Ley Caducidad: la SCJ acogió excepciones

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) admitió en los últimos días las dos nuevas excepciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley Nº 15.848, «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», presentadas por la fiscal Ana María Tellechea.

La admisión de ambas excepciones implica el inicio del trámite interno dentro del máximo órgano del Poder Judicial.

Los recursos serán enviados ahora hacia la Fiscalía de Corte, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para escuchar sus posturas sobre la norma.

Luego los cinco ministros de la SCJ iniciarán su estudio, tras lo cual se pronunciarán sobre la legalidad o no de la polémica norma.

La fiscal Tellechea interpuso el pasado 14 de diciembre de 2009 las dos excepciones de inconstitucionalidad contra la norma, en procura de poder juzgar a los responsables militares de 24 homicidios cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Los accionamientos comprenden dos causas anexas al expediente por el cual fue condenado el ex dictador Juan María Bordaberry por el delito de «Atentado a la Constitución», dos «homicidios políticos» y nueve «desapariciones forzadas».

El primer recurso investiga el fusilamiento en la localidad de Soca de cinco militantes del MLN-T, secuestrados en Argentina y trasladados en forma clandestina hacia Uruguay, en 1974; mientras el segundo refiere a la causa caratulada «Organizaciones de Derechos Humanos», por la cual se indagan 20 homicidios perpetrados entre 1973 y 1976.

La Fiscalía accionó contra los artículos 1º, 3º y 4º de la norma por violentar diversas disposiciones de la Constitución de la República, entre ellas, el principio de separación de poderes y la vulneración del derecho de las víctimas de acceder al sistema judicial para investigar los hechos ocurridos con sus familiares y castigar a los culpables.

En este sentido, la vigencia de la Ley de Caducidad torna imposible proseguir las actuaciones «contra los funcionarios militares y/o policiales, equiparados o asimilados, aunque se pruebe la responsabilidad penal de ellos», expresó Tellechea para fundamentar los recursos.