PVP: el escrache y la impunidad

En una declaración pública emitida ayer el Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo cuestionó al Poder Ejecutivo por criticar a los promotores del escrache recordando que «ha permanecido callado ante las agresiones verbales que periódicamente difunden jerarcas militares que desde ámbitos oficiales, y a menudo en su presencia, reivindican el golpe de 1973 y la represión desarrollada con el terrorismo de Estado». El PVP también criticó a los promotores del escrache «por cortarse solos» afirmando que las movilizaciones por DDHH deben aglutinar a «todas las organizaciones políticas y sociales comprometidas con el tema». El comunicado también toma distancia de las «afirmaciones de dirigentes del FA» que «apuestan todo a la Comisión para la Paz» y considera que son propuestas «desmovilizadoras».

El pronunciamiento

LA REPUBLICA reproduce a continuación el texto completo de la declaración del PVP.

 

«Montevideo 15 de abril

Ante la marcha convocada para el 16 de abril para manifestarse contra la impunidad en nuestro país, convocada por la Plenaria por Memoria, Verdad y Justicia, y considerando los distintos pronunciamientos realizados, el Partido por la Victoria del Pueblo declara:

1) Que el solo hecho que un derecho democrático elemental como expresarse pública y pacíficamente en contra de las violaciones y los violadores de los DDHH suscite manifestaciones de intransigencia e intolerancia de parte de algunos voceros del Poder Ejecutivo como las realizadas por el ministro Brezzo, son un indicador elocuente del grado de perversidad a que ha llegado el sistema de impunidad que soporta nuestra sociedad, de las posturas políticas que la favorecen y de los miedos y temores que sobreviven.

Este señor ministro, que tilda de antidemocráticos a los que convocan esta manifestación, ha permanecido callado ante las agresiones verbales que periódicamente difunden jerarcas militares que desde ámbitos oficiales, y a menudo en su presencia, reivindican el golpe de 1973 y la represión desarrollada con el terrorismo de Estado.

2) Que tales manifestaciones se inscriben en una conducta inaceptable de parte del P. Ejecutivo que mientras impulsa y sostiene una Comisión para la Paz, insiste en el ascenso a conocidos y señalados torturadores como el fracasado intento de nombrar conjuez de la Suprema Corte al coronel Angel Neira o el reciente envío de los ascensos a capitán de navío de Aníbal del Río y Carlos Márquez.

Más contundente aún y en una actitud que nos coloca en una situación internacional delicada ha sido la negativa del presidente Batlle a colaborar judicialmente con la Justicia argentina en el caso solicitado por el fiscal Osorio.

4) Que los objetivos y postulados de Verdad y Justicia son un patrimonio político, jurídico, humanitario y cultural del conjunto del movimiento popular expresado a través de sus organizaciones políticas y sociales. Trabajar para que ello no se convierta en un recurso para marcar ‘perfilismos’ sectarios o que obligue a todos a recorrer ‘caminos únicos’ conspira contra la amplitud, pluralismo y unidad de estas banderas que tienen, por otra parte, un profundo contenido afectivo para todos.

5) Consideramos por ello que toda movilización debe recorrer los caminos de búsqueda de la unidad, de debate y de consenso (a veces difíciles, lentos pero inevitables) con y de todas las organizaciones sociales (Familiares, Hijos, PIT-CNT, Fucvam, etc.) y políticas (FA, NE) que están comprometidas profunda y probadamente con el tema. ‘Cortarse solos’ y hacer política con hechos consumados no es una actitud compartible aunque las intenciones parezcan aceptables. La falta de voluntad por recorrer ese camino de búsqueda de la unidad conspira contra que precisamente la Memoria, la Verdad y la Justicia sean efectivamente una acción sentida y producida por todos.

6) Las críticas públicas formuladas por algunos compañeros del FA, contra esa convocatoria en nombre de someter todo y a todos a la estrategia de la Comisión por la Paz, peca por partir de supuestos iguales a los que se critica. No es con ‘pensamientos únicos’ o estrategias absolutas que podemos avanzar en el tema en el ámbito de toda la sociedad. En todo caso ello debe ser analizado por todos en cada paso y respetar las múltiples iniciativas que se esbozan o procesan. Mucho menos cuando se invoca el supuesto ‘malestar o inquietud’ que generaría en los también supuestos militares que estarían eventualmente dispuestos a ‘colaborar’ con ‘la paz’. Parece elocuente y esclarecedor el hecho de que las declaraciones del ex marinero Daniel Rey Piuma, abundantemente documentadas, no fueron suficientes para sensibilizar al Poder Ejecutivo sobre el ascenso de torturadores, el hoy capitán de fragata Aníbal del Río es detalladamente denunciado, con foto incluida.

No compartimos la ‘lógica de la desmovilización’ que entrañan estas declaraciones, tan alejadas, por lo demás, de las resoluciones del último Congreso de nuestro F. Amplio, que puso el acento en la importancia de la lucha contra la impunidad y de la aplicación del Art. 4 de la Ley de Caducidad.

El Partido por la Victoria del Pueblo, que trabajó para lograr acuerdos en torno a esta posición en el Congreso, inició diversos caminos y utilizó múltiples herramientas desde el año 1976 para obtener la verdad y la justicia.

Desde la presentación de los Habeas Corpus en nuestro país y en Argentina, las denuncias internacionales en los Tribunales de opinión (Tribunal Russell) o los organismos de la OEA y ONU (CIDH, Comisión de DDHH, Comité del Pacto), hasta la divulgación en la prensa nacional e internacional.

Desde el apoyo irrestricto a la conformación de los grupos de familiares, la búsqueda de los niños desaparecidos, hasta el impulso y apoyo de las causas penales, acá en nuestro país, en la Argentina, España, Italia, el recurso de amparo, y todos los caminos jurídicos que nos lleven a una verdad con justicia y a una justicia para la verdad. Hemos respetado y apoyado las distintas iniciativas y sólo hemos reclamado el derecho a discutir y de independencia siempre que ello no conspire contra los objetivos comunes.

Hemos recorrido este camino que tampoco es nuevo para las organizaciones obreras que ya a principios de siglo creaban las «comisiones de lucha por los presos sociales». Nuestra vocación por estas banderas está íntimamente vinculada con nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, con el sufrimiento de sus hijos, sus madres y padres, es un imperativo ético, político y de solidaridad. A su vez, es una experiencia y un patrimonio constitutivo de los valores más profundos del movimiento popular y de toda nuestra sociedad.

El Secretariado Ejecutivo del PVP-FA-EP»