A la opinión pública:
Las empresas de transporte turístico terrestre abajo firmantes se dirigen a la opinión pública a los efectos de denunciar los siguientes hechos graves:
1) El día 8 de marzo de 2001 luego de diversas entrevistas personales presentamos a la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas una solicitud para que se nos autorizara a utilizar ómnibus provistos por empresas argentinas y brasileñas para cubrir la demanda turística nacional, en la medida que fuera insuficiente la flota de ómnibus habilitados disponibles por las empresas transportistas uruguayas, durante Semana de Turismo.
2) Esta autorización, que el Poder Ejecutivo está facultado a realizar de acuerdo a los Convenios Internacionales vigentes, se ha otorgado en los últimos 15 años aún por el actual P.E. integrado por el Dr. Batlle y los actuales ministros de Transporte y Obras Públicas y de Turismo, Ing. Lucio Cáceres y Dr. Alfonso Varela.
3) El pasado 3 de abril luego de anuncios informales y diversos trascendidos (sólo a tres días de la salida) hemos recibido formalmente una respuesta negativa del P.E., comunicada a los solicitantes por medio la Dirección Nacional de Transporte, sin que siquiera se haya intentado invocar un fundamento justificante.
4) La resolución del P.E. es absolutamente arbitraria, no tiene fundamento en la buena administración y es discriminatoria en contra del sector socioeconómico de recursos modestos que no puede acceder a medios de transporte aéreos o fluviales o no tiene vehículos propios terrestres para realizar con mediana comodidad largos recorridos por carretera.
Por supuesto, ello causa un grave perjuicio a todos aquellos que contrataron nuestras excursiones de ómnibus a los países limítrofes cuya demanda no podremos satisfacer adecuadamente por culpa exclusiva de la resolución injustificada del Gobierno.
5) Es evidente que el Uruguay no tiene capacidad suficiente de transporte de pasajeros para cubrir la demanda interna e internacional de Semana de Turismo por lo que la opción es de hierro: o se autoriza –como se hizo siempre– la utilización de vehículos contratados en Argentina o Brasil o se obliga a aquellos que sólo pueden acceder a una excursión de los 200 a 300 dólares por cabeza a permanecer en el país, pues obviamente no se puede pretender que se adquieran cerca de 150 ómnibus de calidad para viajes largos (con baños, asientos reclinables, etc.) a un costo superior a U$S 200.000 la unidad, para ser utilizados exclusivamente durante una semana al año.
6) Por este medio comunicamos a nuestros estimados clientes que si con gran cantidad de ellos nos veremos impedidos de satisfacer la excursión contratada o, en el mejor de los casos, con medios de transporte de diferente calidad o no adecuados para este tipo de viajes, será responsabilidad exclusiva del Estado.
Del mismo modo, los graves daños patrimoniales causados a las empresas turísticas que ya han contratado y hasta abonado hoteles y demás servicios en el exterior, deberán ser resarcidos por el Estado, único causante de los mismos.
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