay. No es la situación más deseada, como la ciudadanía, pero es un paso importante.

–En algún momento, esas personas dijeron que al estar en Uruguay se alejaban de la militancia activa a favor de la causa independentista vasca. ¿Eso es así?

–Es una pregunta que habría que hacérsela a ellos. Si han militado o no en ETA, lo sabrán ellos. Pero si hubiera sido así, hoy en día no lo hacen. Me imagino que siguen siendo independentistas y que lo llevan en el corazón.

–¿Cuál es la situación de los presos y detenidos vascos en España?

–Desde el momento de la detención empieza el infierno. No sólo son sometidos a ese período de incomunicación, que puede prorrogarse hasta cinco días, los presuntos miembros de ETA, sino que hay una colectividad mucho más grande que es detenida y sometida a tales períodos.

Las detenciones se producen normalmente entre las 12 de la noche y las siete de la mañana, a través de lo que se busca atrapar indefensas a esas personas y causar un efecto de terror: los cuerpos policiales que entran al domicilio van con capuchas, exhiben armas de fuego e incluso utilizan a los familiares o a los propios detenidos como escudos humanos para abrir las puertas de las habitaciones. En algunos casos de excesiva violencia destrozan las habitaciones o golpean al detenido y sus familiares.

Durante los cinco días de incomunicación, ni sus abogados ni familiares saben dónde están recluidos. Justamente, hoy se publica en el diario Gara, el testimonio de tortura de Iratxe Sorzabal, portavoz de Gestoras Pro Amnistía de Gipuzcoa, que después de pasar por el juez instructor nuestros compañeros supieron que a las 24 horas de su detención tuvo que ser trasladada al hospital tras recibir descargas eléctricas e infinidad de golpes en el cuerpo.

Luego del período de incomunicación, esas personas son sometidas a interrogatorios ilegales delante de los cuerpos policiales. Se les toma declaraciones no delante de un juez, sino de un instructor policial acompañado por un abogado de oficio que está deseando salir cuanto antes de allí. No es un proceso que garantice los derechos del detenido. Estas declaraciones suelen utilizarse como pruebas en los juicios, y hay que tener en cuenta que en los interrogatorios policiales tienen la amenaza de que cuando vuelvan a los calabozos, si no dijo lo que la policía quería, volverá a ser torturada.

En los pocos casos en que los abogados conseguimos condenar a funcionarios policiales por la práctica de la tortura, el Estado español acaba indultando a los torturadores. Eso afirma lo que venimos diciendo desde hace años: la tortura se aplica sistemáticamente en el Estado español, no sólo por la frecuencia de los casos, sino también porque el propio sistema ampara y legitima la tortura.

–De lo que usted dice se desprende que muchas de esas organizaciones están vinculadas al mundo independentista, y en especial a Herri Batasuna y a ETA. ¿No le parece también condenable cuando se asesina a dirigentes políticos y policías?

–En el conflicto político que se vive en nuestro país desde hace siglos, no hubo ninguna generación de vascas y vascos que no conociera el exilio, la cárcel y la muerte. En la medida en que no se resuelva el conflicto político, seguirán existiendo distintas manifestaciones de violencia. En ese ámbito, en Uruguay es noticia que se ponga una bomba o se mate a un concejal del PP, del PSOE, de un policía español o de un ertzaintza (policía autónoma vasca), pero no es noticia la tortura. Venimos a exponer esa otra situación.

–¿Usted afirma que hay una especie de cerco de silencio sobre el conflicto vasco?

–Hay un trabajo muy bien estudiado. En los últimos años del gobierno del PSOE y de lleno en el gobierno de Aznar, se realiza otra política internacional, para acabar con otros puntos de vista. Allá hay muertos y bombas, pero cada dos o tres meses ETA reconoce sus acciones a través de comunicados. En cambio, esta otra realidad no se conoce ni es portada de los medios de comunicación.

–¿No considera contradictoria la acción violenta dentro de una democracia, cuando ETA tiene representación política, hace alianzas e incluso concurre a las urnas con su gente?

–Le devuelvo la pregunta: ¿democracia formal es votar cada determinado tiempo? ¿Un Estado que tortura, no cumple con sus leyes y permite ejecuciones extrajudiciales, es democrático? No voy a defender la metodología de ETA, pues no tengo ninguna relación con esa organización, pero puedo decirle que todos los pueblos del mundo han utilizado los medios a su alcance para conseguir la soberanía. En esa medida, lo que hay que hacer es evitar que muera más gente en el País Vasco.

Estamos dentro de unas reglas de juego que nosotros no hemos elegido. Hasta que no se respete que la soberanía popular es de cada nación, no se llegará a la resolución del conflicto.

–¿Cómo sería la salida al conflicto del País Vasco?

–La salida pasa por el reconocimiento de que la soberanía popular radica en el pueblo vasco, y que es dueño y señor de decidir democráticamente si sus ciudadanos quieren estar en un proyecto dentro de España y Francia o si desean vivir en un país independiente.

–Según los datos actuales, la mayoría de los vascos no quiere esa segunda alternativa.

–Eso no lo sabemos. Hay algunos ejemplos bastante clarificadores. Por ejemplo, el referéndum realizado en 1986 para saber si España entraba a la OTAN, el sí contó con el apoyo de todos los partidos políticos de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra, salvo Herri Batasuna que llamó a votar por el no. Y ganó el no.

En una reciente encuesta hecha por el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, el 85% de los encuestados afirmaba su adhesión a un posible derecho de autodeterminación. Eso incluye a votantes del PP y del PSOE, que verían con buenos ojos que los dos proyectos se puedan defender de igual a
igual, sin la violencia de ETA ni la de los cuerpos policiales que ocupan nuestro país.

–Usted está definiendo una política de terrorismo de Estado. ¿Esos procedimientos se aplican a gente sospechosa de pertenecer a ETA o a cualquiera que tenga afinidades políticas de cualquier tipo?

–Se aplica de manera abierta. A todas las personas nacionalistas que son detenidas, estén o no vinculadas a ETA, se les aplica la llamada ley antiterrorista. A veces se trata de un joven de 16 años que está pegando un cartel para informar de las detenciones en una localidad. Cabe resaltar que en los últimos años, Amnistía Internacional ha reclamado varias veces al gobierno español que acabe con el período de incomunicación. Su propio director se entrevistó con el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y le pidió que se acabara ese régimen. La respuesta fue no, y cuando le preguntó por qué no, Mayor Oreja respondió: porque no.

–¿Qué opinión tiene del juez Baltasar Garzón, quien ha llevado adelante varias instancias judiciales que tienen directa vinculación con el conflicto en el País Vasco?

–Es un juez totalmente político. Acaba de ilegalizar a una organización política llamada Ekin, el mismo día en que la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, que jerárquicamente está por encima suyo, ha dedicado un auto en el que sostiene que no hay ningún tipo de vinculación entre ETA y Ekin. También ha ilegalizado a la organización Xaki, cuando la Sala Cuarta había establecido lo mismo que en el caso anterior.

Garzón es un impostor. En América Latina se le ha conocido por las detenciones de Pinochet y Cavallo, pero 200 vascos entre 1996 y 1998 han denunciado delante de él haber sido torturados, y no abrió ningún tipo de expediente para investigarlo. En junio de 1998 cerró el diario Egin y la radio Egin Irratia, y hasta hoy no se han depurado responsabilidades. También está el famoso sumario 18/98, mediante el cual trata de demostrar que todo el movimiento independentista está dirigido por ETA, y que quienes conforman ese movimiento pertenecen a la organización armada. Garzón es el mazo del Ministerio del Interior. Hay seis jueces instructores, pero Garzón es quien siempre lleva este tipo de casos.

–¿Cuántos presos vinculados a la causa independentista existen actualmente?

–Cerca de 500 presos en el Estado español y entre 60 y 70 en el Estado francés. Mientras tanto, hay 400 personas en espera de juicio y otras 1.500 exiliadas o fuera de su país a raíz del conflicto.

–¿Cómo son las condiciones de reclusión?

–En el ámbito penitenciario encontramos violaciones a la propia legislación española, que sostiene que los presos podrán estar en prisiones cercanas a sus familias, lo que no se respeta. A raíz de la dispersión, hay familiares que han muerto en accidentes de tránsito, pues tienen que hacer varios kilómetros por caminos que a veces no conocen. Hay presos que han llegado a estar seis años incomunicados en la cárcel. Falta de asistencia sanitaria, algunas personas han muerto enfermas en las cárceles. No se dan las condiciones para que los presos sean tratados dignamente.